Ismael Pérez Vigil 07 de mayo de 2022
Vuelve
a la palestra el tema del voto de los venezolanos en el exterior. El Rector del
CNE, Roberto Picón, se ha referido al mismo, en diversas oportunidades, desde
que asumió el cargo; pero, fue la información divulgada en días pasados por la
organización SUMATE A.C., la que en realidad nos dio un aldabonazo de
advertencia de este problema real, complejo, de difícil solución.
No
cabe duda que el Registro Electoral (RE), su actualización, la votación, el
escrutinio y la promoción de la participación ciudadana de los venezolanos en
el exterior, responden a principios de equidad e igualdad de condiciones en el
ejercicio del derecho al voto, como las que se aplican para los venezolanos
residentes en Venezuela y que están establecidas en el artículo 294 de la
Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
Pero esa es la parte teórica, ideal, del problema, en la práctica, esto no es
así, ni por asomo; la complicación está al intentar implementarlo.
Los datos de Súmate.
La
información de SUMATE A.C., que se puede conseguir en su página Web, fue
divulgada en su cuenta de Twitter, que son los datos que vamos a evaluar: Si no
se actualiza el RE, 10 millones de venezolanos se podrían quedar sin votar en
las elecciones del 2024 o tendrían dificultades para hacerlo; según las
proyecciones de población, eso es casi el 39% del padrón electoral de esas
elecciones; de ese total más de 3 millones 300 mil, mayores de 18 años, que
están inscritos en el RE, pero ahora residen en el exterior, cifra a la que hay
que incluir 256 mil jóvenes, no inscritos y que cumplirán 18 años antes de
diciembre de 2024.
De los
otros 6 millones, que están en Venezuela y que según SUMATE no podrían votar o
tendrían dificultades para hacerlo, lo más grave es que tampoco podrán votar en
el 2025, cuando se elegirán Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes,
asambleas legislativas y concejos municipales.
Revisar
el RE para actualizarlo, librarlo de todas las irregularidades, existentes o
supuestas, para que los venezolanos le tengan confianza y, sobre todo, para que
voten quienes hoy están en el exterior, aunque no es una tarea fácil, es
posible realizarla en el tiempo que queda para esas elecciones, pues aún
podemos asumir que se llevarán a cabo en el tiempo normal, es decir a finales
de 2024.
Resolver
el problema en el país, que cuenta con una cierta estructura, aunque
complicado, es más fácil. Pero hacerlo en el exterior, si pretendemos resolver
el tema como si estuviéramos en Venezuela y de acuerdo con las normas y
legislación actual, es tarea prácticamente imposible; solamente hagan números
de cuántos “funcionarios” o “voluntarios” y cuántas horas hombre se necesitan
para actualizar y registrar casi 4 millones de personas en el exterior, para lo
que no existe ninguna estructura instalada.
El RE
es solo el primer paso.
Registrar
a los venezolanos en el exterior, no está exento de dificultades, pero es un
primer paso, allí solo comienza el proceso; con las normas actuales, después
habría que lograr que se establezcan en el exterior las Circunscripciones
Electorales que sean necesarias, de acuerdo con el número de votantes; crear
Organismos Subalternos, para organizar y facilitar la inscripción,
actualización y votación; establecer Centros de Votación y Mesas Electorales,
para garantizar la fluidez y el ejercicio del voto −actualmente solo se vota en
consulados y hay muchos cerrados−; probar los mecanismos para la recolección y
trasmisión de resultados; y por supuesto, formar miembros de mesa, observadores
y testigos que vigilen el proceso. Todo eso hay que hacerlo para una población
de votantes equivalente a los actuales estados Zulia y Miranda juntos, pero que
está dispersa por todo el mundo. Tarea ciclópea, titánica y −por qué no
decirlo− absurda.
Necesario
pensar diferente.
Por lo
tanto, no solo hay que empezar cuanto antes. Mas importante es convencerse
que hay que pensar en el problema de manera diferente; como ya dije, no
pretender resolverlo como se resuelve en el país, pues si seguimos pensando
así, el problema no tiene solución y esto favorece las expectativas del régimen
de mantenerse en el poder.
Ya hay
muchos grupos, organizaciones de los partidos y de la sociedad civil, expertos
en la materia, que han planteado soluciones diferentes y adecuadas: voto
remoto, a distancia o por Internet, que no son un sueño, ni un privilegio de
países desarrollados; pues países tan lejanos como Estonia y tan cercanos como
Panamá y México, tienen votación por internet, desde hace tiempo −2017, 2019 y
2021, respectivamente− y de manera exitosa; México lo tiene incluso para
elecciones regionales. (Ver: Voto en el exterior: el ámbito para la
innovación electoral, Leandro Querido, El Nacional, mayo 5, 2022, https://bit.ly/3vWxYue ).
Modificaciones
legales necesarias.
Sabemos
también que la posibilidad de que quienes viven en el exterior puedan votar en
elecciones nacionales −presidenciales o referendos− depende de que se
modifiquen varias disposiciones legales, que limitan realizar el RE y el acto
de votación como tal; la principal es la limitación del derecho al voto a
quienes no tengan residencia legal en otro país, que como sabemos hay muchos
venezolanos que están en esa condición; y también la disposición de que el
único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada −y no el
pasaporte−, pues muchos en el exterior no tienen cédula ni la pueden obtener; y
además, las limitaciones legales para registrarse en el RE de manera telemática
o por internet.
Hacer
esas modificaciones, en leyes orgánicas y reglamentos, no debería suponer mayor
dificultad, si hay la voluntad política para ello; pero, tengamos claro que
modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) que ello implica,
supone la intervención de la Asamblea Nacional, que todos sabemos cuál es su
tendencia y filiación actual.
Decisión
política y acuerdo político.
Por lo
tanto, de lo que tenemos que estar conscientes es que, sin una decisión
política y un acuerdo político, eso no es posible. Por “decisión política”
entiendo el firme deseo de hacerlo, sin posiciones abstencionistas o de
desánimo, por parte de los opositores que deseamos salir de este régimen por la
vía electoral.
Por
acuerdo político, entiendo una negociación y acuerdo con el régimen para
acometer esta tarea. Sin ese acuerdo, para emprender todas estas
modificaciones, el proceso no va a avanzar. No es difícil suponer que el
régimen no está dispuesto a hacer nada por solventar la situación, pues supone
con razón, que la mayoría de los que hoy viven en el exterior, votarían en su
contra.
El
problema, nada trivial, se nos “reduce” a como forzar al régimen a sentarse a
negociar un acuerdo político que permita resolver la situación, de los millones
de votantes que en Venezuela y el exterior, hoy no lo pueden hacer.
La
dificultad real.
Esa es
la dificultad real, por dos razones, por demás obvias; una, ¿cómo nos ponemos
de acuerdo para ir a un proceso electoral si estamos entrampados en disputas
internas en los partidos y entre partidos?, que no nos hemos podido poner de
acuerdo ni siquiera en el método para escoger candidatos, para acordar un
programa de gobierno y un mensaje de esperanza y futuro con el cual llegarle a
la población; y dos, que tampoco tenemos mecanismos claros de presión
internacional para forzar al gobierno a una negociación, sobre todo si hay
grupos de la sociedad civil en la oposición, unos proponiendo levantamiento de
sanciones y otros su intensificación.
Tareas
por delante
Tenemos
entonces varias tareas por delante:
- Una, tomar la firme decisión de participar
en los venideros procesos electorales: 2024, presidenciales y 2025 para
Asamblea Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Legislativas y
Concejos Municipales;
- dos, resolver nuestros problemas internos
para la selección de candidatos, consenso en un programa y un discurso
político a los electores;
- tres, desde luego, avanzar lo más que se
pueda en ubicar a los venezolanos en el exterior para que llegado el
momento se puedan registrar y votar;
- cuatro, proponer y lograr que quienes
votan en el exterior lo puedan hacer de forma presencial o remota, por
correo, pero sobre todo por Internet, que además reduce considerablemente
los costos del proceso, al no tener que desplazar personal para constituir
organismos subalternos, ni tener que disponer de centros electorales y
mesas de votación;
- cinco, desarrollar los mecanismos internos
de presión política, con base en las sobradas razones que hay en el país
para movilizar y organizar a la población contra la oprobiosa situación a
la que estamos sometidos;
- y seis, ponernos de acuerdo −con el apoyo
de quienes están en el exterior− en cómo lograr que se mantengan las
sanciones internacionales, único mecanismo de presión que hoy tenemos,
revisando las económicas y financieras que pudieran ser perjudiciales para
la población e intensificando las personales contra los funcionarios del
régimen, sus familiares y testaferros.
Para
quienes están en el exterior, pasar de la consigna “el voto de la diáspora”, a
trazarse objetivos que sean realmente la solución del problema, es una tarea
prioritaria.
Ismael
Pérez Vigil
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