Por Edgar López
Frente a la matriz de opinión
que ha intentado crear el gobierno para hacer ver que la oposición es enemiga
de las misiones, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que constituyen
la mayoría en la Asamblea Nacional tienen el reto de mejorar y consolidar los
programas sociales, mediante un cabal ejercicio de sus funciones legislativas,
contraloras y políticas. En opinión del investigador del Centro de Estudios del
Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Aponte, las tareas de
los nuevos parlamentarios debe partir del único dato preciso que se tiene: “Las
misiones no han contribuido a disminuir la pobreza”.
“Hubo un importante
crecimiento del gasto social desde 1999 y sobre todo entre 2004 y 2012, gasto
que pudo ser mucho más eficiente y efectivo. Pero la reducción de la pobreza
derivó especialmente de la mejora del ingreso laboral de la población en un
marco de bonanza petrolera. Se creó una ficción en torno a la supuesta
repartidera de plata, pero hasta 2010 hubo pocas transferencias directas de
dinero. En 2013 se anulan sus aportes por inflación”, explicó Aponte en el foro
“La urgencia de transformar los programas sociales”, organizado por
Transparencia Venezuela.
Cuando se implementaron las
primeras misiones, en 2004, la pobreza según la línea de ingreso se ubicaba en
47% y la pobreza extrema en 19%. En 2007 ambos indicadores bajaron a 29 y 8%,
respectivamente. Sin embargo, desde 2007 y hasta el 2013 (último año en que el
INE publicó datos) la pobreza se ha mantenido en 27% y la extrema en 9%. Según
la Encuesta de Condiciones de Vida que elaboran las universidades autónomas, en
2015 la pobreza ascendió a 76%.
El experto reconoce la
importancia de que la MUD haya privilegiado la atención a los más pobres del
país, al anunciar su intención de conceder títulos de propiedad a los
beneficiarios de la Misión Vivienda, y cestatickets a los pensionados y
jubilados, pero considera imprescindible asegurar la viabilidad de tales
anuncios, habida cuenta del contexto fiscal y las tendencias demográficas.
Aponte también advirtió que
las bases de misiones que el gobierno ha lanzado para atender la pobreza
extrema no son suficientes para afrontar el “feroz empobrecimiento de los
venezolanos”.
Transparencia y seguridad. La
diputada Dinorah Figuera (Primero Justicia) anunció lo primero que se hará en
materia de misiones es evaluar el impacto que han tenido, a cuyos efectos
considera necesario elaborar indicadores confiables: “No basta señalar que
Barrio Adentro ha atendido a muchísimas personas, pues la efectividad de una
misión sanitaria se mide por la calidad del servicio prestado”.
Figuera aseguró que el
gobierno tendrá que explicar cómo invirtió el dineral asignado a Barrio Adentro,
pues los pocos datos disponibles dan cuenta de un fracaso: las cifras de
mortalidad materno infantil y embarazo precoz en Venezuela han aumentado y son
de las más altas de América Latina.
Manuela Bolívar (Voluntad
Popular) destacó la instrumentación política, ideológica y electoral de las
misiones por parte del gobierno. “Hay que garantizar el acceso a los servicios
públicos sin sectarismo alguno. Al tratarse de derechos fundamentales, debe
procurarse un desarrollo legislativo que ofrezca seguridad a los beneficiarios
de las misiones”.
Bolívar presume que el
descalabro de las misiones está asociado a la corrupción, por lo cual reiteró
que la oposición indagará hasta en los fondos parafiscales que el Ejecutivo ha
administrado con absoluta discrecionalidad.
Una ley por cada misión
Marino Alvarado, defensor de
derechos humanos, se refirió a lo esencial: la sostenibilidad y efectividad de
los programas sociales.
“Antes de lanzar una misión se
debería sancionar y promulgar una ley que la respalde. Incluso –agregó el
activista– sería necesario que la ley establezca los procedimientos para el
cese de la asistencia que presta el Estado a los más pobres. Lo que hemos visto
es que las misiones mutan o desaparecen sin que nadie dé explicaciones ni rinda
cuentas, como es el caso de Vuelvan Caras, que se convirtió en Ché Guevara y
luego en Saber y Trabajo. Y lo peor es que los indicadores desempleo no han
mejorado”.
Alvarado lamentó que los
mecanismos legales para asegurar la administración transparente de las misiones,
como el Consejo Nacional de Información Social, sean letra muerta.
23-01-16
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