María Luisa Paúl 19 de mayo de 2024
Provea
fue reconocida la semana pasada por la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos por su valentía en la investigación de violaciones del régimen
de Maduro y el apoyo a las víctimas
En el
corazón de la capital venezolana, un grupo de derechos humanos ha
blindado las ventanas de su oficina para resistir balas y explosiones
de granadas. Es un duro recordatorio de los riesgos que entraña vigilar y
documentar los abusos cometidos contra decenas de miles de venezolanos,
que, según los investigadores, a menudo son perpetrados por el gobierno del
país.
Provea, abreviatura del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, ha sido declarada en los últimos meses “enemiga del pueblo” por funcionarios del gobierno, que la han acusado de conspirar contra el país. Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo multilateral que trata de salvaguardar los derechos humanos en todo el continente americano, pidió al gobierno venezolano que permitiera a Provea continuar su labor sin interferencias, después de que la organización denunciara amenazas por parte de agentes del Estado.





