Por Mariano de Alba
Tal y como se esperaba, el
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó la actualización de su informe sobre
la crisis venezolana. La primera parte del documento se concentra en narrar el
deterioro sostenido de la situación interna a partir del 30 de mayo de 2016,
fecha en la que había publicado su informe
inicial. En la segunda parte sugiere a los países miembros los
pasos que deberían seguir, donde destaca la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana, incluyendo la suspensión del país de la OEA en caso de que en
un lapso de 30 días luego de aplicada la Carta no se comience a respetar lo que
prevé la Constitución venezolana.
Las conclusiones más
importantes de la actualización del informe
En su informe, Almagro informa
a los países de la OEA que, en junio de 2016, presentó
ocho recomendaciones para resolver la crisis pero que hasta ahora “no se
ha avanzado con respecto de ninguna”. Por tal razón, concluye que el gobierno
venezolano “ha convertido su Constitución en papel mojado”. Tal determinación
está argumentada por conclusiones en los siguientes ámbitos:
Diálogo: Detalla que la
participación de El Vaticano se ha convertido en una excusa para disminuir la
atención de la OEA, “esperando un progreso que no se va a materializar nunca”.
Propone que “se reconozca el fracaso del diálogo como proceso para restaurar la
democracia”.
Revocatorio: Concluye que
“la actuación del oficialismo con respecto al revocatorio es prueba de que el
gobierno antepone su interés de mantenerse en el poder por encima de la
voluntad de los electores”. Estima que “ha quedado atrás el tiempo del
revocatorio (…) y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener
en sus manos el poder de decidir su destino”.
Elecciones
regionales: Narra que las elecciones regionales “deberían haber tenido
lugar antes del 16 de diciembre de 2016” y que “si se toman como referencia los
lapsos aprobados por el organismo comicial para la organización de las
elecciones regionales de 2012 (…) podría ocurrir que en 2017 no tengan lugar
ningunos comicios”.
Presos políticos: Explicó
que, si bien a finales de 2016 hubo algunas liberaciones, al término de ese año
“se mantenían tras las rejas o bajo arresto domiciliario 103 presos políticos,
y para el primer trimestre de 2017 (…) dicha cifra se ubica en 116 presos
políticos”. A su juicio, esto evidencia un “efecto puerta giratoria, es decir,
que mientras se liberan a algunos presos políticos, encarcelan a un número
similar, manteniendo siempre el promedio mensual”.
Tortura: Especifica que,
según el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América
Latina, “del año 2013 al año 2016, más de 300 personas han sido víctimas de
torturas”.
Separación de
Poderes: Concluyó que desde junio 2016 se han observado “una serie de
hechos que apuntan al incumplimiento de esos principios democráticos contenidos
en la [Carta Democrática]”, destacando “la colusión del Poder Ejecutivo, el
Poder Electoral y el Poder Judicial y la sistemática invalidación y
desconocimiento de la Asamblea Nacional”.
Libertad de
expresión: Advierte que el Gobierno “no ha cejado en sus esfuerzos por
restringir la libertad de expresión, llegando incluso a atacar a los medios de
comunicación” y que “al rechazar el derecho a la libertad de expresión y al
recurrir a actos criminales para acallar las críticas políticas, el gobierno
venezolano incurre en una violación directa de su propia Constitución, así como
de sus compromisos internacionales”.
Derechos Humanos: Reporta
que “no hay indicios de que la Comisión de la Verdad haya dado ningún paso
sincero, ni de que Venezuela haya hecho gestiones para buscar asistencia
técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos”.
Pobreza: Informa que,
desde el segundo semestre de 2013, “los organismos responsables no han hecho
públicas bases estadísticas que permitan determinar el porcentaje de la
población en situación de pobreza” y que, según fuentes independientes, “la
pobreza de ingresos en Venezuela habría llegado al 55 por ciento en 2014, al 76
por ciento en 2015 y al 81,8 por ciento en 2016”.
Crisis
humanitaria: Destaca que “la inseguridad alimentaria está presente en el
93,3 por ciento de los hogares porque el ingreso no alcanza para comprar
alimentos” y que “aproximadamente 9,6 millones de personas ingiere dos o menos
comidas al día”.
Salud: Resalta que “en
78% de los hospitales públicos hay escasez de medicinas; en 71% no se pueden
hacer ecografías y en 97% hay fallas severas o son inoperativos los
laboratorios”.
Seguridad
ciudadana: Informa que “la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida
2016 releva que 94 por ciento de los encuestados piensan que la violencia ha
aumentado, 21 por ciento de los entrevistados dicen haber sido víctima de un
delito en los últimos 12 meses, 60 por ciento de ellos temer ser atacados o
robados en su vivienda, 66 por ciento en las calles durante el día y 80 por
ciento en los medios de transporte”.
Corrupción y tráfico de
drogas: Destaca que “Venezuela es uno de los países más corruptos del
planeta y su enorme riqueza petrolera está siendo expoliada sin piedad
sistemáticamente por el gobierno y las fuerzas armadas mientras el pueblo pasa
hambre”. Asimismo, recoge que “de acuerdo con un informe (…) del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, Venezuela es una de las rutas de tráfico
preferidas para las drogas ilegales”.
Los próximos pasos sugeridos
por Almagro
Teniendo en cuenta el
diagnóstico y destacando que “el orden constitucional de Venezuela debe
restaurarse con carácter urgente de una manera acorde con (…) la Carta
Democrática Interamericana”, el informe realiza las siguientes recomendaciones
generales:
1. Elecciones generales a
la brevedad posible con presencia de observadores internacionales;
2. Implementar un sistema
de lucha contra la corrupción con asistencia técnica internacional;
3. Hasta tanto no haya
elecciones generales, la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera
de los países;
4. La liberación de los
presos políticos;
5. El establecimiento
inmediato de un canal humanitario;
6. El retorno al orden
constitucional con el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional y
el nombramiento constitucional de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)
y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el ámbito de la OEA,
Almagro concluye que la región “debe asumir su responsabilidad de seguir
adelante y dar los próximos pasos”. Destaca que “desde mayo de 2016 hasta la
fecha la comunidad interamericana e internacional han hecho uso en la práctica
de (…) todo el espectro de instrumentos que contempla la Carta Democrática en
su artículo 20”, pero “la negación persistente del gobierno venezolano y su
incumplimiento absoluto de lo acordado ha hecho fracasar sistemáticamente en la
práctica la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios”.
Sin embargo, manifiesta que
“pese a toda la falta de resultados hasta el momento” está convencido que “la
OEA (…) aún tiene la posibilidad de influir sobre la realidad venezolana”. En
tal sentido, destaca que “pocas sanciones morales y políticas más fuertes
existen para los gobernantes de un país que la mirada y las medidas que puedan
tomar sus pares”.
Por tanto, concluye que “es sabido
que agotada la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios (…) se
abre la posibilidad de suspensión”. Destaca que dicha suspensión “no debe ser
vista como una sanción al pueblo de Venezuela”, sino “todo lo contrario”.
Teniendo esto en cuenta,
realiza la siguiente propuesta a los países miembros de la OEA:
Primero, un llamado de
atención “reconociendo la alteración del orden constitucional y pidiendo el
restablecimiento inmediato en el cumplimiento de la Constitución venezolana y
las garantías democráticas contempladas en la Carta Democrática”. La aprobación
de esta medida requiere el voto afirmado de al menos 18 países reunidos en el
Consejo Permanente de la OEA.
Segundo, si el sistema
político no responde positivamente a las recomendaciones en el plazo perentorio
de 30 días, se aplicará el procedimiento del Artículo 21 de la Carta
Democrática, es decir, la aprobación de la suspensión de Venezuela como país
miembro de la OEA. La aprobación de esta medida requiere el voto positivo de
al menos dos terceras partes (24) de los países reunidos en una Asamblea
General de la OEA.
Para Almagro, esas
recomendaciones serían “que se realice en los próximos 30 días un llamado a
elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la validación de
las leyes que han sido anuladas, así como la elección de un nuevo CNE y un
nuevo TSJ conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución”.
El Secretario General de la
OEA concluye diciendo que “al proponer la suspensión del gobierno de Venezuela
de las actividades de la” OEA lo hace “con la convicción de que lo será por un
breve lapso”. Según su criterio, “aprobar la suspensión del desnaturalizado
gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este
momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su
futuro y por la justicia”.
15-03-17
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