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viernes, 27 de febrero de 2015

Comunicado del Grupo Avila por la detención del Alcalde Antonio Ledezma


LA DETENCIÓN ARBITRARIA DEL ALCALDE METROPOLITANO DE CARACAS, ANTONIO LEDEZMA, UN PASO MÁS QUE PROFUNDIZA EL AUTORITARISMO


En medio de una crisis económica-financiera sin precedente, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro profundiza su conducta represiva y de persecución política contra la oposición venezolana, violando los más elementales Derechos Humanos que garantiza la Constitución.

La detención arbitraria y violenta del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, constituye un atropello más del gobierno en su manifiesta y reiterada conducta de impedir que los sectores democráticos se expresen libremente.

El gobierno militarista que hoy pretende someter a Venezuela ha urdido una trama perversa de supuestos planes desestabilizadores, con los que, sin prueba alguna, se pretende involucrar a líderes de la oposición.

Se utiliza el Poder Judicial, conculcado a su servicio, para encarcelar de manera arbitraria a dirigentes como Leopoldo López y Daniel Ceballos; se hostiga de manera permanente a la diputada María Corina Machado; se amenaza bajo falsas acusaciones al diputado Julio Borges; y se ordena la detención ilegal del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.


La comunidad internacional ha rechazado de manera contundente estas acciones y ha hecho llamados para que cesen estos atropellos; para que se restituya el Estado de Derecho; para que se liberen a los presos políticos injustamente detenidos.

 Una vez más el gobierno de Venezuela aparece ante los ojos del mundo como un transgresor del Estado de Derecho, que vulnera los Derechos Humanos, que ha utilizado la represión propia de los regímenes autoritarios y que pierde su legitimidad.

Estamos convencidos de que estos atentados ameritan que las organizaciones hemisféricas asuman su papel de preservación de las libertades y la democracia. La Carta Democrática Interamericana (OEA), el Protocolo de Ushuaia II (Mercosur) y la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional de la CELAC, contienen disposiciones expresas que obligan a los gobiernos que los han suscrito a tomar medidas frente a las flagrantes violaciones constitucionales que han venido ocurriendo en nuestro país desde hace muchos años.

Hoy muchos se preguntan si están o no vigentes tales instrumentos jurídicos vinculantes. Si tal ordenamiento internacional está en vigor ¿qué impide entonces a los gobiernos del hemisferio, de Latinoamérica, de Suramérica o de Mercosur actuar de manera inequívoca y resuelta en resguardo de la Democracia y de los Derechos Humanos en Venezuela?

El Grupo Ávila, desde Venezuela, denuncia ante el mundo los reiterados atropellos contra los Derechos Humanos que tienen lugar en nuestro país, la persecución contra líderes políticos y el encarcelamiento arbitrario de dirigentes de la alternativa democrática.

Alertamos a la comunidad internacional sobre las pretensiones del gobierno de provocar un clima de anarquía que apunte a la  ilegalización del liderazgo opositor, como una manera de prevenir la segura derrota que tendrá en el proceso electoral que se avecina.

Caracas, 25 de Febrero 2015

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