Por Valentina Oropeza
Disparos a las cabezas de
manifestantes. Tanquetas militares que derriban portones de edificios
residenciales. Detenciones violentas. Juicios a civiles en tribunales
militares. Casi 120 muertos en cuatro meses de manifestaciones. Los abusos y
malos tratos infringidos por guardias y policías a ciudadanos que protestan
contra el gobierno de Nicolás Maduro pueden desencadenar juicios en tribunales
internacionales contra el Estado venezolano y sus funcionarios, advierte el
abogado Carlos Ayala Corao.
Especialista en derecho
público y derechos humanos, Ayala Corao supone que si la represión contra los
opositores se intensifica tras la aprobación de la Asamblea Nacional
Constituyente, el Estado podrá ser acusado de cometer crímenes de lesa
humanidad al atacar sistemáticamente a un sector de la población civil.
—¿Qué puede esperarse del
Estado venezolano con respecto a la protección de los derechos humanos una vez
que se instale la Asamblea Constituyente?
—Estamos viendo un patrón de
aumento de la represión con el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza.
Me refiero a que una marcha o una manifestación no hay por qué reprimirla.
Estamos llegando al extremo de que el derecho de manifestación pública y
pacífica está siendo reprimido utilizando técnicas militares de ataque contra
los manifestantes como si fueran una fuerza de ocupación extranjera. Están
siendo perseguidos, detenidos. Se están utilizando tratos crueles, inhumanos,
degradantes. En Venezuela ya hay un patrón sistemático de detenciones
arbitrarias contra opositores. Lo que estoy viendo, ahora sí con más claridad,
es que el gobierno se está haciendo día a día su propio expediente de
crímenes de lesa humanidad. Conforme al Estatuto de Roma, el crimen de
lesa humanidad es el ataque sistemático a un sector de la población civil y eso
se está produciendo a través de detenciones arbitrarias, heridos y muertos. Por
un lado creo que se está agravando claramente la situación de los derechos
humanos. Por otro, ese empeoramiento en el patrón sistemático que estamos viendo
está configurando los crímenes de lesa humanidad.
—¿Cuál es el curso que pueden
seguir esos expedientes sobre violaciones de derechos humanos en tribunales
internacionales?
—Hay dos tipos de cursos.
Primero, el de la justicia penal por la jurisdicción universal. Por ejemplo, en
delitos como los tratos crueles, inhumanos y degradantes o la tortura, la
Convención contra la Tortura establece que un solo delito de tortura es un
delito internacional, no tiene que ser un patrón sistemático. Y los Estados están
obligados a investigar y sancionar a los responsables. Pero si el Estado donde
se cometió ese delito, en este caso Venezuela, no quiere o no puede
perseguirlos efectivamente y sancionarlos, cualquier Estado parte tiene
jurisdicción para hacerlo. El mejor ejemplo de eso lo vimos cuando el juez
Baltasar Garzón solicitó la extradición del general Augusto Pinochet que estaba
en Londres por la tortura a tres ciudadanos españoles. Hay países como España
que han desarrollado esa justicia penal universal con base en los tratados
internacionales. Lo que estamos diciendo es que terceros países que no sean
Venezuela pueden ejercer, para casos individuales, esa jurisdicción. Y los
juicios internacionales se abren sin que esté la persona presente. Luego está
la Corte Penal Internacional, que es una jurisdicción penal con base en el
Estatuto de Roma. Se aplica cuando hay un patrón sistemático de persecución de
la sociedad.
—¿Y los casos se sostienen con
testimonios y evidencias que sirven para demostrar que se cometieron las
violaciones de derechos humanos?
—Lo más importante es
documentar y denunciar porque esos juicios requieren de las pruebas más
fehacientes posibles y los acusados tienen todas las garantías procesales: la
presunción de inocencia y el debido proceso. Hay una metodología para tratar y
documentar los casos de quienes han sido detenidos y tratados de manera
inhumana en un documento que se llama los Principios de Estambul. Hay que
recordar que la justicia penal se aplica a las personas. Y la justicia de derechos
humanos es una responsabilidad internacional del Estado y eso debe traducirse
en una responsabilidad personal. Pero esta justicia penal de la que estamos
hablando es individual y tiene distintos niveles, tanto para quienes ordenan
como para quienes ejecutan las órdenes. Existen las responsabilidades de
comando.
Fotografía de Leo Álvarez
—¿El enfrentamiento entre el
Ministerio Público y el Poder Judicial complica la sustanciación de estas
denuncias?
—Yo diría que al revés. La
primera obligación es que los delitos sean juzgados en Venezuela. Pero si el
Estado, ya sea porque el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Ejecutivo
no quieren o no pueden ejercer su jurisdicción nacional, entonces están ellos
mismos disparando la jurisdicción internacional.
—Tras la elección de la
Constituyente, ¿le parece factible que existan espacios de negociación entre el
gobierno y la oposición? ¿Qué sería necesario para destrabar las conversaciones
entre las partes?
—La Constituyente ha sido
vendida como un instrumento de venganza, a través del cual se va a destituir a
la Fiscal, se va a quitar la inmunidad parlamentaria de los diputados y cerrar
la Asamblea Nacional. Lo primero que tenemos que ver es frente a qué tipo de
instrumento vamos a estar, quién va a controlar la Constituyente y cuáles son
sus primeras decisiones. Ciertamente no fue diseñada como un instrumento de
diálogo ni de paz. Por el carácter ilegítimo de su convocatoria, fue una
especie de elección del PSUV, por y para el PSUV. Es una especie de congreso
del PSUV. No es dentro de la Constituyente que pudiera pensarse en un diálogo y
negociación efectiva, sino es precisamente con quienes terminen ejerciendo el
liderazgo de esa Constituyente y del gobierno en definitiva, si es que el
gobierno también controla la Constituyente, con el resto de la sociedad. Para
llegar a una negociación de buena fe y seria hay que identificar quiénes son
los actores políticos y cuáles son los objetivos. En la crisis en la que va a
entrar Venezuela, las opciones son: o una espiral de violencia o entrar en una
negociación para una transición. Allí es donde habría que identificar los
actores, los contenidos y los cronogramas. Lo que va a seguir ocurriendo es que
un sector importante de la sociedad venezolana seguirá aferrada a la
Constitución de 1999 porque considera que este procedimiento para su derogación
no es legítimo y que hay que regresar al respeto a las reglas de juego.
—¿Es posible que la misma
Constituyente se convierta en una carta de negociación del gobierno?
—Puede ser una carta de
negociación pero a estas alturas sería solo para comenzar. El objetivo es que
se cumpla la Constitución, que se respete al Poder Legislativo electo, que se
remueva al Consejo Nacional Electoral, que se hagan las elecciones, etc. Sí me
parece que debe existir esa carta de negociación. La sola suspensión de la
Constituyente era una medida para arrancar pero no un punto de llegada.
—Después del intento que hizo
el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de persuadir a Maduro para
que suspendiera la Constituyente y luego de la facilitación del Vaticano para
un diálogo el año pasado, ¿qué actores gozan de credibilidad frente a las
partes para promover una negociación?
—Lo más importante es que cada
sector, gobierno y oposición, se sienta representado por algunas instancias o
personas intermediarias. Hay dos tipos de fórmulas. Una es como la de
Contadora, donde hay un grupo de países amigos, unos escogidos por la oposición
y otros por el gobierno. La fórmula de negociación hasta ahora ha sido tres
expresidentes escogidos por el gobierno. Lo primero que habría que identificar
son actores válidos para ambas partes, que sirvan a su vez para ser factor de
intermediación. En esa fórmula se trabajaría la negociación pendular, que no
significa que la oposición y el gobierno tengan que sentarse en la misma mesa,
sino que ese grupo de países amigos podría sentarse con una parte y luego
como un péndulo con la otra parte. La otra alternativa es incorporar al
secretario general de Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas no se mete si no
tiene seguridades mínimas de que va a ser tomada en serio. Lo importante es que
pueda haber espacios para el respeto por los derechos humanos, la lucha por el
rescate de la democracia y nunca negarse a que pueda haber mecanismos que nos
lleven a una transición diferente a la escalada de violencia.
31-07-17
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