Por Gregorio Salazar
Pedir garantías para las
elecciones presidenciales cuando la ilegalidad y el ventajismo han alcanzado
niveles realmente obscenos va a ser una cuesta muy dura de remontar para la
oposición venezolana. Estamos en tiempos en que la impudicia se desborda por
las ventanas de las oficinas de las cuatro rectoras del CNE y se desparrama
viscosa y maloliente por todo el territorio nacional.
Condiciones electorales
adversas para la oposición las hubo desde los primeros comicios que se
realizaron con Hugo Chávez Frías en el control del Poder Ejecutivo. Eso
equivale a decir desde la elección de la Constituyente de 1999, cuando el
diseño electoral le permitió a quien iba a esa escogencia cómodamente montado
en la onda expansiva de su triunfo en los comicios presidenciales de 1998
obtener con el 65,8 % de los votos el 95 % de los constituyentes.
Pero más allá del elemento
técnico, también apareció por primera vez la siniestra pezuña de la ilegalidad
cuando los candidatos oficialistas fueron promovidos en el kino “de Chávez”,
intromisión vedada al presidente pero cuyas críticas despachó el avivato
personaje diciendo que ese cartoncito numerado, en cuyo diseño perdió sus
últimas neuronas Nelson Merentes, no era de él, sino de Marisabel de Chávez.
La aprobación de la nueva
Constitución permitió otra nueva jugada electoral cuando enseguida se llamó a
la renovación de los poderes. Así se barrió, al impulso del mismo frenesí
popular del histriónico caudillo, la presencia opositora de quienes habían sido
electos al Poder Legislativo y a las gobernaciones poco antes del triunfo
chavista en diciembre del 98. Hasta aquí se dirá que todo fue estratégico.
En la primera elección de
gobernadores con Chávez como dueño del Ejecutivo se rompieron todos los moldes.
Esa vez la intromisión ventajista fue desfachatada. Con su conocido verbo
agresivo y demonizador contra sus adversarios políticos, el presidente se lanzó
a recorrer el país. Por un lado levantaba la mano de sus candidatos y, por el
otro, dejaba la siguiente advertencia: para aquellas candidaturas contrarias al
“patriótico proyecto bolivariano” que resultaran ganadoras, no habría recursos.
“Yo no voy a financiar caciques con proyectos personales”, fue la cantilena del
primer gran chantaje que llevó a la práctica el nuevo amo del poder.
Ese comportamiento ha sido ley
no escrita y tal vez la única que cumple a pie juntillas Maduro, pues harto
conocida es la política de estrangular económicamente a los gobernadores o
alcaldes que no son de la tendencia oficialista, muchas veces convertidos en
simple paga-nóminas. El caso extremo fue el del Alcalde Metropolitano Alcalde
Ledezma, quien ni siquiera pudo tomar posesión del edificio sede de su despacho
en la esquina de Principal, invadida inmediatamente después de su elección por
policías que alegaban un reclamo laboral. Ningún poder de la República movió un
dedo para desalojar a los tomistas. Al final quedó sin dinero, ni atribuciones,
personal ni infraestructura. Trampa post electoral. Una burla descomunal a la
voluntad del pueblo.
Esas prácticas han sido
reiteradas de manera brutal a través de los años. Y no es aventurado afirmar
que el chantaje ha sido internalizado por el votante venezolano. Recojo como
elemento ilustrador este razonamiento dejado por un policía paraguanero a raíz
de los comicios de gobernadores del 15-O: “Si con un gobernador de ellos nos
están matando de hambre, qué será si gana uno de la oposición”. La escogencia
es obvia. Y ese es un voto que aparece limpiamente reflejado en las actas, pero
es obtenido mediante una práctica gansteril.
Valga decir que en Paraguaná
después de 36 días sin agua y sin gas, desesperantes cortes intermitentes de
electricidad, con la mayor escalada de precios en fecha previa a las
elecciones, el candidato opositor Eliécer Sirit apenas pudo ganar ese sufrido
distrito por 7 puntos, pero fue derrotado por 9 % en el Estado, donde para
colmo las denuncias de presunta corrupción de los Montilla y el alcalde local
se oyen hasta en el canto de los chuchubes.
Los desafueros electorales
cometidos durante los pasados comicios para gobernadores superan todo lo visto
en estos últimos 18 años. Se trata de meros actos dictatoriales, que van desde
la permanencia de las cuatro reptantes en el CNE, hasta la intromisión de la
fraudulenta constituyente, convertida en el verdadero poder electoral.
Como ahora se anuncia un nuevo
ciclo de diálogo, tan burlado como la ley electoral, y se dice que en la
demanda de garantías estará centrada la exigencia opositora urgen respuestas
rápidas y concretas porque el tiempo pasa y una población tribulada,
empobrecida e incrédula sigue sin tener luces sobre lo cómo definirá su futuro
a mediano y largo plazo. Nada fácil si se toma en cuenta que en esa oportunidad
estará en juego la corona de Nicolás Maduro.
12-11-17
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