Cada año los órganos legislativos de los países toman decisiones sobre los recursos públicos que se utilizarán. Para ello se aprueban las leyes de presupuesto de los gobiernos nacionales. Las implicaciones de estas leyes abarcan desde la política fiscal hasta las inversiones específicas en los servicios sociales o en infraestructura, entre otros aspectos. De acuerdo con los montos y características de los gastos públicos presupuestados, múltiples actores, tanto nacionales como internacionales, pueden definir escenarios para sus propias decisiones. Es, sin dudas, la decisión más importante que toman los órganos que representan a las sociedades de los países.
De acuerdo con la relevancia de las leyes de presupuesto, se debería tener la mayor cantidad y calidad de información disponible para ser utilizada por la diversidad de instituciones de las sociedades. De esta manera se podría realizar el seguimiento de la pertinencia e impacto de las inversiones públicas. Y, en estas condiciones, se tendrían opiniones fundamentadas para la discusión presupuestaria del año siguiente.
Lamentablemente, lo anterior es solamente teoría. Muy diferente es la situación cuando se explora la disponibilidad de información sobre los presupuestos públicos. Tomemos, solo como ejemplo, a cinco de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela). En estos países el gasto del gobierno representa en promedio cerca del 30% del PIB.
Lo deseable es que la información sobre el presupuesto esté disponible en los sitios web de los ministerios relacionados con la economía y las finanzas públicas. En tres países (Bolivia, Ecuador, y Venezuela) no se encuentra la información sobre el presupuesto del año 2023 (en Venezuela el último presupuesto corresponde al año 2016). En Colombia y Perú sí es posible conocer el presupuesto de 2023, incluso con la ejecución de estos recursos en los primeros meses del año. Sin embargo, en estos dos últimos países la utilización de los datos está limitada por lo engorroso que resulta su manejo.
Las dificultades para el seguimiento de la ejecución presupuestaria en los países, afecta la transparencia que debe caracterizar la asignación de los recursos públicos. Y, en consecuencia, impide que las organizaciones de la sociedad puedan intercambiar sobre la implementación de las políticas públicas, especialmente cuando existen compromisos de los países en alcanzar metas de desarrollo (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030).
También es bastante claro que facilitar la información para el seguimiento de los presupuestos no es un problema de recursos tecnológicos o de información. Es más bien una ausencia de real vocación por incorporar a los ciudadanos en las tareas relacionadas con las políticas públicas.
Si hubiera una mayor preocupación para favorecer la participación ciudadana, se podrían generar mejoras sustantivas en la calidad de estas políticas públicas. Que la información sobre los presupuestos nacionales no sea un bien público, es una restricción sustantiva para el desarrollo sostenible en América Latina.
https://talcualdigital.com/los-desconocidos-presupuestos-publicos-por-marino-j-gonzalez-r/
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