Por Marta de la Vega
Podría hablarse de nudos
críticos y desenlaces en relación con la crisis venezolana. Son muchos los
factores en juego y varios los escenarios para superarla. Es claro que el
asunto no es solo político. Estamos en un régimen de facto, impuesto por una
ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente con la complicidad del
poder ejecutivo y del tribunal supremo de justicia.
Los artículos 333 y 350
preservan la plena vigencia de la Constitución de 1999, ratifican la legalidad
y legitimidad del principal órgano de representación ciudadana que es la
Asamblea Nacional y la única institución pública que rechazó seguir como
apéndice del gobierno y ha actuado con apego a la Constitución, el Ministerio
Público y su Fiscal General Luisa Ortega Díaz, ambos perseguidos.
Aunque su poder ni es efectivo
ni es originario ni legal ni verdadero, por haber violentado, entre otros, los
artículos 347 y 137, la anc, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, pretende
constituirse en poder absoluto, sin atender a los límites que le impone la
propia Constitución.
Es claro que estamos
comandados por el crimen organizado, con tentáculos internacionales denunciados
públicamente que han penetrado el meollo del alto gobierno, funcionarios y
familiares de personeros principales. Han desmoronado la República no solo la
ruptura del hilo constitucional sino la implantación en las estructuras
nacionales de poder, de grupos árabes radicales y terroristas, fundamentalistas
iraníes, carteles narcotraficantes y delincuentes vinculados con quienes
conducen el gobierno.
Así que no son solos los
cubanos los que se han convertido en fuerza de ocupación y control desde hace
muchos años, presentes en las fuerzas armadas, partícipes de los servicios de
inteligencia, notarías y registros, sistema de identidad e inmigración,
sistemas paralelos de salud y asistencia social, hospitales y organismos
diversos del Estado, el cual ha sido colonizado por el gobierno desde hace 18
años.
Sin pudor, estas mafias
dominan a militares de rango superior y a civiles conectados al poder político
que aprovechan las pingües ganancias derivadas de la corrupción en el manejo de
las divisas por renta petrolera y de la explotación depredadora de los recursos
naturales más valiosos.
Dádivas en suntuosos bienes,
prebendas y chantajes son el mecanismo para las adhesiones acomodaticias y
utilitarias al régimen que busca mantenerse en el poder a cualquier costo. La
soberanía nacional no existe sino formalmente porque hemos pasado a formar
parte de la red criminal global con alcance transnacional y nos hemos
convertido en tuercas de tal engranaje.
¿Cómo salir de esta maraña?
Mediciones recientes de Consultores 21 presentadas en foro de Ecoanalítica
muestran que 89% de la población encuestada ve mala la situación económica y
84% peor que en 2016. Solo 14% cree que es por la guerra económica y en cambio
59% responsabiliza a la gestión del gobierno. 71% justifica las protestas y 65%
piensa que han sido pacíficas y el gobierno las ha violentado. Hay pesimismo en
el corto plazo: 75% no ve futuro mejor. En cuanto a escenarios, la vía pacífica
y electoral es preferida por 89% que sí quiere elecciones regionales. Y aunque
el diálogo parece agotado, según 69%, 26% piensa que las negociaciones podrían
abrir camino a la superación de la crisis.
Podemos deducir que urge un
cambio de gobierno y de modelo económico para enderezar el rumbo. Si el
gobierno se aferra al poder y rechaza los llamados de la comunidad
internacional, es muy probable que la implosión inminente nos convierta en
Estado fallido o en Estado forajido. Ahora solo hay terrorismo de Estado.
21-08-17
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