Editorial de SOVENOR, 22/06/2014
Sociedad Venezolana de Orlando
La institucionalidad en un país es requisito fundamental para un Estado democrático y garantía de la eficiencia de los órganos del Poder Público.
Hasta hace poco en Venezuela se podía contar con ciertos órganos que mantenían un buen grado de seriedad en su proceder y sembraban confianza con sus actuaciones. Tal era el caso del Banco Central de Venezuela (BCV), institución que tiene como principal responsabilidad la de procurar mediante sus políticas, la estabilidad de precios en la economía. La tarea no era nada sencilla, pues la inflación ha sido un flagelo para el país desde la década de los 80, pero aun así el BCV mantenía una actitud correcta, confiable y moral y era una institución respetable ante los ojos del mundo.
Este panorama cambió desde la llegada del régimen al poder por cuatro factores básicos.
Primero, porque la autonomía característica del BCV se empezó a deteriorar desde aquel “millardito” que Chávez ordenó transferir de las reservas internacionales a las cajas del Fonden en 2006. Así el BCV se ha encargado de transferir recursos de los venezolanos a esa caja negra que es el Fonden que tiene más de dos años sin emitir sus estados financieros y que han sido manejados por el Ejecutivo sin ningún tipo de control o fiscalización.
Segundo, el BCV se convirtió en una caja chica que financia todos los déficits de las empresas públicas, especialmente de PDVSA. Hasta abril, el ente emisor le ha prestado a la petrolera alrededor de $70 millardos, tres veces más que el monto actual de las reservas internacionales. Así, el BCV irresponsablemente imprime billetes para que PDVSA cancele sus gastos corrientes. Luego este dinero va a parar al torrente monetario, a los bolsillos de los venezolanos quienes perciben un incremento de su poder adquisitivo. En resumen, más bolívares tratando de comprar la misma (o menor) cantidad de bienes, el cóctel perfecto para acelerar la inflación.
Tercero, y lo que está terminando por romper con la poca credibilidad que aun mantenía el BCV, es la opacidad en la información que ha sido la norma desde finales de 2013. Con la llegada de Maduro se potenció la tradición de Chávez de jugar con cartas marcadas, y todo lo maneja con tapujos y con intenciones aviesas, en especial lo referente a la golpeada situación económica del país.
El pasado jueves 12 de junio el BCV, luego de mantener un atraso de un mes y medio para los resultados de abril y de una semana para los de mayo, reveló el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para dichos meses, en un informe muy soso, con información omitida y alto contenido político. Para colmo, no se hace mención de la escasez de bienes y productos básicos, la cual para el cierre de abril se ubicaba en 30% para 20 alimentos básicos, entre otros, la leche en sus distintas presentaciones, compotas, azúcar, café molido, aceite, la mortadela y la harina pre-cocida de maíz.
Las cifras indican que la variación intermensual del INPC en abril fue de 5,7% (vs. el 4,1% en marzo), cifra que con una increíble coincidencia se repite para mayo. Con ello, el incremento acumulado en los primeros cinco meses de 2014 se remonta a 23,0%, el acumulado más alto para mayo desde 1996 y por encima de la inflación de 2012, año que se intensificó el control de precios con la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos.
Por su parte, la variación anualizada de mayo 2013 a mayo 2014 no trae mejores noticias, pues alcanzó el récord de 60,9%, 25,7 puntos porcentuales más que el acumulado anual a mayo de 2013 (35,2%) y 8,1 puntos más que noviembre de 2013, cuando se perpetró el “Dakaso” y empezó con ahínco la aplicación de los precios “justos” ya dirigido a toda la cadena productiva del país.
Un análisis detallado indica que el mayor impacto inflacionario lo presenta el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 76% en los últimos 12 meses, lo que afecta directamente al estrato más pobre de la población, puesto que estos destinan más de la mitad del presupuesto familiar a la compra de la cesta alimentaria.
Ante estas cifras alarmantes y fuera de la norma a nivel mundial, es de esperar que el BCV emita una explicación detallada sobre las causas de tal comportamiento y señale a su vez los correctivos, basados en política económica, que la institución se plantea aplicar para proteger el poder adquisitivo del venezolano. Pero, por el contrario, lo que se encuentra en el informe publicado es poco menos que una falta de respeto.
El cuarto factor que socava las bases del BCV como institución es el alto tinte político con el que está siendo manejado. Siguiendo la costumbre del “yo no fui” para responsabilizar a terceros de lo que ha desencadenado 15 años de erradas políticas retrógradas, anti inversión, anti progreso y anti crecimiento, el BCV explica de manera vaga y sin profundizar en la teoría económica, que la inflación se debe a los “eventos de conflictividad política que se focalizaron en algunas de las principales ciudades del país, y que comprometieron, en parte, los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios de consumo masivo”.
El informe del BCV enfatiza en su introducción que fueron “estas perturbaciones, de carácter extraordinario, ajenas a los factores propios de toda actividad productiva, las que influyeron desfavorablemente en los resultados del INPC”.
Y en la misma línea de anteponer lo político sobre lo económico, el gobierno en vez de avanzar en la mesa de diálogo económico y atacar las trabas que impiden salir de la crisis, como lo sería eliminar el control de precios, cesar las fiscalizaciones y flexibilizar trámites, leyes laborales y más aún, el sistema cambiario; apunta sus esfuerzos a poner más maquillaje a las cifras, proponiéndose a revisar la metodología para medir el INPC, incluyendo revisar la ponderación que tiene asignado cada rubro y el chequeo de los lugares donde se está realizando el estudio en todo el país, según información extraoficial.
Esta falta de autonomía, opacidad aunado al uso político del ente emisor está haciendo estragos en la dieta diaria y en los bolsillos de los venezolanos. Peor es que el venezolano no sabrá oficialmente cuán alto es el impacto de los precios en su economía doméstica, aunque sí lo sufrirá al ver la nevera y la mesa vacía.
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