Candidatos bajo asedio / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Nuevos y gravísimos hechos de violencia se suscitaron esta semana contra uno de los precandidatos presidenciales de la oposición, esta vez durante un acto de campaña de Henrique Capriles Radonsky en el estado Apure, donde ejerce la gobernación un connotado y muy favorecido representante de la cúpula en el poder, Eduardo Piñate.

El saldo fue uno de los peores registrados en esta cadena de ataques dirigidos contra actividades de los partidos de oposición y sus candidatos: 39 heridos, varios de ellos con objetos contundentes, 4 motos y 9 celulares robados, 98 sillas y 4 mesas destrozadas o hurtadas, equipos de sonido dañados, destrozos en vehículos y viviendas cercanas. Datos publicados por HCR.

No son, por supuesto, acciones espontáneas ni sobrevenidas. Son deliberadas y planificadas desde el momento en que se anuncia la visita de un precandidato presidencial, sobre todo si se trata de los que tienen mayor visibilidad o respaldo popular, como es el caso también de María Corina Machado. En el caso de Apure lo demuestran, entre otras señales, la pintura negra que portaban los agresores y con la cual bañaron a algunos de los presentes.

Tras la agresión vino otro tipo de agravio: un joven barbado, de lentes y franela roja, acompañado de hombres y mujeres encapuchados y en tono festivo, levanta una bandera del partido Primero Justicia y le prende fuego. «¡Juégala… juégala..!», se oye al fondo mientras el incinerador dice exultante: «¡esta es la bandera de los opositores!». Un venezolano muy joven que probablemente en su vida lo único que ha visto como estilo de gobierno ha sido la concepción que ha regido estos años, según la cual en política «todo se vale» y si es contra el adversario mucho mejor.

Que ese joven es cercano al círculo del gobernador Piñate lo confirman fotografías donde ambos aparecen en selfies tomadas en actos políticos. Vale la pena preguntarse si alguna vez veremos un gesto, siquiera un aguaje, del fiscal general para desmentir que más que garante de los derechos civiles y políticos de los venezolanos es cómplice de la impunidad en estos casos que peligrosamente van abonando el terreno para peores incidentes.

Lo que proyectan las actuaciones de estas hordas oficialistas es un verdadero desenfreno que en cualquier momento pueden escalar a niveles de impredecibles consecuencias, sobre todo en lo que respecta a la vida de las personas. Los rostros bañados en sangre que el martes 15 aparecieron en Apure. ¿Dónde será la próxima vez?

«¿Esta es la paz y la estabilidad de la que tanto habla el peor gobierno de la historia? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la protección a los venezolanos?», protestó en sus redes Capriles, quien acumula siete agresiones desde el 29 de mayo. Llamó la atención de organismos internacionales, como la ONU y el Fiscal de la Corte Penal Internacional.

A la violencia contra los actos de los precandidatos se suman otras condenables señales: la amenaza de muerte denunciada por Delsa Solórzano y la vandalización de una casa de la organización de la candidata Machado. «Montajes» es la respuesta despreciable que tales denuncias reciben.

Nicolás Maduro quiso marcar distancia de estos sucesos: «Nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado ni de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas». No es verdad y es largo el historial de otros actos de la oposición bajo ataque de Círculos Bolivarianos u otros paramilitares, incluso con saldo de fallecidos.

Lo más importante no es que lo diga Maduro, sino la instancia partidista donde estos actos no merecen ninguna desaprobación o crítica, sino burlas y sarcasmos: «Ay, nos persiguieron, nos golpearon, nos vieron feo…». Y luego viene la justificación porque los opositores pidieron sanciones o, como dijo el gobernador Gerardo Márquez, otro instigador de la violencia: «Nos quitaron el estado de bienestar». Sí, hombre.

Los venezolanos no merecemos vivir en este clima de violencia y de zozobra instigado desde las altas esferas del gobierno utilizando el amplio poder de los medios públicos. Una condenable política de estado que debe ser detenida cuanto antes.

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