Por José Guerra
!Concéntrense en lo económico!
pareciera ser el reclamo de muchos, agobiados por una crisis económica
verdaderamente insufrible y un gobierno tóxico y errático, empecinado en que el
panorama luzca cada vez peor. En esta dinámica, por lo demás comprensible, se
plantea un falso dilema entre atender lo estrictamente económico y dar
respuesta a lo político y social, como si una cosa no tuviera que ver con la
otra.
El Proyecto de Ley de Amnistía
y Reconciliación Nacional, introducido para su discusión en la Asamblea
Nacional, no es solo un compromiso programático con quienes votaron
mayoritariamente por el cambio el pasado 6D, sino que atiende un nudo central
en la búsqueda de una solución a la actual coyuntura política, e incluso
interpela lo más profundo de la conciencia nacional. Se trata en lo fundamental
de un tema ético, legal y político, y al respecto son muchos los expertos que
han esgrimido argumentos de peso. Lo que quiero agregar hoy a la discusión es
el punto nada obvio que, incluso desde una óptica puramente economicista,
incluso si uno le diera todo el peso a solucionar el problema de “la papa”, hay
buenas razones económicas para “invertir” en la defensa de los Derechos Humanos
en general y apoyar la amnistía en particular.
Meses atrás, en esta misma
columna, argumentaba que el intento por imponer un proyecto hegemónico nos ha
traído a una situación social y económica que muestra elementos característicos
de los países que salen de un conflicto bélico, y al respecto debemos tomar
nota de las lecciones extraídas de la llamada economía de la reconstrucción.
Una de esas lecciones de política es que la búsqueda de cohesión social debe
constituir un objetivo prioritario, pues si algo caracteriza los escenarios
post-conflicto es la polarización del discurso y la desconfianza entre los
distintos actores sociales, lo cual dificulta la construcción de consensos y
deteriora el clima de negocios. En ese sentido, la Ley de Amnistía es una
herramienta para trasmitir con hechos el mensaje clave de que el país se abre a
una nueva etapa de reconciliación nacional, donde no habrá cabida para la
exclusión, la discriminación o la retaliación.
Por otra parte, no hay manera
que el país retome la senda del crecimiento sostenido sin una mejora sustancial
en la seguridad jurídica. No solo se trata de que los emprendedores puedan
invertir sin temor a que sus activos sean expropiadas o sometidos a
procedimientos arbitrarios, sino de que no estén sujetos a persecución,
hostigamiento o cárcel por caprichos políticos. No estoy hablando en abstracto,
sino desde la dura realidad venezolana, donde hemos vistos casos como los
gerentes de la cadena de supermercados Día a Día puestos presos sin formula de
juicio por “generar colas”, o los directivos de las casas de bolsas lanzados
arbitrariamente al calabozo por “atentar contra la moneda”, nada más por
mencionar dos casos recientes. Venezuela aparece como uno de los peores lugares
del mundo para invertir no solo por el desastre macroeconómico, sino por la
crítica situación de inseguridad y la precaria situación de los Derechos
Humanos. El triste saldo en términos de presos, exiliados y perseguidos
políticos constituye una clara señal para los inversores de todo el mundo. Por
eso es que, en mi humilde opinión, a quien le preocupe el futuro de la economía
también debe preocuparle la amnistía.
07-02-2016
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