ACNUDH 30 de abril de 2024
@UNHumanRights
Desde
diciembre de 2023 se reporta en Venezuela un aumento alarmante de
desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de
expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, señalaron
hoy expertos de la ONU*.
En su
mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal
partido político de oposición, así como miembros del ejército.
“Mientras
el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las
desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el
derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“Estas
detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones
forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales
privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención
reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el
contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los
expertos.
Privar
a una persona de su libertad, seguida de la negativa a reconocer su detención,
u ocultar su suerte o paradero, la coloca fuera de la protección de la ley.
Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de
dicha privación de libertad u ocultamiento, afirmó el Grupo de Trabajo.
"Es
crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas
privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares
y representantes legales de su elección", dijeron los expertos.
El
delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos
humanos, dijeron. Estos incluyen el derecho al reconocimiento como persona ante
la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, y el derecho a no ser sometido
a tortura.
"También
se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona
desaparecida", dijeron.
"En
estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a
menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención
donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y
pueden estar expuestos a represalias", afirmaron los expertos. El Estado
tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos. La
impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las
instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.
"Exhortamos
al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de
desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el
paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por
el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a
comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia
letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar
la legalidad de su detención", dijeron los expertos.
El
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto
con las autoridades al respecto y expresó al Gobierno su disponibilidad para
brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se
respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus
familiares. respetados y que todos los casos de desaparición forzada sean
investigados y abordados de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos.
* La
Sra. Aua Baldé (Presidenta), la Sra. Gabriella Citroni (Vicepresidenta), la
Sra. Angkhana Neelapaijit , la Sra. Grażyna Baranowska y la
Sra. Ana Lorena Delgadillo Pérez son miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias .
Los
Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos
Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones
específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los
expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son
personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes
de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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