Por José Guerra
Venezuela enfrenta una crisis
de dimensiones colosales. El tamaño de su economía es en 2017 aproximadamente
33,0% menor de lo que fue en 2013, la inflación está desatada y amenaza con
llegar a 1.000% este año, la producción petrolera tiene diez meses declinando
de manera sostenida y no hay forma de detenerla, los servicios públicos tales
como telefonía, agua y electricidad están en virtual estado de colapso por la
falta de inversiones. Pero tal vez el indicador que mejor resume el drama
venezolano es el hambre que sufre el pueblo ocasionado en la caída del poder
adquisitivo como resultado de la elevada inflación y la falta de empleos bien remunerados.
Al menos el 30,0% de las familias venezolanas al despuntar el día, no sabe qué
va a comer. Esta es la crisis de un modelo que hizo las cosas mal: estatizó lo
que no debía y aplicó un sistema de controles de precios y de cambio que ha
atenazado la economía.
El control de precios ha
provocado una caída de la inversión y generado escasez, como ha sucedido donde
esos controles se han aplicado. El resultado es bienes con precios
supuestamente regulados pero inexistentes, lo que incentivado un formidable
mercado negro donde se consiguen todos los bienes básicos a precios
exorbitantes. Por su parte, el control de cambio ha devenido en una poderosa
maquinaria de corrupción al tener tres tasas de cambio para el dólar. Esto ha
causado asignaciones de divisas de forma discrecional y el fortalecimiento de
un mercado paralelo de divisas fuera de cualquier regulación racional que debe
tener un mercado organizado. Estos factores se han combinado para imprimirle
una volatilidad extraordinaria a las tasa de cambio paralela, con sus efectos
indeseados.
Venezuela está obligada como
país a resolver la crisis económica que hoy la azota porque de otro modo el
ingreso nacional va a continuar cayendo y la pobreza seguirá haciendo estragos.
La premisa fundamental para revertir la crisis de la economía es dar un giro en
el modelo económico y aplicar el cuerpo doctrinario establecido en la
Constitución donde se pauta una economía orientada a la justicia social, la
eficiencia y la libre competencia. Ello se traduce en un conjunto de acciones
de políticas inmediatas, urgentes, que deben acometerse. En primer lugar, debe
simplificarse el control de cambio y a mediano plazo unificar las tasas de
cambio. En segundo término, hay que levantar el control de precios tanto en
bienes públicos como en productos esenciales para que se restablezca la
inversión y se elimine la escasez. Conjuntamente con lo anterior se
instrumentará un esquema de subsidios a los verdaderos pobres para así no
malgastar los recursos en transferencias generalizadas que son muy costosas. En
tercer lugar, modificado el sistema cambiario, el BCV no debe seguir
financiando el déficit fiscal ni el de PDVSA, para de esta forma frenar en seco
la emisión de dinero inorgánico, la cual es la causa última de la inflación y la
depreciación del bolívar. En cuarto lugar, Venezuela está obligada a
refinanciar la deuda externa. Con el actual cronograma de pagos, en un contexto
donde los precios del petróleo han aumentado pero la producción ha caído no hay
manera de contar con los ingresos para hacer los pagos sin que ello se traduzca
en una restricción de las importaciones. Un refinanciamiento implica alargar el
plazo de los pagos y disminuir las tasas de interés que se paga por los bonos.
Finalmente, es perentorio diseñar una nueva política petrolera que atraiga la
inversión tanto nacional como extranjera, flexibilice el sistema fiscal y
provea seguridad jurídica y personal en toda la cadena de la industria de los
hidrocarburos. Acá mi modesto aporte en esta hora difícil que vive Venezuela.
13-08-17
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