EMILI J. BLASCO 05 de enero de 2017
Nicolás
Maduro ha nombrado vicepresidente de Venezuela a Tareck el Aissami, uno de
los dirigentes más duros del chavismo, investigado en Estados Unidos por sus
conexiones con el narcotráfico y con el extremismo del partido y milicia chií
Hizbolá. Tras ganar tiempo durante el último trimestre mediante el presunto
diálogo con la oposición, para así superar el crítico listón de 2016, Maduro
procede ahora a un mayor enroque.
El
símbolo más elocuente es la sustitución del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo
Istúriz, un veterano nombrado en 2016 por su imagen en teoría más
dialogante, por El Aissami, de 42 años, cuya radicalidad venía provocando
recelos incluso en algunos sectores del chavismo. El cambio sitúa a El Aissami
como número dos del Gobierno, restando poder a Diosdado Cabello,
quien, aunque fuera del Ejecutivo, se venía considerando como el segundo hombre
fuerte del chavismo.
Con
este nombramiento, el exministro de Justicia e Interior y hasta ahora
gobernador de Aragua se coloca en excelente posición para la sucesión
de Maduro en el caso de que en el chavismo se produjera un relevo. Si debido a
la crisis económica y humanitaria de Venezuela, Maduro se viera forzado a dejar
el poder, su vicepresidente le sustituiría hasta las elecciones presidenciales
de finales de 2018.
Este
cambio forma parte de la remodelación del Gobierno –amplia pero sin tocar los
puestos claves de Defensa e Interior– anunciada por Maduro desde el caraqueño
Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo de Hugo Chávez. Maduro ha
esperado para nombrar a El Aissami hasta que, con el fin de 2016, ha concluido
la posibilidad de convocatoria
de un referéndum revocatorio que, de perderlo como indicaban todas las
encuestas, habría supuesto su salida y la celebración inmediata de elecciones.
La oposición había buscado esa solución, pero el Gobierno utilizó al Tribunal
Supremo y al Consejo Nacional Electoral, órganos que domina,
para boicotear el proceso, contraviniendo la Constitución. Ahora el chavismo
tiene asegurado seguir en el poder hasta las elecciones de 2018.
«Le he
dicho: métete de noche y de día a trabajar por la seguridad del pueblo, contra
los criminales, a depurar las policías regionales y nacionales, a la lucha
contra los terroristas de extrema derecha», dijo Maduro en una de sus largas
intervenciones ante la pantalla, refiriéndose al nombramiento de El Aissami, hijo
de inmigrantes drusos procedentes del Líbano.
Esas
palabras de advertencia, dirigidas a los dirigentes de la oposición
–«terroristas, cuídense, vamos a por ustedes»– parecen anunciar un
recrudecimiento de la represión. En su labor, El Aissami tendrá a su mando el
Sebin, a la vez servicio de inteligencia y policía política.
Incondicionales
Al
nuevo Gobierno se incorpora también Adán Chávez, hermano del difunto
presidente, e igualmente investigado en EE.UU. por su presunta
relación con el narcotráfico. El hasta ahora gobernador de Barinas será titular
de Cultura. En el Gabinete siguen, cambiando de cartera, Elías Jaua y Erika
Farías, otros dos dirigentes que, como Adán Chávez, son especialmente cercanos
a Cuba. Con ellos y con El Aissami –quien a su vez arrastra al Gobierno a gente
de su grupo, como Ramón Lobo, que estará al frente un unificado
Ministerio de Economía y Finanzas– Maduro se rodea de incondicionales.
Los
perfiles de El Aissami y Adán Chávez contribuyen a reforzar la visibilidad de
la condición de Venezuela como narcoestado. Ya el ministro de Interior, el
general Néstor Reverol, ha sido acusado formalmente por la Fiscalía
estadounidense por haber tomado parte en operaciones de tráfico de droga. Las
investigaciones apuntan a que el 90% de la cocaína de Colombia pasa a
través de Venezuela, entregada en su mayoría por las FARC y gestionada en
suelo venezolano por altos mandos chavistas (la última condena es la de dos
sobrinos de Maduro, juzgados en Nueva York).
En
las revelaciones adelantadas por ABC y después publicadas en el libro «Bumerán
Chávez», Leamsy Salazar, que fue escolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello,
menciona a El Aissami como alguien implicado directamente en las operaciones
del llamado Cartel de los Soles, que celebró una reunión en 2013 en Puerto
Ordaz, convocada para abordar operaciones de narcotráfico, a la que Adán Chávez
llegó con dos colombianos de las FARC y El Aissami lo hizo con dos miembros de
Hizbolá. Uno de ellos era Ghazi Nassereddine, un
libanés-venezolano que fue número dos en la embajada de Venezuela en Siria y
pieza de enlace en la estrecha relación entre Hizbolá y el Gobierno de
Caracas. Según investigaciones de EE.UU., El Aissami ha ejercido de
principal conexión entre la cúpula chavista y ese grupo, catalogado como
terrorista por EE.UU. y la UE.
El
Aissami y Nassereddine (este último incluido por el FBI en su lista de
personas más buscadas) fueron señalados por fiscales estadounidenses como
los principales interlocutores del régimen chavista con Hizbolá. Al primero se
le atribuía, como ministro de Justica e Interior entre 2008 y 2012, la entrega
de pasaportes a activistas de esa organización; al segundo, la recolección de
fondos para la financiación de operaciones terroristas.
Chávez y Hizbolá
Esa
relación fue impulsada por Hugo Chávez y oficializada internamente en una entrevista
secreta mantenida en 2007 en Damasco por Maduro, entonces canciller, y el
secretario general de Hizbolá, Hassan Nasralá.
Por
otra parte, uno de los claros damnificados de la remodelación gubernamental
obrada por Maduro es Eulogio del Pino, que sigue como presidente de la
petrolera estatal, Pdvsa, pero deja de ser ministro de Petróleo, cargos que
había aunado. Del Pino ha sido cuestionado internamente por haber captado poco
interés internacional para la renegociación de la deuda de la compañía
nacional, en un año en el que el Gobierno se ha visto ahogado financieramente.
Como nuevo ministro de Petróleo fue nombrado Nelson Martínez, expresidente
de Citgo, la filial que Pdvsa tiene en Estados Unidos y cuya venta Maduro no se
anima a materializar ante el descenso de su valor en el mercado.
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