Ibis Leon 10 de junio de 2021
Examen
preliminar. La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI),
Fatou Bensouda, espera anunciar “en cuestión de días” -antes del 15 de junio-
si debe abrirse o no una investigación en Venezuela por la comisión de crímenes
de lesa humanidad bajo el mandato de Nicolás Maduro.
Las
conclusiones de Bensouda se conocerán luego de agotadas las fases que establece
el Estatuto de Roma.
Conozca
el ABC del examen preliminar, un proceso que se extendió más de tres
años desde que un grupo de países denunció a Maduro ante la instancia
internacional.
A.-En
septiembre de 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA)
evalúa si la situación de violencia y represión suscitada en Venezuela, durante
las protestas antigubernamentales desde febrero de 2014, amerita la actuación
de la CPI.
El
exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, designado como asesor
especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, inicia
la recolección de evidencia que permita acreditar de forma razonable
la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
B.-El 8
de febrero de 2018, la
Fiscal de la CPI abre el examen preliminar sobre la
situación en Venezuela al menos desde abril de 2017 con el objetivo de
determinar si se ha satisfecho el umbral requerido (pruebas convincentes) para
iniciar una investigación formal contra los presuntos máximos responsables.
C.- En
mayo de 2018, el secretario de la OEA, Luis Almagro, remite a la CPI un informe
elaborado por expertos, liderados en una fase inicial por Luis Moreno
Ocampo, que considera al gobernante Maduro como uno de los autores
intelectuales de la represión en Venezuela.
El
informe describe “un patrón de ataques sistemáticos y
generalizados contra la población civil” que incluye detenciones masivas,
desapariciones forzosas, asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de
violencia sexual y señala a once individuos entre ellos Maduro y altos cargos
de su gobierno como responsables.
Se
documentan 131 ejecuciones
extrajudiciales, 8.292 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias y 289
denuncias de torturas, entre otros casos.
El
equipo de expertos está integrado por: el argentino Santiago Cantón, exsecretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el costarricense
Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; e
Irwin Cotler exministro de justicia de Canadá.
D.- De
manera inédita seis gobiernos: Argentina,
Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitan a la fiscalía de la
CPI que investigue al gobierno de Nicolás Maduro por supuestos
crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos el 26 de septiembre
de 2018.
Nunca
antes, desde la entrada en funciones de ese tribunal con sede en La Haya, en
2002, se había dado el caso de que estados parte del Estatuto de Roma
solicitaran un procedimiento contra otro estado miembro.
E.-El 13
de febrero de 2020 el gobierno de Maduro remite a la CPI un informe en el que
alega que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el territorio de
Venezuela “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales
adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de
América y solicita a la Fiscal inicie una investigación con miras a determinar
si una o más personas podrán ser imputadas por la comisión de estos delitos”.
F.-En
diciembre de 2020 la Fiscalía de la CPI inicia la fase
3 del examen preliminar luego de determinar que existen
fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad
en el país. Esto significa que evalúa la admisibilidad del caso considerando
dos principios: el de complementariedad y el de gravedad.
En
esta fase, la fiscal verifica si existen procedimientos en Venezuela
(investigaciones y juicios) contra los presuntos máximos responsables de los
crímenes, también considera si estos son pertinentes y auténticos. Es
decir, si garantizan
justicia para las víctimas.
G.-El
titular del Ministerio Público Tarek William Saab envió un tercer
informe a la CPI, en abril de 2021, en el que expone todas las actuaciones
que adelanta el Estado venezolano para sancionar a funcionarios vinculados con
la violación de derechos humanos apelando al principio
de complementariedad y así inhibir la actuación de la corte.
Sin
embargo, defensores de derechos humanos argumentan que mientras el estado no
garantice una efectiva justicia y reparación a las víctimas con la condena de
la cadena de mando, la CPI tiene competencia para accionar.
H.-Al
concluir el examen preliminar se pueden dar dos escenarios: o se cierra el
expediente o se abre una investigación formal contra los
supuestos perpetradores de los crímenes. En este caso, la Fiscalía da curso al
proceso de la mano de la Sala de Cuestiones Preliminares a la que puede
solicitar, en cualquier momento, la emisión de órdenes
de detención o de comparecencia para asegurar la aparición del
imputado en el juicio.
Para
que estas órdenes se materialicen es necesaria la cooperación de los estados (y
sus cuerpos de seguridad) con la Corte.
I.-El
estatuto de Roma exige que el acusado esté presente para que
pueda realizarse el juicio. La Sala de Cuestiones Preliminares
también puede determinar si la persona permanece detenida o se le otorga
libertad condicional para enfrentar el juicio. Si se decide que permanezca
detenida deberá permanecer en el centro de detención Scheveningen que está
cercana a la sede de la Corte en La Haya.
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