Por Javier Ignacio Mayorca
La nueva correlación de
fuerzas en la Asamblea Nacional ha generado expectativas en torno al rescate de
la llamada “función contralora” del Poder Legislativo.
Este deseo, expresado por instituciones como Transparencia Venezuela, fue reforzado por el anuncio del nuevo presidente del Parlamento Henry Ramos Allup sobre una “colosal” pesquisa en torno al uso que han tenido los recursos públicos durante los últimos tres lustros, “aquí y afuera”.
Los casos de pequeña y gran
corrupción parecieran multiplicarse, toda vez que la fracción mayoritaria hasta
el pasado 5 de enero poco o nada indagó al respecto. Durante el período que
acaba de concluir no fue presentado ningún informe en relación con escándalos
internacionales que claramente apuntaban a altos funcionarios cuyas gestiones
estaban en curso o recientemente finalizadas. Esta conducta de omisión tiene
antecedentes que datan al menos desde 2005. A continuación un recuento de los
diez mayores escándalos internacionales sobre los que la Asamblea Nacional no
puso la lupa o que fueron engavetados.
Un vuelo sin retorno
Un vuelo sin retorno
El 10 de noviembre, los
sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, Franqui Flores de Freitas y Efraín
Campo Flores (también ahijado de ella) fueron detenidos en Haití cuando
supuestamente hacían los arreglos para enviar 800 kilos de cocaína a Estados
Unidos. La DEA tenía noticias sobre sus planes desde seis meses atrás, y en
octubre montó una operación encubierta que según la Fiscalía de Nueva York
permitió recabar numerosas evidencias, entre ellas grabaciones y fotos de todo
el proceso.
Han transcurrido dos meses de este suceso y todavía la familia presidencial no ha dicho nada al respecto. Cilia Flores elude a los periodistas que intentan obtener de ella una declaración sobre el caso, y tampoco reacciona cuando los parlamentarios opositores le echan en cara el asunto.
Campo y Flores serán enjuiciados en la misma ciudad el 29 de febrero, si no admiten antes su culpabilidad. Luego de varias postergaciones, el 17 de diciembre ambos se declararon inocentes y en la actualidad revisan las pruebas del caso. El fiscal acusador Preet Bharara ha pedido para ellos cadena perpetua.
Compra caro, vende barato
La fórmula de María de los
Ángeles González, gerente del Bandes, para enriquecerse fue asociarse con una
empresa de asesoría financiera de Nueva York, a través de la cual compraba
bonos del Estado por encima de su precio de mercado y luego los revendía por
debajo del valor, utilizando una red de compañías asociadas. Según la Comisión
de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el fraude a los
fondos del estado venezolano superó los 66 millones de dólares solamente
durante 2 años. De ellos, aproximadamente 8 millones de dólares fueron
repartidos entre los participantes del desfalco. Venezuela, sin embargo, nunca
intentó recuperar este dinero. González se declaró culpable de los cargos y ahora
coopera con las autoridades. En 2014, otros dos representantes de la operadora
financiera, Direct Access Partners, se declararon culpables antes de ir a
juicio.
Retiro en prisión
Retiro en prisión
En 2011 el economista
Francisco Illaramendi se declaró culpable ante una corte de Nueva York por el
fraude de casi 500 millones de dólares del Fondo de Pensiones de Pdvsa. Lo
condenaron a 13 años de prisión. Illaramendi fue asesor financiero de la
estatal petrolera desde 2005 hasta 2006, y se le vinculaba con el presidente de
la empresa y ex ministro de Minas Rafael Ramírez y el ex ministro de Finanzas
José Rojas. Al cesar sus funciones en Venezuela se mudó a Florida y, por medio
de la firma MKG, manejó numerosas transacciones con el dinero de la estatal
petrolera a través de cuentas en paraísos fiscales, lo que llamó la atención de
las autoridades reguladoras estadounidenses. Otro coacusado, Morris Beracha, se
declaró inocente.
El enigma del Turco
El enigma del Turco
Según la DEA, el venezolano de
origen sirio Walid Makled fue uno de los traficantes de drogas más importantes
del mundo entre 2003 y 2011, cuando el gobierno de Chávez logró que lo
extraditaran a Venezuela y no a Estados Unidos. Makled operaba como un broker
de la droga que podían suministrarle los carteles del Norte del Valle y las
FARC. A él lo responsabilizan por el caso del jet cargado con media tonelada de
cocaína que aterrizó de emergencia en Ciudad del Carmen, México. También
dominaba los terminales de Puerto Cabello y La Guaira. Makled quería que lo
procesaran en EE UU. Durante una entrevista concedida en Colombia sugirió que
tenía en su nómina a más de 30 altos oficiales de los 4 componentes de la FANB.
Alias “el Turco” fue sentenciado a 14 años y medio de prisión. Además del
tráfico de drogas le imputaban los homicidios del abogado Orel Zambrano y del
veterinario Francisco Larrazábal. Su paradero actual es desconocido.
Arrinconado en Houston
Arrinconado en Houston
El 16 de diciembre, agentes
estadounidenses apresaron al empresario venezolano Roberto Rincón y su socio
Abraham Shiera, respectivamente en Texas y Florida. Les imputan la violación de
la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior, debido a la supuesta
obtención de contratos de Pdvsa mediante sobornos. La pesquisa abarcó los
movimientos de 730 cuentas bancarias por más de un millardo de dólares. Una
empresa de Rincón era la propietaria del jet que llevó al general Carvajal
hasta Aruba. Esa relación fue uno de los factores por los que el juez del caso
le negó la posibilidad de libertad bajo fianza. Luego el mismo magistrado
ordenó la confiscación de todos sus bienes en Estados Unidos y cuentas en Suiza
detectadas recientemente. El juicio a Rincón y Shiera también está pautado para
febrero de este año.
Pasaportes vigilados
Pasaportes vigilados
Las denuncias sobre la entrega
de pasaportes y otros documentos de identidad a miembros de organizaciones
terroristas no es nueva. Esta práctica fue reconocida en 2002 por el general
retirado Marco Ferreira, ex director de la Onidex (actual Saime). Ahora lo
confirman las revelaciones hechas por el ex consejero de Venezuela en Irak
Misael López Soto sobre los casos de un traficante de drogas supuestamente
ligado al grupo Hezbolá, Ahmed el Tamimy, y Diab Fatah, que estaría en listas
de vigilancia del FBI tras los atentados terroristas de septiembre de 2001. En
2014, además el Center for a Secure Free Society divulgó un informe que
advertía sobre la detección de 173 pasaportes venezolanos para extremistas
islámicos.
Perdidos en Suiza
Perdidos en Suiza
En junio de 2012 se
encendieron las alarmas en el Fondo de Cooperación Chino Venezolano: más de
84,9 millones de dólares fueron entregados a dos empresas de maletín. Una trama
de corrupción aprovechó la iniciativa de comprar maquinarias agrícolas a
proveedores argentinos. Las carpetas de las firmas que fueron seleccionadas
(sin licitación) por el gobierno fueron reemplazadas durante la tramitación por
las de las compañías Kelora y Bismarck Consorcio. En 6 meses nadie se dio
cuenta de la situación hasta que se hizo la última transferencia de fondos
oficiales desde un banco alemán hasta otro suizo, donde les perdieron la pista.
El Parlamento nunca se dio por enterado de este caso. Una investigación de
Contrainteligencia Militar y Delincuencia Organizada del Cicpc permitió
la detención de ocho personas. Otros fueron capturados en México y Costa Rica.
Este último país, por cierto, no aprobó la extradición debido a la poca
confiabilidad del sistema de justicia venezolano.
BPA, en dos etapas
BPA, en dos etapas
La primera fase del escándalo
con la Banca Privada de Andorra (BPA) comenzó en junio de 2010, cuando el
comisario general jubilado del Cicpc Norman Puerta fue detenido en el
principado europeo por una averiguación sobre supuesto lavado de dinero
procedente del tráfico de drogas. La BPA le había congelado casi un millón de
dólares. Según Puerta, ese dinero provenía de sus prestaciones, ventas de
ganado y un préstamo. En la misma averiguación figuraban nombres de otros
venezolanos que poseían pasaportes diplomáticos, a pesar de estar convictos y
confesos por tráfico de drogas.
En mayo de 2015 este escándalo se reavivó luego de un pronunciamiento del gobierno estadounidense. La Fiscalía llamó nuevamente a declarar al ex jefe Antidrogas del Cicpc, y lo dejó preso. Posteriormente, fue detenido otro de los señalados por la pesquisa internacional, Richard Cammanaro. En la segunda etapa del escándalo, a partir de marzo de 2015, se involucró a 5 viceministros y al propietario de la principal aseguradora de la industria petrolera nacional.
El rescate del general
El mayor general Hugo Carvajal
se llevó una desagradable sorpresa el 24 de julio de 2014. Llegaba al
aeropuerto de Oranjestaad, Aruba, ya investido del cargo de cónsul designado
por el presidente Maduro, cuando fue detenido en atención a una orden de
captura internacional emitida por Estados Unidos. El cargo era conspiración
para traficar drogas. El militar invocó su condición de diplomático y mostró el
pasaporte correspondiente. Pero el Reino de los Países Bajos aún no le había
concedido el exequatur. El Ejecutivo movió toda su maquinaria para lograr la
liberación de Carvajal, mientras que un portavoz de la Agencia para el Control
de Drogas de Estados Unidos (DEA) calificaba al oficial como la “joya de la
corona”. Pudieron más las diligencias venezolanas. El 27 de julio, Carvajal fue
recibido como un héroe. Luego de juramentarse como diputado electo declaró para
el portal runrun.es: “Si ellos (EE UU) tuvieran una sola prueba de lo que
dicen, yo no estaría hoy aquí”.
De Maiquetía a París
De Maiquetía a París
El trayecto que siguieron los
1.382 kilos de cocaína desde que entraron a Venezuela hasta que fueron
depositados en una bodega del jet de Air France que los llevaría desde el
aeropuerto de Maiquetía a París, el 11 de septiembre de 2013, sigue siendo una
incógnita. Ni el Parlamento ni la Fiscalía han mostrado mayor interés en ir al
fondo del asunto. La Fiscalía solo pesquisó levemente lo sucedido adentro del
terminal aéreo, aunque con serios señalamientos de injusticias. Acusó a 26
personas, en algunos casos sin poseer mayores pruebas. En noviembre de 2015, la
Guardia Civil española dio con el paradero del líder del grupo que
supuestamente financió el alijo, el británico Robert Dawes, quien ya está en
Francia respondiendo por este caso. La sospecha de que las autoridades
venezolanas están corrompidas hasta sus más altos niveles por dineros de la
droga hace que la información sobre éste y otros expedientes de interés no
llegue al Ministerio Público.
10-01-16
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico