Humberto García Larralde 06 de agosto de 2017
Una de las implicaciones del fraude groseramente
perpetrado el domingo pasado contra la República es que pone al descubierto que
los que quedaron en la asamblea inconstitucional no fueron en verdad electos
por quienes acudieron a votar. Si estos no pasaron de 3 millones, los 5
millones de votos que añadió Tibisay borró totalmente la relación entre elector
y elegido. ¿Cuáles votos designaron a qué delegados? Emerge como probabilidad
realista que la asamblea estuviese previamente designada por las mafias que
controlan el poder y que se estafó abiertamente a los escasos electores que se
presentaron. Sus consecuencias son perversas.
Además de haberse violado los artículos 5, 63 y 347 de
la Constitución -entre otros- que señalan que la soberanía reside en el pueblo,
que solo éste puede convocar a una Asamblea Constituyente y que el sufragio
debe ser siempre libre, universal, directo y secreto, tal designación entierra
definitivamente toda pretensión de legitimidad para la asamblea espuria. Pero
el fascismo se empeña, de todas maneras, que ésta disponga de poderes
supra-constitucionales para hacer y deshacer.
Nicolás Maduro se ha transformado en dictador, pero no
le ha resultado fácil. Ha pagado un costo político elevado por su violación
masiva de derechos humanos, el asesinato de más de un centenar de manifestantes
en los últimos cuatro meses, y por desconocer a la Asamblea Nacional, además de
su aquiescencia con el saqueo del país. Es decir, los remanentes del Estado de
Derecho, ante una opinión pública nacional e internacional que exige su
cumplimiento, lo obligó a incurrir en subterfugios para intentar cobijar el
escamoteo de sus preceptos. Pero ahora, una asamblea inconstitucional sacado de
la chistera por los capos que controlan el poder pretende pasarle la aplanadora
al país sin siquiera molestarse por aparentar su apego a la ley, ¡a cuenta de
que se arroga unilateralmente ser plenipotenciaria! Un asalto aún más vulgar a
la institucionalidad democrática que la ejercida hasta ahora.
Debe rechazarse tajantemente cualquier decisión que
pretenda imponer esa asamblea inconstitucional. No es que las fuerzas
democráticas deben “lidiar con una asamblea con la cual discrepa en cuanto a su
legitimidad”, como si eso fuese un asunto a aclarar. No. Esta asamblea
simplemente no existe en términos legales y no tiene legitimidad ni potestad
alguna para hacernos creer que sus decisiones deban ser acatadas. Como se ha
repetido hasta el cansancio, el pueblo venezolano debe acogerse a lo dispuesto
en los artículos 333 y 350 de la Constitución, que rezan, respectivamente:
(art. 333) “Esta
Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza
o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano
investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar
en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”
(art. 350) “El
pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación
o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos.”
La desobediencia civil reside precisamente en eso, en
desconocer órdenes o decisiones ilegítimas que violan los preceptos básicos
sobre los cuales se sustenta la convivencia democrática. El liderazgo opositor
pagó muy caro la pifia de no haber respondido de inmediato y de manera
contundente a la designación fraudulenta de leguleyos fascistas en el Tribunal
Supremo, quienes prostituyeron sus funciones a favor de las mafias que
controlan el poder. Creyó que podría dirimir este conflicto apelando al
derecho, pero con los mismos farsantes que lo habían secuestrado. Y mira el
terrible daño que han hecho. Ese tsj es responsable directo de las lamentables
muertes de decenas de ciudadanos que protestaban por que éste les negó sus
derechos a una salida pacífica, constitucional y electoral. No se puede hacer
lo mismo ahora. Debe rechazarse toda pretensión de legitimidad de la asamblea
espuria. Esto tiene, incluso, connotaciones de lenguaje muy precisas. No se
puede hacer referencia a una Asamblea Constituyente, aun para descalificarla, porque
no es tal. Es una asamblea inconstitucional y así debe ser referida.
Toca blindarnos, detrás de un liderazgo resuelto, en
el desacato de toda disposición que nos intenten imponer salida de ese cuerpo.
Si la defensa del orden constitucional es la base de las alianzas que deben
construirse entre venezolanos demócratas para derrotar a la dictadura, no
podemos transigir cuando ésta se violenta tan descaradamente. Esto envuelve
riesgos personales. Pero la única fuerza que tenemos en este momento -además del
apoyo internacional cada vez más comprometido- está en rechazar, como un sólo
ser, los atropellos y arbitrariedades del fascismo. Hagamos inviable,
inoperante, su pretensión totalitaria negándonos a obedecer. Inspirémonos en
Gandhi, que tantos gustan invocar.
Al respecto, ya se ha presentado la primera prueba a
la que debemos someternos: la destitución ilegal y abusiva de la Fiscal General
por parte de esa asamblea espuria y la imposición de otras sanciones
(inhabilitación, prohibición de salida) por quienes se arrogan la jefatura del
poder judicial. Además de la defensa resuelta de la Fiscal, no debe dirigirse
gestión alguna relacionada con sus atribuciones a quien pusieron en su
reemplazo. La fiscalía, para los demócratas, seguirá estando en manos de Luisa
Ortega Díaz hasta que los mecanismos constitucionales existentes dispongan otra
cosa. Entre paréntesis, ¿se ha visto cosa más absurda que designar a quien
funge de defensor -Tarek Saab- también comoacusador (fiscal)?
Sólo es posible bajo el totalitarismo. Definitivamente, Tarek carece de
personalidad, dignidad, de principios y de amor propio.
Para el dictador Maduro, la asamblea inconstitucional
iba a asentar la paz en el país. Pero la primera decisión que toma es ésta. Por
demás, quien resultó electa como presidente -dotada, según las aspiraciones
totalitarias, de más poder que el propio Maduro- no es precisamente alguien que
se ha destacado por su ponderación y disposición a la paz, al encuentro con el
otro, al entendimiento.
Debe recordarse -y me perdonan por lo reiterativo- que
para el fascismo la política es una guerra. No reconoce freno moral, ético,
legal ni político a la hora de atropellar. Cede y negocia sólo ante razones de
fuerza. No caigamos en la ilusión, porque la razón constitucional y ética está
de nuestro lado, de que podamos convencer a los Diosdado y los Maduro de que
desistan de su impostura despótica. Es menester forzar a que desistan,
encontrando la forma de que sus pretensiones se hagan inviables y que tengan
que pagar un alto costo político por quererlas imponer. Estrechar el apoyo
internacional para aislar aún más al régimen, consolidar acuerdos con el
chavismo democrático y formular propuestas claras a la Fuerza Armada para que
se inhiba de prestarse a la imposición represiva de los diktats de la asamblea
espuria y defienda la constitución, debe marcar las acciones de la oposición en
el futuro inmediato. Decenas de miles de militares que formaron parte del Plan
República son testigos de que pocos fueron a votar y que la jornada resultó un
fraude descomunal.
En esta estrategia, no puede abandonarse los espacios
de lucha disponibles. Las fuerzas democráticas deben inscribirse para las
elecciones regionales y dar la pelea para que éstas se den debidamente, en
forma imparcial, acorde con el ordenamiento constitucional. Pero esto es asunto
de otras reflexiones.
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