El
reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), alertó de la compleja situación económica y social en
Venezuela, tras una evaluación durante el periodo comprendido entre el 1 de
mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.
El
sector de la salud enfrenta serios desafíos, en el documento, el ACNUDH señala
una escasez de personal médico y de enfermería, lo que afecta al 74,6% y 73,5%
de los centros de salud del país, respectivamente, perjudicando “la
accesibilidad, la calidad y la disponibilidad de la atención médica” en
Venezuela.
En
cuanto al derecho a la salud, el ACNUDH documenta escasez del 27,2% de los
“medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades comunes como la
diabetes, las convulsiones y las infecciones respiratorias”. De igual manera,
las zonas rurales e indígenas son particularmente vulnerables, enfrentándose a
una mayor exposición a enfermedades como la malaria, la tuberculosis y “otras
enfermedades que afectaban desproporcionadamente a niñas y niños”.
Desde
diciembre de 2023 se reporta en Venezuela un aumento alarmante de
desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de
expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, señalaron
hoy expertos de la ONU*.
En su
mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal
partido político de oposición, así como miembros del ejército.
“Mientras
el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las
desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el
derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“Estas
detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones
forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales
privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención
reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el
contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los
expertos.
Privar
a una persona de su libertad, seguida de la negativa a reconocer su detención,
u ocultar su suerte o paradero, la coloca fuera de la protección de la ley.
Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de
dicha privación de libertad u ocultamiento, afirmó el Grupo de Trabajo.
"Es
crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas
privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares
y representantes legales de su elección", dijeron los expertos.
El
delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos
humanos, dijeron. Estos incluyen el derecho al reconocimiento como persona ante
la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, y el derecho a no ser sometido
a tortura.
"También
se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona
desaparecida", dijeron.
"En
estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a
menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención
donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y
pueden estar expuestos a represalias", afirmaron los expertos. El Estado
tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos. La
impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las
instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.
"Exhortamos
al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de
desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el
paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por
el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a
comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia
letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar
la legalidad de su detención", dijeron los expertos.
El
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto
con las autoridades al respecto y expresó al Gobierno su disponibilidad para
brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se
respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus
familiares. respetados y que todos los casos de desaparición forzada sean
investigados y abordados de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos.
* La
Sra. Aua Baldé (Presidenta), la Sra. Gabriella Citroni (Vicepresidenta), la
Sra. Angkhana Neelapaijit , la Sra. Grażyna Baranowska y la
Sra. Ana Lorena Delgadillo Pérez son miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias .
Los
Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos
Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones
específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los
expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son
personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes
de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
Centro de Comunicación Nacional 29 de junio de 2022
@Presidencia_VE
Este miércoles,
la Alta Comisionada de la ONU para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet,
presento su informe escrito sobre la situación de los Derechos Humanos en
Venezuela, en el marco del 50 período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos.
Michelle
Bachelet manifestó que su oficina continúa observando desafíos en cuanto a los
derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales las poblaciones
indígenas son las más afectadas. Asimismo, la oficina señaló que se siguen
reportando demoras indebidas en el sistema judicial, así como violaciones al
debido proceso; de igual forma, sobre las Organizaciones no Gubernamentales,
dirigentes de la oposición, y defensores de los derechos humanos siguen siendo
criminalizados y hostigados por el Estado.
La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet,
presentó una nueva actualización de la situación de los derechos humanos en
Venezuela, registrando 2 mil asesinatos por parte de las fuerzas del régimen en
ocho meses de 2020.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes
en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina
registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde
enero de 2020”, dijo ante el
Consejo de Derechos Humanos.
Excelencias
Distinguidas y distinguidos delegadas y delegados
Señoras y señores
La Misión Internacional Independiente de Determinación
de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por este Consejo,
tiene el honor de presentar a sus Excelencias las conclusiones de las
investigaciones que llevó a cabo durante el último año.
De acuerdo con el mandato que nos fue encomendado por
este Consejo el 27 de septiembre de 2019, hemos investigado ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de
asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las
víctimas.
Para ello, hemos adoptado una metodología rigorosa –
detallada en nuestro informe – que incluye la recopilación de información
directa de las víctimas y testigos, expedientes judiciales y otros documentos,
material audiovisual debidamente analizado y verificado, e información
proporcionada por integrantes de fuerzas de seguridad y servicios de
inteligencia del Estado, así como por miembros de órganos judiciales. Esta
metodología se ajusta a la metodología adoptada por otras misiones de
determinación de hechos creadas por este Consejo, y a las buenas prácticas
establecidas por variadas entidades de las Naciones Unidas para la
investigación de violaciones de derechos humanos. Gracias a los avances
tecnológicos, nuestro equipo, compuesto por profesionales altamente competentes
y dedicados, hizo un trabajo excelente de recolección de dicha información, de
forma segura y confidencial, incluyendo fuentes que se encuentran, en gran
parte, aún dentro de Venezuela.
La única razón por la cual no hemos realizado
actividades de investigación in situ en Venezuela fue porque el Gobierno de
Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo. He enviado seis comunicaciones
al Gobierno de Venezuela entre enero y septiembre de este año y no he recibido
ninguna respuesta. En estas comunicaciones solicité no sólo realizar una visita
al país, pero también sostener reuniones con autoridades dentro o fuera del
país. Igualmente, solicité datos oficiales e información sobre los casos que
estábamos investigando. Ofrecimos también enviar al Gobierno nuestro informe
para sus comentarios antes de publicarlo. No recibí respuesta alguna.
Lamentamos profundamente que esta haya sido la ruta escogida por el Gobierno.
Con base en la información que recolectamos y
analizamos, hemos concluido que graves violaciones de los derechos humanos
ocurrieron en Venezuela durante el período en el cual este Consejo nos encomendó
investigar, las cuales fueron perpetradas directamente por miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia tanto
civiles como militares. Estas violaciones incluyen: ejecuciones extrajudiciales
cometidas en el marco de operaciones de seguridad, privaciones arbitrarias de
la vida de personas participando en protestas, detenciones arbitrarias y actos
de tortura y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual, en
contra de personas que expresaban su desacuerdo con el Gobierno o que eran
percibidas como opositoras al gobierno, así como desapariciones forzadas, entre
las cuales destacamos el caso de cinco hombres que siguen desaparecidos tras la
operación militar en Barlovento.
Estamos conscientes de que estas violaciones han sido
objeto de reportes presentados en repetidas ocasiones ante este Consejo; los
más recientes siendo los informes de marzo y julio de este año presentados por
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Nuestro análisis completo y minucioso
de los 223 casos que hemos investigado – 48 de los cuales están documentados en
más detalle en nuestro informe – complementado por un análisis legal, nos llevó
a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas
como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, y de
conformidad con políticas de Estado, y que, por esa razón, constituyen crímenes
de lesa humanidad. Autoridades de alto nivel de las fuerzas de seguridad del
Estado y servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel del
Gobierno, que ejercen autoridad y control sobre esas fuerzas, adoptaron dichas
políticas y contribuyeron a su implementación, lo cual resultó en la comisión
de los crímenes documentados. Como indicamos en nuestro informe, el estándar de
prueba bajo el cual Misiones como la nuestra formulan sus conclusiones –
“motivos razonables para creer” - es más bajo que aquel necesario para condenar
a una persona en un proceso penal. Por ende, le corresponde a las autoridades
judiciales competentes determinar responsabilidades individuales de conformidad
con la legislación penal pertinente.
Recomendamos que las autoridades venezolanas pongan
fin, de inmediato, a las graves violaciones a los derechos humanos que hemos
documentado, que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los
responsables de dichas violaciones, y que garanticen la justicia para las
victimas – incluyendo la reparación del daño sufrido, su protección y acceso a
la asistencia que necesitan. En nuestro informe ofrecemos recomendaciones
detalladas de medidas que consideramos que el Estado debe implementar en este
sentido.
Lo digo claramente: una de estas recomendaciones es
que el Estado venezolano coopere con la Oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos. Así como con cualquier otro órgano establecido por este
Consejo. No existe antagonismo, ni real ni supuesto, entre estas labores. Es
imperativo investigar y juzgar los responsables de las violaciones cometidas,
monitorear y prevenir que éstas se repitan, y sobretodo, brindar justicia a las
victimas.
Hemos actuado con total independencia e imparcialidad.
Por ello, sostenemos todos los resultados de las investigaciones y las
conclusiones formuladas en nuestro informe que hoy, respetuosamente,
presentamos a sus Excelencias, en vista de un diálogo constructivo.
Oficina del Alto Comisionado de la ONU 16 de septiembre
de 2020
@OACNUDH
El
Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta
naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los
hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su
primer informe, publicado hoy. La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios
de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión
examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y
crímenes.
Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la
responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que
el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían
cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en
Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados
de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta
tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa
humanidad.
La
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet presenta una nueva actualización de su informe sobre la crisis en
Venezuela.
Desde
la sede del Consejo de DDHH en Ginebra, la funcionaria reiteró que el régimen
ha impedido el ingreso de los diputados al Palacio Federal Legislativo, además,
recordó los casos de los paralamentarios presos Gilber Caro e Ismael León.
Bachelet
también condenó los ataques contra periodistas en el Aeropuerto Internacional
de Maiquetía por parte de grupos identificados con el chavismo.
“Mi
Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes
y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran. El 11 de febrero,
fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan
Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados
agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político
en Lara”.
Actualización oral sobre la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela Sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Ginebra, 18 de diciembre de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,
Tras mi última actualización oral a este Consejo, el
20 de septiembre firmé una Carta de Entendimiento, junto con el Canciller del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos
de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta Carta formaliza la
presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles
acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención.
ONU-Derechos Humanos GINEBRA (30 de agosto de 2017)
Múltiples
abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el
contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a
la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e
infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, según las
conclusiones de un informe* publicado por la Oficina del ACNUDH.
“El
uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y
la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos
denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de
funcionarios aislados”, señala el informe.
