El dilema actual de la política venezolana, por Pedro Trigo, s.j.

Pedro Trigo, s.j. 16 de julio de 2022

Hoy los actores políticos que hacen vida en el país se debaten entre la pérdida de popularidad, explorar el modo más conveniente de gobernar y la eterna pugna por alcanzar el poder o, en el caso del actual Gobierno, mantenerlo. Pese a los vastos esfuerzos, prevalece la falta de acuerdos y aumenta el descontento de los ciudadanos que sobreviven cada día, padeciendo las consecuencias en primera persona, pero cada vez más desligados de la realidad política

El Gobierno: tres posibilidades

Para comprender al Gobierno actual hace falta remontarse a Chávez. Él fue totalitario, tanto en el sentido textual de que pretendía cambiar todo ya que insistía que todo estaba mal y él nos quería llevar a la máxima felicidad, como en el usual de que, como solo él conocía la meta y el camino, todos teníamos que seguirlo. Ahora bien, el seguimiento para muchos no fue forzado, sino entendido como la realización de su máxima posibilidad. Por eso decían y escribían en las paredes: “yo soy Chávez”, “todos somos Chávez”. Esto fue así por su capacidad de encantar, unimismado en torno a sí.

Por eso solo persiguió selectivamente, pero permitió opinión en contra y organizaciones de todo tipo, no solo independientes de sí, sino contrarias a él. Le parecía que le bastaba con el apoyo que tenía y esa permisividad era el indicio más fehaciente de que la mayoría era íntimamente suya; ese apoyo irrestricto, junto con la abundantísima renta petrolera por el aumento inigualado de los precios del petróleo, bastaban para realizar sus planes.

Hay que decir que no nos llevó a ningún sitio. Lo que sucedió fue que expropió a más de quinientas empresas y decayó enormemente la producción privada, y la pública era en gran medida improductiva. Nunca fue el país más rentista. Y esto no fue para él un fracaso por la negación de la condición de sujeto de los que aceptaban esta dirección. Sin percibir este elemento, él lo teorizó como la posibilidad que ofrecía la situación de que nadie explotara a nadie en el trabajo. Por eso para él, el socialismo del siglo XXI era un “socialismo rentista”.

Al desaparecer Chávez, desaparece la magia. Pero el Gobierno durante largo tiempo usó su figura para ampararse en ella. Aumentó enormemente la represión, tras lo cual bloqueó la televisión y la prensa independientes, pero se mantiene en buena medida, a pesar de constantes amenazas, la oposición política y social, y los partidos y organizaciones que le critican y caminan en una dirección incompatible con él. Esa permisividad es la que hoy está en jaque, empezando por las organizaciones de derechos humanos, porque el Gobierno teme que lo desestabilicen.

Hoy el Gobierno, y el partido, y los intelectuales que lo apoyan están en un dilema: democratizarse hasta cierto punto o instaurar una dictadura con todos los hierros. El apoyo para democratizarse es que son conscientes de que son minoría, pero no menos de que son la primera minoría, ya que los partidos de oposición están completamente desgastados. Y esa apreciación es correcta. Ellos no llegan al 25 %, pero ningún otro partido llega al 20 % y como en los partidos solo existe el aparato y este solo está pendiente del poder, no se van a poner de acuerdo porque todos aspiran a liderar la posible coalición, sobre todo porque no son capaces de ponerse de acuerdo en un programa serio y alternativo, dado que solo aspiran a obtener el gobierno.

Ahora bien, democratizarse implica para el chavismo tomar en serio al Estado, trabajar concienzudamente por reinstitucionalizarlo, y no menos darle el puesto que debe tener a la empresa privada, sin que esto signifique darle carta blanca, ya que debe dar salarios congruos y pagar impuestos para que funcione el Estado y para balancear la desventaja abismal de los de abajo. Es decir, significa tener, por fin, un plan de gobierno que sea plausible y que pueda conducir a que de ser la primera minoría pase a ser mayoría, verdadera mayoría, al representarla realmente.

Un aspecto especialmente difícil, pero muy relevante es el de poner fin a la violencia arbitraria, tanto de bandas organizadas y de ciudadanos, como ante todo de los cuerpos de seguridad del Estado y ejercer únicamente la violencia atenida al derecho, de tal manera que se acabe tanto la impunidad como la violencia arbitraria, empezando por los ajusticiamientos extrajudiciales masivos. El Estado ganaría mucho ante la ciudadanía si se abocara seriamente a logarlo.

¿Cuál es el riesgo de emprender este camino? Perder el gobierno, incluso la mayoría en los otros poderes, señaladamente en el Judicial y exponerse a ser enjuiciados e ir a prisión para toda la vida. Como se ve, se juegan mucho.

El riesgo de la dictadura con todos los hierros es el desgaste, el aislamiento y la posibilidad de ser derrocados, al no ser con ese proceder ni siquiera la primera minoría sino minoría absoluta, odiada por la mayoría, que se uniría en contra suya por ese abuso incesante del poder, que no ofrece a cambio nada que compense, como ofrecieron las dictaduras de la primera mitad del siglo XX que garantizaban seguridad como ámbito propicio para el progreso.

¿Existe la posibilidad del Estado comunal como una tercera posibilidad? Todo depende de si cuenta con suficiente apoyo popular para nombrar los cuadros necesarios para que exista una mínima institucionalidad y si ese apoyo tiene suficiente calidad como para que el aparato funcione. Es dudoso que exista ese apoyo y más todavía que esté tan capacitado y con tal actitud que realmente gobierne y no se contente con mantener el poder buscando su propio provecho, porque en ese caso estaríamos con otra versión de la dictadura, a la larga más ineficaz y con más oposición popular.

La oposición: un proceso imprescindible

Hasta ahora hemos contemplado las posibilidades del Gobierno. ¿Cuáles son las de la oposición? La oposición que representa Juan Guaidó ignora completamente al pueblo y se aprovecha del Estado igual que el Gobierno, pues vive del apoyo exterior con los recursos del Estado venezolano que están en esos países y sus gobiernos le suministran. Los otros partidos no están mucho mejor, aunque no sean tan clasistas. A corto plazo no tienen nada que hacer. En el supuesto negado de que llegaran al poder, provocarían que en la siguiente elección ganara el chavismo porque no aportarían ninguna superación de la situación.

Necesitan emprender un proceso largo de pensar analíticamente la realidad para que desde ella salga un verdadero proyecto político. Este proceso tendría que hacerse en el partido democráticamente, es decir, deliberativamente, exponiendo razones basadas en la realidad y tomando decisiones mancomunadas con base a ellas. De este proceso tendrían que salir también los verdaderos líderes. Todo esto tendría que hacerse no de espaldas al pueblo sino en su seno y en interlocución con él. Que emprendan este proceso es decisivo para Venezuela, por eso tenemos que apoyarlos para que elijan este camino y se mantengan en él.

A este proceso tendrían que ayudar decisivamente organizaciones sociales que no tengan aspiraciones políticas y representen legítimamente a sectores de la sociedad civil, que aportan tanto horizontes y tareas como visiones de la realidad bien fundadas y proyectos sectoriales sobre ella. Los partidos tendrían que apoyarse en ellas y representarlas de hecho, ya que no formalmente. Hay que decir que, gracias a Dios, estas organizaciones sí existen.

Solo a través de este proceso, que exige tiempo cualitativo que no se puede acortar, los partidos podrían representar una alternativa superadora. Si pretenden saltar estas etapas, solo habrá más de lo mismo. También el partido de Gobierno necesita de este proceso. Tiene que ser consciente de que necesita anudar de nuevo con la ciudadanía, pero no ya con base al encantamiento de un líder ni, menos aún, a dádivas, sino con base en propuestas superadoras, sostenidas realmente y no como anzuelos electorales.

Vistos todos estos elementos, concluimos que sí es razonable que el Gobierno entre en este proceso genuinamente democratizador, aunque tenga que hacerlo por pasos graduales y así lo tienen que aceptar los demás actores que, como hemos insistido, también necesitan de tiempo, un tiempo muy activo, guiado siempre por el afán de hacer justicia a la realidad y aportar solución viable al país y para ello de transformarse en cuerpos orgánicos y deliberativos.

Los ciudadanos: asumir la responsabilidad, echarle cabeza e interactuar

¿Qué les tocaría a los ciudadanos? Ante todo, no desentenderse de esta realidad ni, menos aún, aprovecharse de ella, sino, por el contrario, responsabilizarse de ella. Asumir su pertenencia al país y vivir echándole cabeza a lo que sucede para hacerse cargo de las diversas variables, del estado en que se encuentra y de las transformaciones necesarias.

Además, conversar en sus diversos entornos vitales con base en razones para crear opinión que sea en verdad opinión pública, que haga saber al Gobierno y a la oposición lo que piensa, siente y quiere la ciudadanía. Y apoyar lo que ven que va por buen camino y repudiar lo contrario. No resignarse nunca a un estado de cosas absolutamente insatisfactorio.

Un aspecto decisivo es que la ciudadanía tiene que deslindarse de los ciudadanos que se han corrompido. Los canales de corrupción son los siguientes: participar con la complicidad de personeros del gobierno de empresas mixtas o del gobierno de las que extraen ganancias ilícitas operando frecuentemente a pérdida; trabajar como emprendedores por cuenta propia en actividades necesarias, como por ejemplo reparaciones domésticas o en empresas por las que cobran precios exorbitantes, sin ninguna relación con los costos, porque no existe ninguna regulación en el mercado y hay poca competencia. Esto mismo hacen no pocos que compran a los productores los productos del campo y los llevan a las ciudades.

El Estado ganaría mucha credibilidad entre los ciudadanos si pusiera orden en el mercado de trabajo y de mercancías.

Pedro Trigo, s.j.