Gabriela Buada Blondell 06 de julio de 2019
Declaración de Feliciano Reyna, en representación de
de más de 200 organizaciones de derechos humanos venezolanas, en la Sesión del
Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela.
Ginebra, 5 Julio 2019
Señor Presidente, Alta Comisionada Bachelet, gracias
por invitarme a este diálogo interactivo, como defensor de derechos humanos que
vive y trabaja en Venezuela y parte de una comunidad de más de 200
organizaciones de derechos humanos, autónomas e independientes, que por años
hemos resistido las políticas de restricción, intimidación y represalias contra
defensores, periodistas, sindicalistas, profesionales y activistas.
Valoramos altamente el informe presentado por la Alta
Comisionada y su compromiso con el mandato de velar por millones de personas en
Venezuela, cuyas vidas, seguridad, libertades y subsistencia están severamente
afectadas por una crisis sin precedentes, y solo cuentan con las instituciones
internacionales para obtener la protección y la justicia que no consiguen en el
país, advirtiendo sobre la necesidad de resolver sus raíces políticas.
Extendemos este reconocimiento al personal de su Oficina que ha supervisado y
documentado con rigor y extensamente las violaciones a los derechos humanos en
Venezuela.
Durante años, la sociedad civil venezolana ha hecho un
titánico esfuerzo para vencer el autoritarismo, la coerción y la desinformación
para dar a conocer internacionalmente la realidad de las violaciones a los
derechos humanos que sufre la población. Por más de una década, el gobierno no
rindió cuenta a órganos de Naciones Unidas, denunció la Convención Americana de
Derechos Humanos, no cumplió las sentencias de la Corte Interamericana, ni
autorizó las solicitudes de visitas de mandatos independientes y de la Comisión
Interamericana.
Desde 2013, 6 órganos de tratados, 10 procedimientos
especiales, la Oficina de ACNUDH, la CIDH y más de 100 Estados que
intervinieron en el último Examen Periódico Universal de Venezuela, emitieron
más de 1.000 recomendaciones, que el gobierno ignoró, para corregir las
persistentes violaciones a los derechos humanos, entre ellas una feroz
represión feroz contra la disidencia. A partir de 2015, este incumplimiento
desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya existencia aún niega el
gobierno del Sr. Nicolás Maduro y sobre la que también guardó silencio la
mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno.
Es compleja porque tiene origen en factores políticos
que socavaron las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la
población. Es una emergencia porque, debido al derrumbe de las estructuras, la
mayoría de la población está sometida a una situación de arbitrariedad e
inseguridad como producto de una violación sistémica de derechos humanos por
abusos, privación deliberada y violencia. Y es humanitaria porque, al caer las
estructuras, colapsaron las capacidades internas para garantizar las más
mínimas condiciones de vida, creando una escala masiva de necesidades
humanitarias, que estimamos afecta a más de 10 millones de personas dentro del
país, y la crisis de refugiados más grande de la historia de América Latina con
más de 4 millones de personas, a las que podrían sumarse 2 millones más en
corto plazo.
En fin, la emergencia humanitaria deriva, en gran
medida, de políticas y prácticas de las autoridades venezolanas que han
escondido datos epidemiológicos sobre la crisis de salud y datos sobre
desnutrición, y han también hostigado y hasta detenido a quienes exponen la
realidad en el país, incluyendo profesionales de la salud.
Señor Presidente,
El desmantelamiento del Estado de Derecho y la
descomposición general del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano
generalizado, exacerbados índices de violencia social y el control de extensas zonas
urbanas y rurales por parte de grupos irregulares, así como en políticas
estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión
pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones
forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para castigar, desplazar o
callar a quienes ejercen sus derechos, incluyendo a la oposición y la
disidencia políticas, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchos de
ellos arbitrariamente detenidos, perseguidos o en el exilio.
En Venezuela no existen instituciones independientes
en pie que puedan actuar como un freno a los abusos del poder ejecutivo, a
excepción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, cuyos poderes
constitucionales han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia,
controlado políticamente, y por una asamblea constituyente fraudulenta. Jueces
y fiscales son en su mayoría funcionarios sin estabilidad, sujetos a libre
nombramiento y remoción, sin causa ni apelación. Ello ha configurado un sistema
de justicia que permite la impunidad tanto de delitos comunes como de
violaciones a los derechos humanos y que persigue y encarcela a la disidencia.
La extrema pobreza y las privaciones masivas en
alimentación, salud, educación, agua potable, electricidad y transporte afectan
a mujeres, bebés, niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores, personas con
discapacidad, personas con condiciones de salud crónicas, pueblos indígenas y
personas privadas de libertad. Sus efectos más graves son la desnutrición de
niños, que incluso a los 6 meses ya pesan menos que al nacer, y de mujeres
gestantes y lactantes; el agotamiento de medicinas y la pérdida de gran parte
de los servicios de salud públicos; la ausencia forzada de niños, adolescentes
y jóvenes del sistema educativo; y la huida de miles de personas diariamente
para preservar sus vidas, expuestas luego a ser víctimas de trata y tráfico
humano.
Esta crisis de derechos humanos tiene también sus
raíces en la gran corrupción, que afecta todos los ámbitos en Venezuela. Entre
1999 y 2018, los ingresos por exportaciones petroleras generaron más de 940
billones de dólares; sin embargo, la caída sostenida del producto interno bruto
nos ha llevado a niveles de hace 70 años, cuando en Venezuela había un quinto
de la población actual, y a una hiperinflación implacable que compromete la
propia subsistencia. Por ello, sanciones internacionales que no sean
individuales sino contra sectores de una economía en tal grado de colapso,
podrían exacerbar los efectos de la emergencia sobre la población, sobre todo
la más vulnerable.
Desde 2013 hasta hoy la represión ha sido violenta;
incidentes recurrentes de arremetida contra opositores y críticos han dejado un
saldo de miles de detenidos y heridos, cientos de civiles procesados por
tribunales militares y muchísimos casos de abusos contra detenidos que
incluyeron torturas como descargas eléctricas, violaciones sexuales y golpizas
brutales. Estos abusos, reflejados por la Oficina de la Alta Comisionada, son
parte de una práctica sistemática por las fuerzas de seguridad venezolanas,
incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y
los servicios de inteligencia, que ocurre con total impunidad.
Señor Presidente, en vista de estos hechos,
solicitamos al Consejo de Derechos Humanos:
1.
Designar para la Sesión
42 del Consejo de Derechos Humanos una Comisión Internacional de Investigación
sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más
amplio, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad.
2.
Exhortar a los Estados
de acogida de migrantes forzados y refugiados provenientes de Venezuela a
unificar políticas y prácticas que les brinden verdadera protección
internacional y evitar toda medida aislada que los someta a mayores privaciones
de sus derechos y riesgos a su integridad personal.
3.
Acelerar una solución
política a la crisis venezolana, articulando esfuerzos nacionales e
internacionales, como el de Oslo, incluyendo firmes acciones del Secretario
General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y
electoral de los venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática
del país.
Así mismo, instar al gobierno del Sr. Maduro a
permitir, con la debida supervisión de un organismo internacional
independiente:
1.
Implementar los
acuerdos establecidos con la Oficina de la Alta Comisionada, para facilitar la
supervisión y cooperación técnica en derechos humanos, incluyendo el acceso
irrestricto del personal en el terreno a todas las instalaciones públicas y
lugares de detención, y facilitar el establecimiento de una oficina permanente
de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Venezuela.
2.
Garantizar el trabajo,
sin amenazas ni injerencias indebidas, de todos los defensores de derechos
humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y
otros activistas de derechos humanos.
3.
Reconocer la emergencia
y abrir plenamente el espacio humanitario, bajo el mandato de protección de los
derechos humanos, para implementar una respuesta acorde con la severidad y la
escala de la emergencia, tanto para el sistema de Naciones Unidas, incluida la
Oficina de la Alta Comisionada, como para otros actores, nacionales e
internacionales, y garantizar el transporte y libre acceso a las poblaciones
afectadas.
4.
Dejar sin efecto la
Asamblea Nacional Constituyente y respetar el legítimo funcionamiento de la
Asamblea Nacional, incluyendo la inmunidad de sus miembros, así como tomar las
medidas para restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia
independiente e imparcial con base en los estándares internacionales.
5.
Dar cumplimiento a
todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección, aceptando su
apoyo, y acelerar las visitas ya solicitadas por los Procedimientos Especiales,
como parte de los planes de recuperación que garanticen todos los derechos
humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y
ambientales.
6.
Poner fin de inmediato
a las prácticas de tortura que han sido denunciadas en diversos centros de
detención y a las desapariciones forzosas incluso por períodos breves, así como
a la represión en manifestaciones que están causando pérdidas de vida y otros
daños humanos irreparables.
Conclusiones
Señor Presidente y miembros del Consejo,
Vivir hoy en Venezuela, sobre todo fuera de la
capital, Caracas, es esperar horas o días para poner gasolina y no contar con
transporte público. En algunas ciudades es no tener servicio eléctrico por más
de 6 horas al día, a veces por semanas, con temperaturas de más de 40 grados
centígrados. Sin electricidad, no es posible almacenar alimentos refrigerados;
y muy pocas familias tienen acceso a ellos porque les costaría más de 400
dólares al mes, con un salario mínimo de 6 dólares. Para la mayoría que vive en
pobreza extrema, significa escoger cuál de los hijos irá a la escuela, porque
solo uno se habrá alimentado. Los demás serían parte del millón de niños que ha
dejado de estudiar. Quizá no habría clases porque la maestra se desmayó, también
por hambre, o se vio forzada a migrar. Quizá estos niños estarían con la
abuela, como parte de los 800 mil niños dejados atrás, porque los padres van
camino a la frontera forzados a migrar. Y la abuela apenas podría apoyarlos
porque sería una de los 7 millones de personas que no consigue sus medicinas
para la hipertensión y la diabetes.
Si fueran a un hospital público, no los dejarían pasar
porque la milicia y otros grupos de civiles armados o “colectivos”, limitan el
acceso para que no salga la información sobre la precaria situación. Sabrían
que en solo dos años murió el 30% de quienes necesitaban dializarse y que los
trasplantes de órganos se suspendieron hace
25 meses. Sabrían que la mayoría de las 5 mil personas
con hemofilia ya tiene daños irreparables y discapacitantes por falta de
factores de coagulación. Sabrían de las 4 mil mujeres que tienen cáncer de mama
que dejaron de tener acceso a medicinas para sus ciclos de tratamiento. Y las
70.000 personas con VIH les dirían que pasaron más de dos años sin tratamiento,
y los pocos que llegan alcanzan para 3 meses.
En las zonas de explotación minera, hoy extendida a
varios estados del país, verían inmensos impactos de daño ambiental que han
destruido las fuentes productivas e hidrológicas. Podríamos ir a comunidades
indígenas en estas zonas que ha significado la intervención de sus tierras
ancestrales y el control de mafias que incluyen a militares. Sabrían que hasta
allá no llegan medicinas para preservar la salud y la vida y que las leyes para
proteger sus derechos solo quedaron en papel.
Y al expresar descontento, porque esta no es manera de
vivir con dignidad, porque mujeres y niños mueren prematuramente y no hay
protección contra la violencia de género, si exigiesen derechos como personas
LGTBI o protestaran por falta de alimentos, agua y medicinas, serían objeto de
la política de represión que ha segado cientos de vidas, ha causado lesiones
irremediables a la integridad física de miles y ha provocado profundos traumas
sociales. Si estas protestas fueran en comunidades populares, la represión
estaría en manos de cuerpos especiales, civiles y militares, que allanan zonas
enteras con las caras cubiertas y son señalados por robo de enseres y
alimentos, violencia sexual y ejecuciones durante esos procedimientos.
Señor Presidente,
Millones de venezolanos claman ¡Auxilio!. Es preciso
detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y
corregirlas a fondo porque la emergencia va a empeorar. El gobierno del Sr.
Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver
este drama humano a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que
Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las
que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas
regiones del mundo.
Muchas gracias
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