Cientos de víctimas de violaciones graves de derechos humanos siguen
esperando justicia
Un año después de que Bassil Dacosta, Juan Montoya y Roberto
Redman perdieran la vida en Caracas durante las protestas que
conmocionaron Venezuela a principios de 2014, nadie ha comparecido ante la
justicia para responder por sus muertes.
El Ministerio Público afirma que Bassil Dacosta murió al recibir un
disparo efectuado por un agente de la policía de inteligencia sobre el cual ha
presentado cargos en su contra y permanece detenido en espera de juicio. Juan
Montoya y Roberto Redman, murieron al parecer a manos de civiles armados que en
su mayoría continúan en libertad.
Durante los seis meses de manifestaciones multitudinarias que se
celebraron a favor y en contra del gobierno entre febrero y julio de 2014,
otras 40 personas perdieron la vida, entre ellas diez funcionarios públicos
incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y 878, entre ellas unos
600 civiles, resultaron heridas, según cifras oficiales.
Cientos de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos a
manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuerza
excesiva, golpearon a manifestantes para dispersarlos y torturaron o infligieron
otros malos tratos a personas bajo custodia.
El 19 de marzo, Gloria Tobón y otras 21 personas fueron
detenidas en Rubio (Táchira) durante una operación militar y policial. Mientras
permanecían esposadas para extraerles los nombres de los convocantes de las
protestas, recibieron patadas y descargas eléctricas y fueron golpeadas y
amenazadas de muerte y con violencia sexual.
Según cifras oficiales, 3.351 personas fueron detenidas en ese período.
La mayoría de ellas están actualmente en libertad sin cargos, mientras que 507
fueron puestas en libertad condicional enfrentando cargos por delitos
como bloqueo de vías públicas, provocar incendios, causar lesiones, dañar
bienes públicos o asociarse con fines delictivos. Al día de hoy, 41 personas permanecen
detenidas, 27 de ellas civiles.
Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, está
detenido desde el 18 de febrero por cargos de incendio y daños y por incitación
a delinquir, entre otros delitos. Rosmit Mantilla, integrante de Voluntad
Popular y activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero o intersexuales detenido el 2 de mayo, y el abogado Marcelo
Crovato, detenido el 22 de abril, han sido acusados formalmente de incitación y
asociación para delinquir, entre otros delitos. Amnistía Internacional
considera que su detención tiene motivaciones políticas, por lo que pide su
liberación, y teme que las otras personas que continúan detenidas por cargos
relacionados con las protestas, también estén recluidas arbitrariamente.
Hasta la fecha, se encuentran en prisión preventiva14 agentes de las
fuerzas de seguridad acusados por la muerte de Bassil Dacosta y por cinco casos
de malos tratos. No obstante, ninguno ha sido declarado culpable. Asimismo, el
Ministerio Público ha emitido órdenes de aprehensión contra presuntos
perpetradores que no han sido cumplidas por los órganos correspondientes. Los
casos de Bassil Dacosta y de otras personas que murieron el año pasado a manos
de las fuerzas de seguridad claman justicia, y los responsables de la tortura
que sufrió Gloria Tobón y de los malos tratos infligidos a centenares de
personas también deben ser llevados ante los tribunales.
Al igual que Juan Montoya y Roberto Redman, Guillermo
Sánchez murió en marzo tras recibir una paliza y un disparo de civiles
armados progubernamentales en La Isabelica (Valencia). Su esposa, Ghina
Rodríguez, y sus dos hijos, que se vieron obligados a refugiarse en México
después de recibir amenazas de muerte, todavía están esperando a que se haga
justicia. Las autoridades deben tomar medidas firmes para desarmar a estos
grupos y obligarlos a rendir cuentas.
Hoy hace un año, miles de personas salieron a protestar contra las
políticas del gobierno y ejercieron su derecho de reunión pacífica. La situación
se deterioró rápidamente y los enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de
seguridad y grupos armados pro-gubernamentales se saldaron con miles de
detenidos, centenares de heridos y decenas de muertos.
Las autoridades venezolanas deben hacer justicia para reparar
estas graves violaciones de derechos humanos, y afirmar de forma inequívoca,
que las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque sean críticas al
gobierno, sin temor a perder la vida o la libertad. Es vital que las fuerzas de
seguridad reciban órdenes claras del ejecutivo de que las protestas están
permitidas y que la fuerza sólo puede emplearse de forma proporcional y
diferenciada cuando sea estrictamente necesario y nunca contra manifestantes
pacíficos.
Declaración Pública - AMR 53/015/2015 -12 Febrero 2015
Video sobre el 12F ganador del Premio
Gabriel García Márquez de Periodismo 2014 - Mención Cobertura
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico