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domingo, 12 de abril de 2015

Radiografía de una mentira, Documental, recordando el 11 de abril 2002



11 de abril: Los olvidados, Eddie Ramírez


Por Eddie Ramírez, 11/04/2015

La masacre del 11 de abril del 2002, promovida por el teniente coronel Hugo Chávez y varios de sus acólitos, sigue sin ser investigada. Fueron asesinados 19 ciudadanos, nueve de ellos participantes de la marcha opositora que pretendía llegar a Miraflores a exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez y nueve identificados con el oficialismo. Además, hubo unos 200 heridos, casi todos de la fila opositora. Por razones que ignoramos, la juez Marjorie Calderón y los tres escabinos solo investigaron dos casos de homicidio y ocho de lesiones y sentenciaron hasta a 30 años de cárcel a los Comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como a seis efectivos de la Policía Metropolitana. Hoy, trece años después, permanecen detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde los policías Erasmo Bolívar, Luís Molina, Héctor Rovain, Marco Hurtado y Arube Pérez. Los tres Comisarios mencionados están detenidos en sus casas por confrontar serios problemas de salud que demoraron mucho en ser atendidos.

En el juicio se demostró que las balas encontradas en los cuerpos de los ciudadanos cuya muerte se investigó no procedieron de las armas de los policías. Además, las mismas tenían una trayectoria descendente, es decir de arriba hacia abajo, por lo cual es imposible que fuesen disparadas por los policías que estaban en un plano inferior, concretamente al sur de Puente Llaguno sobre la avenida Baralt.

La juez Calderón, según la prensa, es esposa de un destacado dirigente del Psuv y fue designada gracias a las gestiones de un ex socio del ex fiscal general Isaías Rodríguez. Como premio, en el 2014 fue designada Magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Dos de los tres escabinos eran beneficiarios de las Misiones sociales del gobierno. Haifa Aissami, fiscal acusadora en el juicio, es hermana de Tareck El Aissami, entonces ministro del Interior y Justicia y actual gobernador de Aragua. Hoy es embajadora ante el Reino de los Países Bajos. Evidentemente fue un juicio político, valiéndose de personas estrechamente relacionadas con el régimen.

Quienes estuvimos en la marcha del 11 de abril del 2002, y llegamos por la avenida Baralt hasta la esquina de Pedrera, podemos atestiguar sobre el comportamiento de la Policía Metropolitana. La misma procedió con profesionalismo intentando mantener separados a los pistoleros de Llaguno de quienes marchábamos pacíficamente. El libro Las balas de abril, del excelente periodista Francisco Olivares, ilustra claramente dónde se cometieron los asesinatos. En los casos de la Baralt los autores fueron paramilitares rojos y en los alrededores guardias nacionales plenamente identificados. En ese entonces se mencionó la presencia de francotiradores desde los edificios circundantes, lo cual nunca fue comprobado.

El libro El caso Vivas-Forero en el derecho internacional de los derechos humanos, de Marco Tulio Bruni-Celli, describe la grave violación al derecho de asilo por parte del gobierno salvadoreño, que entregó a los ciudadanos citados violando el principio internacional de “no devolución”. Los gobiernos de El Salvador, Costa Rica y Argentina se comprometieron a dar garantías diplomáticas para que hubiese un juicio justo, pero todo fue una farsa.

Los afectos del oficialismo y los familiares de las víctimas deben entender que no se hizo justicia. Quienes fueron sentenciados no son los culpables y los verdaderos asesinos están en libertad. La gran mayoría de los asesinatos no fueron investigados. Quienes dispararon son culpables y es necesario identificarlos, pero igualmente quienes convocaron a grupos civiles armados a ¨defender la revolución¨. Afortunadamente hay muchos documentos. A los libros citados debemos agregar el documental “Radiografía de una mentira”, de Wolfang Schalk y Thaelman Ungelles, que desmiente la versión oficial recogida en “La revolución no será televisada”. También está el libro “Verdades, mentiras y videos”, de Albor Rodríguez.

Los efectivos policiales que permanecen detenidos deberían disfrutar del beneficio de libertad por haber cumplido la mayor parte de una sentencia injusta. La sociedad civil está en deuda con ellos, ya que sin su intervención la masacre pudo ser mayor. También debemos agradecer la actuación del general Manuel Rosendo, quien se negó a aplicar el llamado Plan Ávila, que contempla sacar el ejército a la calle para reprimir. Mi reconocimiento a Mohamed Merhi, cuyo hijo fue asesinado y durante muchos años exigió justicia. A Malvina Pesate, quien resultó severamente herida, así como a todos los participantes de esa gran jornada cívica. Los olvidados son no solo los policías, sino también las víctimas de ambos bandos a quienes no se les ha hecho justicia. Es justo reconocer que Antonio Ledezma , hoy acusado arbitrariamente de conspiración y preso en Ramo Verde, fue el primer político que mantuvo una defensa constante de los presos políticos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

sábado, 14 de abril de 2012

Narrando el Futuro


Publicado en el Blog El Recadero el 13 de abril 2012

Estos son los días en que Venezuela mira a su pasado reciente y conmemora el décimo aniversario de lo que se ha dado en llamar los eventos de Abril del 2002. Eventos que por sus repercusiones, que aún hoy dividen a los venezolanos, son objeto de numerosas, variadas, emotivas y sobretodo sesgadas versiones desde toda las frecuencias del espectro social y político.

Esta no pretende ser otra remembranza sobre esos días y menos aún una crónica de actos heroicos personales que, quizás afortunadamente, la historia no puso en mi camino. De los eventos ya he escrito y no veo razón para repetirme: http://elrecadero.blogspot.com/2009/04/abril-11-2002-como-lo-recuerdo-por-luis.html.

Pero los hechos están ahí para al menos no ser soslayados, porque son parte de la historia que nos tocó y nos toca vivir, y al menos debemos tratar de sopesarlos porque de ellos estamos hechos, al menos en parte. De eso se tratan las líneas que aquí siguen

No hace mucho, en una de esas tardes de Bogotá en las que se alterna en jugueteo caprichoso la accidental llovizna con el sol de la montaña, conversaba sobre todo y sobre nada con un venezolano, de esos que uno se honra al tener de amigo. De repente, como quien descorre una cortina y deja entrar la luz, mi amigo me dijo una frase que me dejó estupefacto por su simplicidad y claridad: la política latinoamericana no tiene narrativa como no sea la del anti-imperialismo por un lado, y la del discurso académico sobre el rol del iniciativa privada en la economía por el otro

Eso nos hizo derivar en una conversación de el porque en la política latinoamericana, y en particular en la venezolana de las ultimas décadas, el discurso del anti-imperialismo, el revanchismo y el rencor, sobre todo en boca de los que Enrique Krauze llama los Redentores, pareciera germinar mejor en las grandes masas, que aquel que en aparente inutilidad trata de hablar de los conceptos de la libertad individual y de los valores de la sociedad liberal.

Gerver Torres, el amigo de mi historia, autor en la década de los noventa del siglo pasado de lo que quizás es una de las mejores narrativas que se hayan escrito sobre Venezuela: "Un Sueño Para Venezuela", ciertamente tiene algo que decir sobre este tema, sobre el cual arduamente trabaja, y aunque probablemente no tiene toda la respuesta, nos plantea la pregunta correcta.

Esto no hubiese pasado de ser otra conversación entre amigos, si no fuera porque porque en las mismas fechas otro amigo, Miguel Angel Santos, no hubiera subido a la red un video del premio Nobel de economía, Daniel Kanheman; una charla Ted llamada: "El acertijo de la experiencia vs. La memoria" (http://www.ted.com).

Kahneman argumenta en esa interesante charla , palabras mas palabras menos, que lo que nuestra memoria recuerda de nuestra experiencia no es la experiencia en si misma, si no una narrativa que construimos sobre ella, y que esa narrativa esta matizada en un alto grado por el final de la experiencia. En otra palabras, si la experiencia tuvo un final feliz, toda ella la codificamos en una narrativa que almacena ese final, y si por el contrario tuvo un final ingrato, ésta es así narrada por nuestra memoria, sin importar mucho la experiencia en si misma. Más aún, el cuento crece con cada contada.

Usando este modelo de Kanheman, es fácil entender que las memorias que hemos codificado acerca de los sucesos de Abril del 2002 sean variopintas. Los eventos objetivos: la violencia, las víctimas, etc., se han convertido en parte de una puesta en escena que se ajusta a la percepción de cada individuo y grupo, y se han convertido en un elemento de fractura social, más poderoso que los eventos mismos., aún hoy una década después.

Lo mismo aplica a la narrativa que se ha impuesto sobre el país que se venía desarrollando, a trompicones muchas de las veces, durante la segunda mitad del siglo XX. Y que decir de la leyenda negra del petróleo como excusa general para todos nuestros males sociales y políticos.

Vencer esa narrativa personal y grupal que divide a la sociedad venezolana, es el reto más grande que tenemos que enfrentar si queremos salirnos del circulo vicioso en que hemos caído como país.

Parafraseando a Gerver Torres, tenemos que crear una nueva narrativa que pavimente el camino hacia la Venezuela Posible, y que decodifique la división social a las que nos obligan las memorias que hemos “escogido” usar como partitura de nuestro pasado, tanto lejano como reciente.

Aunque desvincularse del pasado luce y es una cuesta muy difícil de remontar, Venezuela cuenta con una ventaja competitiva importante para ser exitoso en esa batalla: la juventud de su población. Ser joven es tener la capacidad de tener nuevas experiencias y codificar nuevas memorias a partir de ellas. Esta narrativa del futuro debe reemplazar la estéril visión del pasado con la que nos maniatan los que solo pueden ser relevantes en ese pasado. La obligación de los no tan jóvenes es entonces habilitar esas nuevas experiencias.

Es así como la mejor conmemoración y honor a la memoria de las victimas de los sucesos de Abril, y de eso es de lo que se trata en las elecciones que se avecinan, es abocarse a construir ese futuro, que no aflorará súbitamente, sino día a día, palmo a palmo.

Tomado de: http://elrecadero.blogspot.com/2012/04/narrando-el-futuro-estos-son-los-d-i-as.html

viernes, 13 de abril de 2012

Abril 2002.


Por el Grupo Productor el 13 de abril 2002

El clima político de esos días era altamente conflictivo, la Asamblea Nacional, mediante Leyes Habilitantes, había otorgado al Presidente poderes especiales para gobernar mediante Decretos-Leyes. El Presidente aprobó 48 Decretos Leyes lo que produjo un paro de 12 horas  el 10 de diciembre de 2001 con un respaldo del 90% de la población.

Entre tanto el Gobierno venía alterando la cultura organizacional de PDVSA, lo que provocaba el rechazo de la mayoría de sus trabajadores.

Adicionalmente se incumplía la contratación laboral de los trabajadores agrupados y organizados en la CTV.

Se llamó a un paro el 23 de enero de 2002. Además se producían protestas por diferentes causas diariamente.

Los factores señalados condujeron a que la CTV convocara a un paro el 9 de abril del 2002, secundado por el sector empresarial.

En el ambiente descrito, se despidieron, en cadena nacional y con show incluido a funcionarios de la nomina mayor de PDVSA y se colocó un Directorio que obedecía a razones políticas.

La constitución del 99 colocó en manos del presidente, exclusivamente, las decisiones sobre ascensos militares, los ascensos se estaban otorgando por razones políticas lo que producía malestar y descontento dentro de las Fuerzas Armadas.

El clima social se estaba cargando y se producían reuniones en las que se hacían llamados al acuerdo y la gobernabilidad, se elaboraban y presentaban documentos en este sentido.

Todo lo anterior describe el clima político social del momento, y se produce porque el gobierno trata de imponer un proyecto político sin los consensos necesarios.

El manejo de la crisis política que se estaba configurando requería de la acción de las instituciones que en democracia orientan este tipo de problemas, los Partidos Políticos, pero en Venezuela estas instituciones desde los años 80 venían debilitándose y perdiendo legitimidad.

La creciente ebullición en el ambiente político nacional y el malestar generado por la conducta autocrática del gobierno, conforman un clima tenso e impredecible, lo que fue configurando una crisis de gobernabilidad. Se convoca a una marcha para el 11 de abril.

Todas las acciones eran dirigidas por los sectores sindicales y empresariales, y la activación de los empleados de PDVSA.

Analizando a diez años de distancia, se pudiera establecer la teoría de que el gobierno en un esfuerzo de acelerar la imposición de su proyecto provocó la crisis, como una explosión controlada, a sabiendas de que con partidos políticos debilitados se iba a un callejón sin salida.

Hay señales que apuntan a la veracidad de esta teoría:


1.   Dos días antes del 11 se habían levantado hospitales de campaña en los alrededores de Miraflores.

2. En los días anteriores al 11, según cuentan personas que viven y trabajan en la zona, y ese mismo día se distribuyeron armas de diferente tipo y calibre a civiles con la finalidad de defender al gobierno, lo que es una anomalía.

3. Las inmediaciones de Miraflores se decretó como zona de seguridad, con lo que dicha zona estaba bajo el exclusivo control del las fuerzas de seguridad del Estado.

La marcha del 11 fue convocada para salir desde el Parque del Este y finalizaba en Chuao, en PDVSA Chuao. Gran cantidad de gente inició la marcha desde el punto señalado pero como era tanta, otros se dirigieron directamente a Chuao, la aglomeración era tan grande que los que llegaban de Parque del Este no veían la tarima de Chuao y mucho menos escuchaban lo que se decía. Lo que si se percibía en el ambiente era la decisión de la mayoría de las personas de manifestar su rechazo, aceptar el reto establecido por el Presidente de ir a Miraflores y solicitarle su renuncia. El cálculo de la cantidad de gente que marcho ese día se aproxima al millón de personas, no paraban en Chuao sino que continuaban caminando en dirección al centro y ocupando todos los canales de la autopista Francisco Fajardo. A la altura de la UCV y provenientes de esta, se percibieron disparos aislados, la mayoría no se percató y continuaron el camino indetenibles, con el espíritu de hacer patente el rechazo a una forma de hacer y de actuar que no coincidía con la democracia representativa vivida y conocida en el país.

Es de hacer notar que si el gobierno hubiera querido detener la marcha en la autopista pudo haberlo hecho sin mucha dificultad. ¿Por qué no lo hizo?

Al llegar la marcha al centro fue atacada por pistoleros y guardias nacionales con lo que se dispersó por las calles, los mayores grupos se dirigieron al Calvario y otros hacia la Av. Baralt, había muertos y heridos, la policía Metropolitana intentaba proteger y hacer retirar a las personas que protestaban, llevaban a los heridos a los hospitales cercanos, se comportaron como héroes. Había disparos horizontales de las personas que defendían al gobierno y de los uniformados de Guardias Nacionales.

Franco tiradores dispararon desde edificios que se encontraban en la zona de seguridad, ¿cómo pudo ocurrir esto dentro de este espacio? De estos franco tiradores algunos dispararon contra la marcha opositora y otros contra gente del gobierno, ¿o al mismo tiempo para un lado y para el otro? Esto es algo que en un futuro se debería investigar con seriedad.

Entretanto, el Presidente encadenó los medios de comunicación, los medios privados dividieron la pantalla, de un lado se veía y escuchaba al presidente y del otro el desastre que ocurría en la calle.

Si nos atenemos a lo que dijo José Vicente Rangel, refiriéndose a la clase media como cobardes que se retirarían al primer disparo, seguramente eso fue lo que pensó y planificó el gobierno, perdieron el control, la explosión controlada que habían aupado, resultó en una masa incontrolable de gente, el número de heridos y muertos hizo resquebrajar y derrumbar la estructura de poder.

En la red tiburón el presidente llamó a ejecutar el Plan Ávila, y los Generales no contestaron la llamada o no lo obedecieron, el gobierno estaba caído de hecho.

Dirigentes y Diputados afectos al gobierno hacían llamados por los medios a la gente para que acudieran a defenderlo, nadie fue. Algunos de los Diputados y Ministros empezaron o a tender puentes a la oposición o a buscar esconderse o irse vía embajadas.

Despuntando la madrugada el General Lucas Rincón apareció en los medios de comunicación, con el alto mando militar a sus espaldas, diciendo que se le había solicitado la renuncia al presidente, por lo acontecido durante la tarde anterior, y éste había aceptado renunciar. Para el país el presidente había renunciado, en realidad el presidente había conducido irresponsablemente al país a una crisis de ingobernabilidad, que culminó ese 11 de abril con una gran cantidad de muertos y heridos, esto condujo a que perdiera el apoyo popular y el apoyo militar, estaba de hecho caído. La renuncia era una obligación ética.

Acordaron que el presidente se entregara en Fuerte Tiuna y para garantizar su seguridad que lo acompañara monseñor Porras (esto por petición del presidente). En Fuerte Tiuna esa madrugada por algún acuerdo se llegó a que el empresario Pedro Carmona Estanga ocupara el poder transitoriamente, esto era incorrecto. El presidente pidió que lo dejaran ir a Cuba con su familia, no se aceptó.

En este punto se abre un paréntesis, para acotar que aparentemente durante el desarrollo de la crisis un grupo muy pequeño se preparó para la toma del poder y utilizó mecanismos para impulsarla, a espaldas de la mayoría, este fue el grupo que produjo el decreto que posteriormente se leyó en la juramentación de Carmona, lo que no está claro es si Carmona estaba desde el inicio con el grupo o este fué convencido durante el desarrollo de los acontecimientos el 11. Lo anterior se evidencia en las declaraciones de Henry Ramos Allup en las que indica que a él le habían presentado el decreto con anterioridad.

Los militares en cabeza del General Velázquez Velasco, estaban procurando no aparecer como golpistas, se dice que llamaron al vicepresidente, Diosdado Cabello y no fue posible encontrarlo, llamaron al presidente de la Asamblea Nacional y tampoco lo encontraron, es decir intentaron seguir los pasos constitucionales para la transición y esto no se posibilitó. Sugirieron entregarle a Carmona y así ocurrió.

Está debió ser una crisis que la sociedad manejara a través  de los partidos políticos, pero estos no tenían el respaldo necesario para conducir las circunstancias de la forma más apegada a la Constitución, por lo que se empezó a cocinar una nueva crisis.

Al día siguiente 12 de abril Carmona, quien no tenía ni la cualidad ni la representatividad necesaria, se auto juramenta y lee un decreto en el que prácticamente deroga la constitución, seguramente la crisis que esto genera no hubiera sido tan desbastadora, si no es porque adicionalmente nombra en los altos cargos militares a militares retirados que nada tenían que ver con los mandos naturales, Vázquez Velazco autoriza a Baduel a ir a rescatar a Chávez  de la Orchila.

Pequeños grupos inician protestas en apoyo a Chávez. Se supone que organizados por dirigentes del oficialismo.

El 13 en la noche regresa Chávez.

Cabe preguntarse algunas cosas.

1.  Las armas que entregaron previo a 11 y durante el 11 las recogieron o son la que están sirviendo para alimentar la escalada de violencia que vive el país.

2. Si Chávez es el responsable de la crisis de gobernabilidad que conduce al 11 de abril, ¿Cómo es posible que lo entronicen de nuevo en el poder? Vázquez Velazco debe una explicación a este respecto.

3. ¿Quiénes conforman ese grupo que secuestró la movilización democrática más grande que se haya hecho en Venezuela?

4. ¿Por qué ellos no han sido castigados?

5. ¿Por qué si se castiga a héroes que lo que hicieron fue salvar vidas?

Adicionalmente se hacen dos reflexiones:

1.  La crisis que se provoca en el breve tiempo de Carmona es el fracaso de la anti política. Los que auparon, desde los ochenta, la destrucción de los partidos políticos creyeron que había llegado su momento, momento en el que se quisieron montar apoyando a Chávez en el 98.

2. Partidos políticos fuertes son imprescindibles en una democracia, para que sean fuertes se necesita de militancia que los impulse y al mismo tiempo los controle.







jueves, 12 de abril de 2012

Muertos sin culpables: 11 de Abril de 2002



19 expedientes sobre los asesinatos cometidos durante los hechos del 11 de abril de 2002 y 73 investigaciones de heridos, ha recopilado la Organización No Gubernamental VIVE y el Grupo11

Un total de 19 personas fueron asesinadas el 11 de abril de 2002 en los alrededores de Miraflores, entre los que se suman el caso de un manifestante oficialista caído en circunstancias no esclarecidas cuando volvía en la noche a su casa en la parroquia 23 de Enero. Siete años después sólo las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano han llegado a juicio, condenando a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y siete PM de menor rango. Sin embargo, el proceso no esclareció los sucesos de aquel día, pues las pruebas no son contundentes.

Reseñas breves de los casos

1.-Jhonnie Obdulio Palencia, 29 años de edad
Estudiante universitario y militante del partido Bandera Roja. Muere por un disparo en la cabeza. Las experticias arrojaron que la trayectoria del proyectil fue de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Éste penetró por la región submentoniana, impactó la masa encefálica y salió del cráneo produciendo fractura del hueso temporal parietal y occipital derecho. Fue encontrado sin vida entre el Metro de El Silencio y el Liceo Fermín Toro y permaneció ahí, cubierto por una sábana, hasta el día siguiente cuando los cuerpos policiales finalmente pudieron llegar al lugar. Se presume que su muerte se dio a las 6 de la tarde. La planimetría hecha por investigadores de la policía científica e integrantes del Colegio de Ingenieros demostró que la bala que mató a Palencia provino de un FAL, armamento utilizado por la Guardia Nacional. La Fiscalía presentó acusación contra el cabo segundo Luis Alberto Carrero, los distinguidos Carlos Díaz Pérez, Elys Jaimes Navas y Luis Rodríguez Valera por este caso.

2.-Juan David Querales, 25 años de edad
Operador de llamadas de la Cantv, muere desangrado como consecuencia de un impacto de bala que le entra en la pierna, luego de rebotar en el suelo, perforándole la femoral. La trayectoria fue de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Se presume que falleció en las inmediaciones del Liceo Fermín Toro. Aunque estaba en la marcha opositora no tenía vinculaciones políticas. Era practicante de la Fe adventista y aspiraba a ingresar en la universidad para estudiar ingeniería. Querales asistió a la manifestación en compañía de sus cuatro hermanas y según algunos testimonios fue impactado por una bala mientras ayudaba a una mujer herida. El proyectil que causó su muerte era calibre 9 milímetros. Hasta ahora el Ministerio Público no ha imputado a nadie por este caso.

3.-Víctor Emilio Reinoso, 28 años de edad
Técnico superior en administración de empresas. Muere al recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el Liceo Fermín Toro. Las investigaciones indican que el proyectil atravesó la cervical, con una trayectoria de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Aunque un amigo que lo acompañaba indica que murió alrededor de las 5 y media de la tarde el Cicpc lo ubica media hora antes. Tenía previsto viajar el 12 de abril a República Dominicana para reunirse con sus familiares, así como montar una arepera. No militaba en ningún partido político. Se presume que la bala que lo alcanzó provino de un arma calibre 9 milímetros. La Fiscalía no ha imputado a nadie por su muerte.

4.-Alexis Bordones, 53 años de edad
Comerciante natural de Valencia. Muere entre las esquinas de Pedrera y La Gorda, frente a la tienda Dorsay, al recibir un disparo en la cabeza. Se encontraba de paso en Caracas conociendo a su nieta que había nacido una semana antes. Sus familiares se enteraron de su muerte a través de la televisión. El cuerpo de Bordones fue cubierto por los manifestantes opositores con una bandera nacional lo que fue ampliamente reseñado por los medios de comunicación. El caso fue archivado el 19 de marzo de 2007 por el Ministerio Público. Hasta la fecha nadie ha sido imputado por el crimen. Su hija Lianny Bordones considera que existe “discriminación” en la investigación que ha hecho la Fiscalía sobre los sucesos del 11 de abril: “Se sentencian algunos casos y otros se archivan. Todos los casos deberían ser tratados por igual”.

5.- Orlando Rojas, 49 años de edad
Según la autopsia que le realizaron “la bala le impactó en el cuello, atravesando la médula, y siguió una trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y descendente”. Murió 66 días después de haber recibido un disparo en la esquina de Pedrera, frente al centro comercial Metrocenter. De acuerdo a un informe elaborado por la Defensoría del pueblo, Rojas trabajaba cerca de la avenida Baralt. Al salir del trabajo se acercó a ver lo que sucedía recibió un disparo que lo dejó parapléjico, hasta que falleció. El caso de Rojas está totalmente paralizado, según lo señaló Alfredo Romero abogado de Vive, una organización en defensa de las víctimas. “Su caso no pasó de la investigación preliminar, esa fue la respuesta de la propia Fiscalía. Se realizaron muy pocas gestiones para resolverlo”, aseguró.

6.- Jorge Tortoza, 48 años de edad
La autopsia practicada a su cuerpo determinó que murió por un disparo en la cabeza que le provocó “fractura de cráneo con laceración de masa encefálica”. La bala, sin orificio de salida, se desplazó de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. La víctima falleció horas más tarde en el Hospital Vargas.

Tortoza recibió el disparo en la esquina de Pedrera, mientras realizaba sus funciones de reportero gráfico para el diario 2001. El pasado 1º de abril, la Fiscalía señaló que están imputados en su caso los funcionarios de la PM, Miguel Landaeta (por el delito de alteración del acto verdadero) y Mario Ortiz (apropiación indebida calificada en grado de continuidad y concusión); junto con la ex fiscal del Ministerio Público, Laila Hidalgo (por encubrimiento en el delito de homicidio calificado).

7.-Ángel Luis Figueroa, 29 años de edad
Según la autopsia practicada, Ángel Figueroa resultó muerto en horas de la tarde “por una herida producida por arma de fuego, de proyectil único, que impactó en el tórax izquierdo posterior, sin salida, lo cual produjo en definitiva una hemorragia interna”. Se presume que el arma con que fue atacado es de alta potencia y automática. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se presume que pudo ser herido entre las esquinas La Gorda y Pedrera, aunque se desconoce el lugar exacto. Se cree que luego de ser herido fue trasladado con la intención de llevarlo a un hospital, pero su cuerpo finalmente es encontrado a la altura del cine Baralt al día siguiente. Al parecer, Figueroa se dedicaba al comercio informal. Según Alfredo Romero, abogado de Vive, nadie reclamó su cuerpo. Su caso tampoco se ha resuelto.

8.- Jesús Arellano, 34 años de edad

“Muere por el impacto de un proyectil que le entra en el tórax. También presentó herida en la cabeza. La bala (que penetra en el tórax) sigue una trayectoria de izquierda a derecha, de arriba abajo” según lo indican las investigaciones reseñadas por la Defensoría del Pueblo. Al parecer fue atacado con un revólver 9 milímetros en las cercanías de la esquina La Pedrera. Su caso tampoco pasó de la investigación preliminar, de acuerdo al abogado Alfredo Romero, de la organización Vive. “Si se comenzaba una investigación seria nosotros teníamos la posibilidad de presentar nuestras pruebas y acusaciones”, indicó.

9.- José Antonio Gamallo 45 años de edad
Recibió un disparo en la cabeza en la avenida Baralt, entre la Plaza Caracas y las esquinas La Gorda y Pedrera. Vivió aún cuatro meses convaleciente, antes de fallecer en Madrid en agosto. La autoridades del Cicpc esperan el acta de defunción proveniente de la embajada de España, junto con el protocolo de autopsia “a fin de proseguir con las investigaciones”, alega el informe de la Defensoría. Aún no hay ningún acusado por su muerte.

10.- Jesús Mohamed Espinoza Capote, 18 años de edad
Muere frente al cine Baralt, en la esquina de Muñoz. Según el informe médico forense, un único proyectil disparado a distancia impactó en su frente y le causó la muerte. El joven marchaba con su padre Mohamed Merhi desde Chuao hacia el Palacio de Miraflores. De llegada a la avenida Baralt, ambos se separaron en la huida por los gases lacrimógenos.

La Defensoría del Pueblo en su informe refiere que las últimas investigaciones del caso determinaron que el joven habría muerto como consecuencia de un proyectil nueve milímetros. Sin embargo, el director de la organización civil Vive, Andrés Trujillo, explicó que el caso no ha pasado la fase preliminar de la investigación y que aunque se hicieron planimetrías, no hubo conclusiones ni culpables.

En julio de 2002 solicitaron ante el TSJ la imputación formal del presidente Hugo Chávez, del otrora vicepresidente José Vicente Rangel y del ex fiscal Isaías Rodríguez, pero se vencieron los lapsos procesales. Luego, en 2005 Vive llevó el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos donde está en fase de audiencias y a la espera de su remisión a la Corte Interamericana.

11.- Erasmo Enrique Sánchez, 60 años de edad
Muere a las 4:40 de la tarde en Puente Llaguno. La informe forense del Cicpc estableció que Sánchez falleció por el impacto de un proyectil que fracturó su cráneo y perforó su ojo, con entrada muy descendente, de derecha a izquierda, y de arriba abajo, y sin orificio de salida. Según cuenta su hijo, Giovanni Sánchez Ureña, en la sentencia del 3 de abril de 2009, Erasmo Sánchez era enfermero, pero además cocinero “de primera en el Hotel Tamanaco”.

Luego de tres años de audiencias, el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua, condenó a 17 años y diez meses al funcionario de la PM Arube Pérez Salazar y a 16 años y ocho meses al también policía Marco Hurtado, a pesar de que el arma de Pérez Salazar salió negativa en las pruebas de balística y de que Hurtado no estuvo en la avenida Baralt el 11 de abril de 2002. Por esta muerte también fueron sentenciados a 30 años los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas.

12.- Pedro Linares 42 años de edad
Murió entre las esquinas de Llaguno y Piñango, en la avenida Baralt, al recibir un impacto de bala en el tórax, que le perforó los pulmones antes de salir por debajo del hueso de la clavícula. Según informaciones del Ministerio Público, Linares era militante del extinto Movimiento V República (MVR) y formaba parte del Círculo Bolivariano “Francisco de Miranda”. Aún no hay ningún acusado por su muerte.

13.- César Matías Ochoa 38 años de edad
Recibió un disparo en el cuello, mientras se encontraba entre las esquinas de Llaguno y Piñango, en la avenida Baralt, también debajo de Puente Llaguno, donde había llegado tras no poder acceder a las inmediaciones del Palacio de Miraflores por la concentración que había en el lugar. Había caminado hasta la Baralt desde el restaurante Rescán en La Candelaria, donde trabajaba. De acuerdo con el protocolo de autopsia, la bala que lo mató entró por el cuello y perforó el pulmón izquierdo. Como no se encontró agujero de salida, sólo puede presumirse que se trata de un arma “de alta potencia”. Aún no hay ningún acusado por su asesinato.

14.- Nelson Eliécer Zambrano 24 años de edad
Trabajaba en el Palacio de Miraflores, ejerciendo funciones de archivo. Murió a la salida de su lugar de trabajo, a las afueras del Palacio Blanco, herido por una bala de pistola 9 milímetros que le entró por la arteria del cuello y perforó un pulmón. Hasta el momento no se han aclarado los autores materiales ni intelectuales del hecho, aunque el oficialismo arguye que se debió a francotiradores ubicados en edificios adyacentes a la avenida Urdaneta. Incluso un informe de la Defensoría del Pueblo se hace eco de esta denuncia y precisa que tales tiradores podían encontrarse en los edificios de la esquina El Bolero.

Hasta el momento, el único acusado por este caso es el coronel (GN) Juan José Gómez Angulo, en libertad plena, a quien se le atribuyeron los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de guerra.

15.- Rudy Urbano Duque, 38 años

Muere a las 4:50de la tarde en las adyacencias de Puente Llaguno. Las experticias del Cicpc refieren que Urbano fallece por un proyectil que impactó en su cabeza por la región frontal derecha y salió por la región parieto-occipital derecha. El informe determinó que el tirador se encontraba en un plano ligeramente superior a la víctima, con el arma en posición descendente.

Con esa descripción, se pensó que los culpables estaban en una de las cuatro ballenas estacionadas en la esquina de Piñango. La primera de ellas fue la única incriminada, pues según la Fiscalía, desde allí un funcionario de la PM disparó contra la víctima. Sin embargo, entre los funcionarios que la tripulaban no hay detenidos. Es sólo de la segunda ballena de la que fue privado de libertad el funcionario de la PM Héctor Rovaín, pero fueron condenados por esta muerte sus compañeros Arube Salazar y Marco Hurtado. Sin embargo, la bala que asesinó a Urbano nunca fue estudiada, puesto que atravesó el portón del estacionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

16.- Josefina Rengifo, 29 años de edad
Muere en la avenida Baralt, entre las esquinas de Balconcito y Truco, tres cuadras más arriba del Puente Llaguno. Según la autopsia, la víctima falleció por el impacto de un proyectil —presumiblemente de un arma 9 milímetros— en el tórax, a distancia, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Según la Defensoría del Pueblo, Rengifo tenía cuatro meses de embarazo y se presume que salió de su vivienda sólo para realizar una llamada telefónica en un puesto público.

Por esta muerte estaban siendo acusados los ocho policías metropolitanos y los tres comisarios. Sin embargo, luego de la comparación de las armas de este calibre entre los funcionarios de la policía que las portaron el 11 de abril de 2002 —sólo Julio Rodríguez y Erasmo Bolívar—, no hubo coincidencias. Así, que después de tres años de audiencias, la jueza Marjorie Calderón eximió de culpabilidad a los ocho policías metropolitanos y a los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero. Los responsables de la muerte de Josefina Rengifo siguen libres.

17.- Luis Alfonso Monsalve, 55 años de edad
Un impacto de bala le causó la muerte cuando se encontraba en la esquina Bolero de la avenida Urdaneta, muy cerca del Palacio Blanco. Las investigaciones revelaron que su verdadero nombre era Ramiro Escobar García, colombiano con antecedentes delictivos que portaba varias identidades. El informe que elaboró la Defensoría del Pueblo en mayo de 2002 relata que el proyectil ingresó en el cuerpo de Monsalve a través del “mentón labial izquierdo, saliendo por la cara izquierda del cuello. Seguía una trayectoria de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda”.

Los expertos explicaron que el arma “puede ser de alta potencia”. En abril de 2008 la Fiscalía acusó por este asesinato al coronel (GN) Juan José Gómez Angulo, quien se encuentra en libertad plena, aunque el caso no ha avanzado y el imputado se mantiene en libertad. El cuerpo de Escobar fue enterrado en enero de 2003 en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, pues ningún familiar lo reclamó en la morgue.

18.- Luis Alberto Caro, 57 años de edad
Falleció en la esquina Boleros, a las puertas del Palacio de Miraflores. Caro –identificado como organizador sindical del extinto Movimiento Quinta República– fue asesinado al recibir un proyectil de pistola 9 milímetros que quedó alojado en su cuerpo al ingresar por su maxilar superior derecho con trayectoria descendente. En el informe de la Defensoría del Pueblo de 2002 se presumía la actuación de “francotiradores ubicados en sitios altos”, específicamente en el Hotel Ausonia o el edificio Bolero. Por este caso también fue acusado por la Fiscalía en abril de 2008 coronel (GN) Juan José Gómez Angulo, quien se encuentra en libertad, por el supuesto delito de homicidio calificado y uso indebido de arma de guerra, aunque sigue sin ser procesado. El expediente fue radicado originalmente en el Circuito Judicial Penal de Aragua.

19.- José Alexis González Revette, 47 años de edad
El asesinato de González Revette no ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, por lo que la Asociación de Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos (Vive) no lo incluye dentro de los afectados por los sucesos de abril de 2002. Aunque se conoce que manifestó en la tarde del 11 de abril en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, su muerte se produjo a través de un disparo en el tórax que recibió en horas de la noche en el estacionamiento de los bloques 18 y 19 del sector La Cañada, de la parroquia 23 de Enero. El informe de la Defensoría del Pueblo de 2002 refiere un testimonio de sus familiares, en el que acusan a funcionarios de la Policía Metropolitana destacados en el módulo de seguridad del sector. Del avance del caso no tiene conocimiento la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril (Asovic).

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miércoles, 11 de abril de 2012

11 de abril: 10 años de impunidad


Por Rafael Uzcategui, 09/04/2012

Cuando se cumplen 10 años de los sucesos de abril del 2002, interrupción del hilo constitucional y asesinatos de casi una veintena de manifestantes, habría que preguntarse cuáles han sido los mecanismos que han permitido la impunidad en ambos acontecimientos. Los hechos de una década atrás han sido utilizados como parte de la retórica confrontacional polarizada, sin consecuencias efectivas en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Como ha sido insistentemente recordado, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo tienen la voluntad política ni la imparcialidad y transparencia, para estimular una investigación que sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos en aquellos días aciagos.

Pocos días después de la reversión del golpe de Estado se promovió la creación de una Comisión de la Verdad (CV), una experiencia que ha sido realizada en otros países de la región para, mediante un grupo de personas plurales, calificadas y de íntegra actitud moral, realizar una investigación con apoyo institucional para informar al país sobre los hechos que verdaderamente habían ocurrido. Sin embargo aquella propuesta, por razones veladas e inconfesables, no prosperó. Como se recordará, en un temprano 15 de abril del 2002 emergió del consenso parlamentario la propuesta de crear una iniciativa que allanara la transparencia sobre la cadena de acontecimientos que desembocaron en la interrupción del hilo constitucional. Esa Asamblea Nacional, conformada en un 55% por diputados y diputadas pertenecientes al partido oficialista Movimiento V República (MVR), convocó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y académicos y académicas en la materia, quienes “comprometidos ante el cuerpo legislativo y ante el país, en función de la búsqueda de la verdad, la justicia y los mecanismos que nos permitan, como pueblo, alcanzar una convivencia democrática duradera, en el marco que nos brinda la Constitución vigente” respondieron al llamado, 14 días después, con una serie de observaciones por escrito al proyecto inicial para “contribuir a la creación de un mecanismo creíble, autónomo e imparcial para indagar de manera independiente sobre los hechos acaecidos entre el 07 y el15 de abril de 2002”.

Resumidamente aquellas objeciones eran:

1) La decisión legislativa que creaba la CV la condenaba a ser un apéndice, de autonomía restringida, de la Asamblea Nacional, por lo que se solicitaba el piso jurídico necesario para actuar con independencia y abarcar a todas las ramas del poder público;

2) Los términos del mandato comprendían sólo los hechos ocurridos entre el 11 y 14 de abril y se limitaba a los agentes estatales. La contrapropuesta sugería aumentar el período y la posibilidad de investigar todos los hechos y actores violentos;

3) El lapso para la entrega de resultados era de 45 días, cosa inviable. Las ONG´s solicitaban 120 días hábiles, a partir de la instalación y

4) La poca claridad de los requisitos necesarios para las postulaciones a la Comisión, confusión que aumentaban las declaraciones de parlamentarios a los medios de comunicación. En mayo se realiza la primera discusión del proyecto, aprobada sin mayores modificaciones, las cuales llegan en el segundo debate, cuyos cambios redujeron aun más las potestades y autonomía de la CV. En septiembre algunos diputados de oposición abandonaron la Comisión Redactora de la Ley, lo cual redujo hasta la nada la intensidad del debate público sobre el tema. Año y medio después las bancadas parlamentarias oficialistas y de oposición se culpaban mutuamente de ser responsables de la falta de celeridad en el tema, lo cual demostraba, escandalosamente entre líneas, la falta de voluntad política para la creación de la CV o para aclarar los hechos.

Uno de los nombres que se manejaron en aquella oportunidad para presidir aquella Comisión de la Verdad fue el de Raúl Cubas, uno de los tres fundadores de Provea, quien por su condición de asilado, detenido desaparecido y hermano de dos activistas populares asesinados por la dictadura argentina, poseía los antecedentes necesarios para acometer un trabajo de semejante complejidad. Además, Raúl había sido un activista por los derechos humanos en Venezuela durante 20 años, respetado por sectores de los bandos enfrentados. Como se puede demostrar revisando los medios y la correspondencia de la época, integrantes de diferentes organizaciones de derechos humanos avalaron y respaldaron desde un primer momento la propuesta, en el entendido que era necesario conocer de manera fidedigna lo que había pasado para establecer responsabilidades. Lo que pasó es conocido: Los diferentes actores han preferido versiones sesgadas capitalizables políticamente, las instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por omisión han sido cómplices de la impunidad, y por último las ONG´s como Provea, que rechazamos el golpe, asistimos a los funcionarios perseguidos el 12 de abril y solicitamos medidas de protección para Tarek William Saab y el propio presidente Chávez a los organismos internacionales, hoy somos criminalizadas bajo el argumento fácil e insostenible de “cómplices del golpismo”.

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