Secretaría de Relaciones Exteriores de México 14 de mayo de
2018
Los
países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece
en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el estado
de derecho y el respeto a los derechos humanos y ha convocado a un proceso
electoral ilegitimo y carente de credibilidad.
En
seguimiento a lo convenido en la Declaración de Mandatarios de Lima, del 14 de
abril de 2018, los ministros y representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Finanzas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, con la
participación de España y por videoconferencia el Secretario de Estado de los
Estados Unidos y altos funcionarios del Departamento del Tesoro de ese país, se
reunieron con objeto de abordar la situación en Venezuela y el agravamiento de
la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país.
Los
países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece
en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el estado
de derecho y el respeto a los derechos humanos y ha convocado a un proceso
electoral ilegitimo y carente de credibilidad.
Hacen
un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales
previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una
autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos
venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías
necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
Como
resultado de la reunión de trabajo los participantes intercambiaron
información, analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de
acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual, después del 20 de
mayo, en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario.
Los
países participantes reiteraron su compromiso de seguir analizando y tomando
acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la
institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena
vigencia del estado de derecho en ese país hermano.
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