Panel de Expertos de la ONU - Elección presidencial de Venezuela del 28 de julio de 2024

 

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES: Pronunciamiento sobre los derechos históricos e inalienables de Venezuela sobre el Territorio Esequibo

 

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Pronunciamiento del Pdte (e) Juan Guaidó sobre la Pandemia del Coronavirus y la situación en Venezuela

🇻🇪 Anuncios del Presidente encargado Juan Guaidó ante la amenaza del coronavirus 🇻🇪

1⃣ Las convocatorias de calle serán redefinidas. La lucha por la democracia no se suspende. Estén muy atentos a las redes sociales oficiales del Presidente (E) Guaidó, la Presidencia encargada y la Asamblea Nacional. 

2⃣ El gobierno legítimo ofrece su capacidad de interlocución con el mundo y las organizaciones internacionales de salud para solicitar apoyo al destruido sistema hospitalario venezolano, dejando a un lado la soberbia del régimen de Maduro de bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. 

3⃣ Creó la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Legítimo, constituida por reconocidos especialistas en el área de salud para el manejo de esta crisis. 

4⃣ Instruyó a los embajadores a articular con los gobiernos del mundo. Dejó claro que el sector salud en Venezuela nunca ha sido bloqueado por sanciones, como se evidencia con las vacunas de los Programas Especiales de Sarampión y Difteria de 2019 y 2020, financiados con fondos americanos. 

5⃣ Conversó con los aliados y socios del gobierno legítimo para financiar, a través de los organismos multilaterales (ONU), kits de prevención.

🗣 Atentos a los próximos anuncios. Todo lo relacionado con la prevención de esta pandemia se publicará en los canales oficiales de la Presidencia Encargada. 

¡Ayúdanos a difundir!📲

Pronunciamiento de la Dirección Nacional de #VoluntadPopular sobre las recientes denuncias de corrupción de Armando Info. #2Dic

Pronunciamiento de Ciudadanos del Estado Miranda ante la intención de una Consulta Arbitraria por parte de la Gobernación de Miranda para el 1ero de diciembre

30 de noviembre de 2019

Para Ver el Listado FINAL completo de Organizaciones y Personas Naturales que suscribieron, debes ir al final del comunicado,  al 29/11/2019, 6:00 pm

Sres.:

- Asamblea Nacional

- Gobernación del Estado Miranda

- Consejo Legislativo del Estado Miranda

- Alcaldes del Estado Miranda

- Concejos Municipales del Estado Miranda

- Ciudadanos del Estado Miranda

La Gobernación del Estado Miranda convocó a supuestas 295 Comunas que existirían en la entidad, a una denominada "Consulta Popular Miranda 2019", que tendría lugar el próximo 1º de diciembre.

Dicha "consulta" está basada en una cuestionable Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el Estado Bolivariano de Miranda, construida en 2017 en un proceso nada transparente y luego dictada por el Consejo Legislativo regional y publicada en la Gaceta Nº 4794 del estado.

Se intenta ahora, aplicando un barniz de aparente apoyo popular a la mencionada ”consulta", modificar demagógicamente el espíritu de la ley en cuestión, de modo que el producto de las multas allí dispuestas sea transferido directamente a los Bancos Comunales reconocidos por esa Gobernación y el Ministerio de las Comunas, en lugar de incentivar a los funcionarios de PoliMiranda e incrementar la dotación para la seguridad ciudadana en la región, como está estipulado actualmente.

En nuestra condición de ciudadanos del Estado Miranda, en ejercicio de los derechos constitucionales y legales que nos corresponden, denunciamos:

1.   La referida "consulta" es arbitraria y, sin seguir el debido proceso de elaboración o modificación de leyes regionales, pretende asignar a unas Comunas los fondos recaudados por multas a la totalidad de los ciudadanos residentes o de tránsito en el Estado Miranda.

2.   El Registro Electoral que se pretende usar para tal "consulta" es falsamente incluyente, pues allí aparecen todos los electores del Estado Miranda, sin que la mayoría de ellos se haya inscrito para tal fin o pertenezca a los Consejos Comunales y a las supuestas Comunas que participarían en la descrita "consulta".

3.   La Ley con la cual se pretende respaldar la referida "consulta" se basa en el concepto de Estado Comunal, no establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y negado por el Referéndum nacional efectuado en 2007.

En consecuencia, rechazamos la pretendida "consulta" y llamamos a respaldarnos, tanto a los Diputados, Alcaldes, Legisladores y Concejales que nos representan, como a las organizaciones sociales que hacen vida en el Estado Miranda.

Organizaciones sociales firmantes:

Venamerica se pronuncia contra realización de Foro de Sao Paulo en Caracas, por @venamericaorg

MADURO GASTA MILLONES EN EVENTO INTERNACIONAL MIENTRAS NIEGA COMIDA Y MEDICINAS A LOS VENEZOLANOS

VENAMÉRICA, asociación sin fines de lucro que reúne a venezolanos en la diáspora residenciados en el Continente Americano, debidamente registrada en el Estado de Florida, USA, ante la inaceptable Reunión del Foro de Sao Paulo a efectuarse en Caracas, del 25 al 28 del presente mes de julio,

Recordando que el Foro de Sao Paulo, fundado hace 29 años, después del rotundo fracaso del comunismo en América Latina, con el propósito de mostrar un nuevo rostro continental, es solo una expresión más del totalitarismo marxista, luego del fiasco estruendoso de la Tricontinental, también fundado por Fidel Castro, el Che Guevara, Ho Chi Ming y Ben Bella de Argelia, y después del derrumbe del modelo soviético de sociedad; 

Conscientes  de que cuando se fundó el Foro de Sao Paulo en 1990, solo Cuba era roja en el Continente, y una década después, en 1999, desde que asumió el poder en Venezuela Hugo Chávez, se utilizó la fuerza económica que otorga el petróleo para desestabilizar, corromper e intervenir en la mayoría de los países de la región y el Caribe, con el doloroso saldo que ya conocemos en vidas humanas, emigración y pobreza generalizada;

Teniendo en cuenta que la reunión del  Foro de Sao Paulo se efectúa en Caracas, con el único propósito de intentar darle oxígeno al moribundo régimen del crimen organizado que encabeza Nicolás Maduro, a solo tres semanas de que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentara el dantesco Informe sobre los atropellos y violaciones brutales contra los derechos humanos de los venezolanos, y a menos de cuatro semanas de la tortura y asesinato del Capitán de Fragata Rafael Acosta Arévalo, criminal expresión de un régimen de muerte;

Conociendo que alojar, transportar, dar de comer y festejar con un millar de invitados internacionales, según han anunciado los organizadores del evento, tiene un costo millonario, que será sufragado con dinero del tesoro nacional, ya exhausto por el robo generalizado e impune  del régimen, justo en el momento en que siguen muriendo venezolanos por falta de medicinas, neonatos por falta de intervención oportuna y ancianos de mengua; ese dinero debe servir a la atención prioritaria de la supervivencia de nuestra población;

Recordando que hasta el presente el Foro de Sao Paulo solo ha traído más corrupción, arbitrariedad y pobreza, pérdida de libertades, destrucción de los factores de producción e independencia, en todos los países donde ha gobernado y ha financiado sus  campañas con dineros venezolanos, en Brasil, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Honduras y por supuesto Cuba y Venezuela; en todos ellos, la sociedad ha retrocedido en términos de desarrollo y libertad para ser suplantada por un clan verdaderamente aristocrático de la familia gobernante y sus asociados en el delito e impunidad. Se ha pretendido sustituir el Estado de Derecho republicano, por la discrecionalidad arbitraria del clan gobernante.

Por estas consideraciones y otras más, VenAmérica

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar la celebración en Venezuela de la XXV Edición de Foro de Sao Paulo y declarar personas no gratas a quienes estarán en nuestro país con ese propósito.

SEGUNDO:  Exhortar  a las  organizaciones de la sociedad civil y actores políticos del Continente, así como a la organizaciones internacionales, a expresar su rechazo a la convocatoria de esta reunión que pretende apoyar un régimen  declarado violador de los derechos humanos fundamentales, en un país sumido en la mayor tragedia vivida en el continente americano.

TERCERO: Hacer conocer ampliamente este Acuerdo y exhortar  a las organizaciones venezolanas de la sociedad civil y de su comunidad política, a manifestar públicamente el repudio al  encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas, en estos momentos de crisis y angustia que vive nuestro pueblo.

En Doral, el 21 de julio de 2019

Por la Junta Directiva de VenAmérica, Gonzalo Aguerrevere, Nelly Arguello, Carlos García, Horacio Medina, Ángel Navarro, Paciano Padrón, Iván Ramos, Antonio Rivero y,

Luis Corona 

Presidente

Voluntad Popular exige libertad plena e inmediata de Roberto Marrero, por @VoluntadPopular

Voluntad Popular 21 de marzo de 2019

@VoluntadPopular

El coordinador político nacional (E) de Voluntad Popular y diputado al parlamento venezolano, Juan Andrés Mejía, se pronunció sobre el secuestro del director del Despacho de la Presidencia (E) de Venezuela, Roberto Marrero, quien fue sacado de manera irregular de su residencia, en la madrugada de este jueves, por funcionarios del usurpador Nicolás Maduro, para exigir su plena e inmediata libertad.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante las nuevas medidas del Gobierno

  Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante las nuevas medidas económicas del Gobie... by La Patilla on Scribd

Las Academias Nacionales ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente

  Las Academias Nacionales ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente by La Patilla on Scribd

CIDH condena graves hechos de violencia en la Asamblea Nacional de Venezuela, por REUTERS

REUTERS 10 de julio de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los graves hechos de violencia ocurridos el 5 de julio en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en el contexto de los eventos conmemorativos de los 206 años de la firma del Acta de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, se informó desde Washington DC.

La información pública disponible indica que, en horas de la mañana del día 5 de julio, con motivo de la conmemoración de la patria, habían varias personas en las inmediaciones del Parlamento coreando consignas y planeando entregar un documento a los representantes de la Asamblea, y otros anunciando un “plantón” frente a la sede del Poder Legislativo. En esta oportunidad un grupo de civiles armados irrumpieron violentamente al interior del edificio; armas de fuego fueron accionadas, artefactos explosivos lanzados y objetos contundentes, como palos, tubos, cabillas de hierro y piedras, utilizados.  Se conoce que una diputada y cuatro diputados resultaron heridos; además de las lesiones sufridas por aproximadamente siete funcionarios del Palacio Legislativo, comunicadores sociales y periodistas, y por lo menos tres personas que participaban en la incursión violenta. Algunos de los presentes reportaron el robo de pertenencias personales, además de las amenazas proferidas a quienes documentaban y difundían el desarrollo de lo sucedido.

Pronunciamiento de las Academias Nacionales

LAS ACADEMIAS NACIONALES SE DIRIGEN A TODOS LOS VENEZOLANOS CON OCASIÓN DE LAS DECISIONES DICTADAS POR ALGUNOS TRIBUNALES PENALES Y POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) QUE AFECTAN LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DEL REFERÉNDUM REVOCATORIO DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El 20 de octubre de 2016, el CNE hizo del conocimiento público su decisión de acoger las medidas cautelares dictadas por varios tribunales penales del país, por medio de las cuales se ordenó posponer cualquier acto que se hubiere generado como consecuencia de la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad requeridas para cumplir con el trámite de la solicitud del referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República.

Las Academias Nacionales consideran su deber pronunciarse en virtud de la grave desviación de poder, que evidencia que se ha puesto la justicia al servicio de una posición política para cercenar de esa manera el derecho constitucional a que se refiere el artículo 72 de la Constitución, que permite la revocatoria del mandato de los cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República.

Los tribunales penales carecen de competencia en materia electoral, tanto más cuando de conformidad con la Constitución de 1999, lo electoral pasó a ser competencia exclusiva de un poder autónomo e independiente y el juzgamiento de sus decisiones también competencia exclusiva de una Sala especial del Tribunal Supremo de Justicia, su Sala Electoral (artículo 297 de la Constitución).

En este sentido, es pertinente destacar la ruptura del orden constitucional que se ha producido al inmiscuirse la justicia penal en el tema electoral, para por la vía de medidas cautelares imponer el objetivo político y no jurídico de evitar la realización del referido referéndum revocatorio. Asimismo, consideran las Academias que es de extrema gravedad la posición asumida por el órgano electoral que abstracción hecha de su rango constitucional, procedió a acoger de forma automática e inmediata decisiones judiciales de la justicia penal ordinaria de primera instancia, en lugar de impugnarlas y cuestionarlas, a pesar de su evidente incompetencia y de la ruptura de la unidad electoral que se garantiza con la justicia contencioso electoral de igual rango constitucional.

Como parte de las acciones tomadas por órganos del Poder Judicial, ocho ciudadanos entre quienes se encuentra el académico Arnoldo José Gabaldón Berti, han sido objeto de una prohibición de salida del país, sin que se expongan razones para esa medida que afecta la libertad de movimiento garantizada en el artículo 50 de la Constitución.

La intromisión de tribunales penales en las funciones constitucionales del poder electoral y la conducta del CNE al admitir la interrupción de su funcionamiento, conducen a la suspensión misma del Estado democrático de derecho, al negarse con ello la posibilidad de la decisión soberana de los millones de venezolanos que integran el registro electoral y tienen derecho a decidir su destino común, comprometiéndose con esta arbitraria suspensión la existencia misma de la República.

No pueden dejar de señalar estas Academias la circunstancia de que las referidas decisiones judiciales de tribunales penales de primera instancia se hayan producido de forma coincidente tanto en el tiempo como en el contenido y alcance, en distintos estados del país, fijando el claro objetivo de interrumpir el procedimiento electoral en curso, proceder que confirma las reiteradas denuncias del uso de la justicia con fines políticos y de allí la inexistencia de un Estado sometido a derecho, antes bien, la realidad de un Estado que usa el poder público para la concreción de los intereses políticos de un grupo.

Las Academias Nacionales denuncian la ruptura del orden constitucional producido y reclaman de todas las autoridades el más celoso acatamiento de la Constitución, a fin de que se restablezca a la brevedad el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos.

Las Academias Nacionales, en virtud de la gravedad de los hechos que se denuncian a través del presente Acuerdo, han decidido remitir copia de éste a todas las Embajadas acreditadas en el país, para que por su conducto, sean informadas de su contenido, las respectivas Academias de estos países.

En Caracas, a los veintiún días del mes de octubre de 2016.

Horacio Biord Castillo

Presidente

Academia Venezolana de la Lengua

Inés Quintero

Directora

Academia Nacional de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual

Presidente

Academia Nacional de Medicina

Eugenio Hernández Bretón

Presidente

Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas

Presidenta

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas

y Naturales

Humberto García Larralde

Presidente

Academia Nacional de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales

Presidente

Academia Nacional de la Ingeniería y el

Hábitat

La ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS se Pronuncia por Sentencia de Sala Constitucional en referencia al presupuesto 2017

PRONUNCIAMIENTO

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en atención a lo dispuesto en el numeral cuarto del Artículo 2 de la Ley que la rige, se dirige a la nación para expresar su preocupación ante la sentencia de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 11/10/2016 en la que decide: 

“3.-Que en esta oportunidad el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley, la cual ejercerá el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental, todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria.

4.- Que ese decreto de presupuesto nacional, con rango y fuerza de ley, tendrá vigencia para el ejercicio fiscal 2017, estará sujeto a las normas y principios que rigen la materia y al control constitucional de esta Sala, conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del sistema de garantías previstos en el Texto Fundamental, sin perjuicio de las atribuciones inherentes al Poder Ciudadano en esta materia.

6.- Que en el presente caso no procede la reconducción presupuestaria y que, por ende, la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional.”

Debemos advertir que la Ley de Presupuesto Nacional es un elemento central de la política pública para el desarrollo de cualquier país. Constituye el principal instrumento para el manejo de la política fiscal de la Nación y en ella se expresan las estimaciones de los ingresos y gastos a ser realizados en el período fiscal por parte del Gobierno Central, así como las necesidades financieras adicionales que no pudieran cubrirse con ingresos ordinarios. En una sociedad democrática, el Gobierno Central no puede decidir arbitrariamente el nivel y composición de los ingresos y gastos públicos. Es por ello que el Presupuesto de la Nación presentado por el Ejecutivo debe aprobarlo el órgano constitucional que representa a los venezolanos, vale decir: la Asamblea Nacional. De acuerdo a nuestra Constitución, el Gobierno es un administrador y ejecutor de las directrices que emanan de los ciudadanos.  El Poder Legislativo encarna la pluralidad necesaria para asegurar que las prioridades recogidas en la estructura del presupuesto respondan a las necesidades del país, conforme a la diversidad de enfoques y perspectivas, ahí expresadas. Además, el Poder Legislativo realiza su función contralora al Gobierno y del cumplimiento de sus compromisos. A esta función contralora se suma el derecho de la ciudadanía a la realización de contraloría social, a quien en última instancia se debe responder por el uso de los fondos públicos.

Debemos insistir, los ingresos previstos en la Ley de Presupuesto Nacional no son sino los tributos impuestos a las personas naturales y jurídicas por sus actividades económicas. En ejercicio de su soberanía, consagrada en el artículo 5 de la Carta Magna, es la misma sociedad la que debe decidir,  a través de sus órganos de representación, cómo financiar la provisión de los bienes y servicios que el Gobierno Central debe proveerle con el objeto de garantizar y mejorar el nivel del bienestar social.

Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia  impide el cumplimiento de un precepto constitucional fundamental que define nuestro carácter como sociedad democrática. En nuestra Constitución, y en las leyes orgánicas que la han desarrollado, se establecen con toda claridad los procedimientos que deben seguirse en las diferentes situaciones que podrían presentarse en el proceso de la formulación, aprobación, ejecución y control del Presupuesto Nacional. Las instituciones y el marco legal que nos rige no pueden estar supeditados a objetivos político-partidistas circunstanciales; el respeto irrestricto de la normativa que nos hemos dado como sociedad es, ante todo, una obligación del Gobierno Nacional.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, cumpliendo con sus deberes, se siente obligada a alertar a la Nación ante este atentado contra el Orden Constitucional en un área tan relevante para el buen funcionamiento de la economía y de su institucionalidad democrática.

Humberto García Larralde                                       Sary Levy Carciente

El pueblo obligará al régimen a acatar la Constitución

MUD 26 de septiembre de 2016

@unidadvenezuela

Esta es la hora del Pueblo Soberano, del Ciudadano Movilizado. Esta es la hora de los ofendidos, de los humillados, de los engañados, de los agredidos. La hora de los que hacemos colas interminables para comprar comida, de los que desesperamos por no encontrar un medicamento indispensable. La hora de quienes tenemos el dolor de llorar familiares asesinados por el hampa impune. La hora de las familias fracturadas porque sus hijos han tenido que irse del país. ¡ESTA ES LA HORA DE NO AGUANTAR MAS! ¡ESTA ES LA HORA DEL CAMBIO!

La Mesa de la Unidad Democrática, tras un proceso de debate, profunda reflexión y consulta a muy diversos sectores de la sociedad venezolana, plantea al pueblo de Venezuela nuestra posición y llamado para lograr el cambio en el 2016 ante el inconstitucional pronunciamiento del CNE sobre la etapa de activación del referendo revocatorio.

Las rectoras pesuvistas del CNE tenían la oportunidad no sólo de cumplir con la Constitución sino con todo el pueblo venezolano que exige revocar a Nicolás Maduro este año. En lugar de comportarse como Poder Independiente, las rectoras pesuvistas del CNE optaron por burlarse de los venezolanos y de sus problemas, pero sobre todo subestimaron la voluntad de cambio, subestimaron a las fuerzas democráticas, subestimaron la capacidad de acción del pueblo.

Nuestra respuesta, la respuesta de todos los demócratas, de todos los sectores sociales consultados, no es entonces al CNE ni a sus jefes: es a los venezolanos, a quienes tienen hambre de comida y de justicia, a quienes reclaman con urgencia por medicinas y por libertad, que estamos con ustedes, que esta lucha la daremos juntos y que el final de la misma se aproxima.

No esperábamos otra cosa del CNE. Ya sabemos a quiénes nos enfrentamos y ya sabemos de lo que son capaces de hacer para obstaculizar el cambio. Por eso ahora les daremos una lección de grandeza y haremos todo lo que sea necesario para hacer cumplir con la Constitución y con el deseo de cambio de millones de venezolanos. Por eso hoy lunes 26 de septiembre manifestamos que:

1.   El referendo revocatorio se hará este año. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así. El RR es en 2016 porque está en la Constitución y porque es nuestro derecho y necesidad como pueblo. Cualquier intento de bloquearlo implicará la movilización del pueblo pacífico y firme en la calle para lograr la restitución del hilo constitucional.

2.   Activaremos el revocatorio cumpliendo lo que está en la Constitución: la recolección de firmas que representen al menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Nuestro objetivo y foco estará en levantar el 26, 27 y 28 de octubre los millones de manifestaciones de voluntad que Venezuela necesita para superar ampliamente el requisito establecido para activar el RR. Acataremos sólo la condición que establece la Carta Magna, y rechazamos de antemano cualquier “condición” que sea violatoria de la Constitución Nacional y que sea utilizada como excusa por el CNE para negar o retrasar la activación del RR2016. No aceptaremos nada que no cumpla con la Constitución, y si el gobierno ha optado por incumplirla y violarla, se encontrarán con un pueblo que los hará acatar la Constitución

Por eso llamamos al pueblo de Venezuela a acudir masivamente a la jornada de recolección de manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio 2016 que se ha convocado para los días 26, 27 y 28 de octubre, asumiendo que nuestra tarea no se limitara a cumplir un trámite administrativo sino que vamos a ejercer todos los mecanismos de presión democrática necesarios para hacerlas respetar. La verdadera TOMA DE VENEZUELA se realizará durante esos tres días. Al pueblo no lo detendrán con un mezquino número de máquinas, ni ubicándolas de manera maliciosa, ni estableciendo fechas tardías. Los días 26, 27 y 28 de octubre serán tres días de pueblo democrático en la calle cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la Ley.

Para lograrlo llamamos a todo el pueblo, a toda la ciudadanía democrática a activarnos desde ya, como lo hicimos para la Toma de Caracas del Primero de Septiembre, pero con muchísima más amplitud y fortaleza. Llamamos a realizar a partir de hoy actividades de protesta y organización todos los días y en todo el país. Anunciamos en particular para el miércoles 12 octubre una jornada especial de movilización nacional, en la que desbordaremos las calles de todo el país de forma pacífica, y le haremos saber al régimen y a sus agentes electorales que la recolección del 20% es nacional y que el RR es este año. Les haremos saber que las normas no las ponen ellos sino que están en la Constitución y seremos los venezolanos los que las haremos cumplir.

Desde que este régimen llegó al poder no ha hecho otra cosa que subestimarnos, hacernos pensar que ellos tienen el control de todo y que supuestamente no hay otra opción que no sea someterse a ellos.

Es el momento de recordarles quienes somos: la grandeza de este pueblo palpita en cada uno de nuestros corazones porque sabemos que nuestras diferencias nos fortalecen, porque queremos ir a elecciones de forma pacífica, porque hemos enfrentado las peores tiranías y una y otra vez las hemos derrotado.

Llegó el momento de hacerlo de nuevo y actuar: si el régimen desacata la Constitución, desacata la voluntad de El Soberano y desacata el único requisito que nuestra Carta Magna establece para la realización del Referendo Revocatorio como lo es la recolección del 20 % NACIONAL del Registro Electoral, es nuestro deber activarnos como pueblo y OBLIGARLOS en la calle y en las instituciones a acatar la Constitución.

Hoy nuestro llamado es a defender eso que nos hace venezolanos. Esta es la lección que le daremos al régimen.

Podemos lograrlo porque somos mayoría, porque la Constitución nos ampara y porque el mundo entero respalda nuestra lucha por la libertad y la democracia.

Que viva la democracia, la convivencia y la paz

Que viva Venezuela Libre

¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO!

Caracas, 26 de septiembre de 2016

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país

Por #MonitorProDaVinci

A continuación reproducimos para los lectores de Prodavinci el pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en relación con la situación económica de Venezuela. Este pronunciamiento fue publicado en el portal digital de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Solidaridad con Venezuela

MARIO VARGAS LLOSA, ENRIQUE KRAUZE, ANTONIO MUÑOZ MOLINA Y 16 FIRMAS MÁS 06 de agosto de 2014

La vida pública venezolana está siendo sofocada por los herederos de Hugo Chávez. Están tomando las funciones públicas como si fueran de su propiedad privada. Actúan como propietarios de Petróleos de Venezuela y de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, fiscal y electoral. Han limitado crecientemente las libertades ciudadanas, comenzando por la de expresión.

A la represión de las manifestaciones estudiantiles, siguió la detención ilegal del líder Leopoldo López y el acoso a las principales figuras de la oposición. Teodoro Petkoff, delicado de salud y con más de 80 años de edad, es obligado a presentarse cada ocho días ante la justicia. La diputada María Corina Machado ha sido acusada por el denominado “Alto Mando Político de la Revolución” de estar involucrada en un supuesto golpe de Estado y magnicidio. Muchos otros líderes de la oposición y sus familiares sufren intimidaciones.

Hacemos un llamado a los Gobiernos que tengan relaciones amistosas con el régimen venezolano para que aboguen por los venezolanos que, en condiciones cada vez más precarias y angustiosas, luchan por la libertad y anhelan la reconciliación democrática para impedir la dictadura. En particular, pedimos la liberación inmediata de Leopoldo López, el cese del hostigamiento contra la oposición y el restablecimiento de la pluralidad en los medios de comunicación, los órganos electorales y judiciales.— Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Enrique Krauze, Norman Manea, Adam Michnik, Antonio Muñoz Molina, Fernando Savater, Leon Wieseltier, Gabriel Zaid, Mark Lilla, David Rieff, Paul Berman, Franklin Foer, Moisés Naím, Javier Cercas, Rafael Cadenas, Cristina Marcano, Antonio Elorza y Anne Applebaum.

Tomado de: http://elpais.com/elpais/2014/08/05/opinion/1407253359_026592.html

CONSULTA EDUCATIVA ES UNA FARSA PARA OCULTAR FRACASO EDUCATIVO

COMISIÓN DE EDUCACION DE LA MUD 05 de mayo de 2014

La educación es el sector de la vida nacional donde la crisis global que sacude al país, con su lastre de exclusión y caos, se expresa con mayor dramatismo. Los venezolanos estamos ante el más gigantesco fracaso de la mal llamada educación bolivariana. La Consulta Educativa es una farsa para ocultarlo.

La propaganda oficial sobre un supuesto "milagro educativo" no puede ocultar la verdad que brota de todos los indicadores y estadísticas oficiales. Hay más de cuatro millones de niños y jóvenes en edad escolar excluidos del sistema. Más de un millón de analfabetas. No hay el nivel de educación maternal que establece el artículo 103 de la Constitución. El estancamiento de la matrícula de la escuela oficial frente a la privada es inocultable. La destrucción de la educación especial desnuda el desinterés oficial por los más vulnerables.

La educación venezolana ha dejado de ser una prioridad real de inversión y planeamiento del Estado. Con un petróleo a más de 100 dólares el barril es inexplicable que tengamos una infraestructura educativa en ruinas. El Programa de Alimentación Escolar es un recuerdo y al igual que la dotación de material educativo es centro de negocios turbios.

El afán del régimen por controlar todo ha destruido los avances que se habían logrado en materia de formación docente. El artículo 104 de la Constitución es letra muerta.

Venezuela vive desde hace quince años un intenso y sistemático proceso de destrucción de su sistema educativo, con consecuencias catastróficas para toda la sociedad. La cúpula gobernante ha hecho todo por convertirlo en un aparato ideológico del régimen. Ha dejado de ser un instrumento para la movilidad social ascendente por temor a que los futuros ciudadanos "se conviertan en escuálidos", según lo expresara con singular cinismo, el señor Héctor Rodríguez.

Las aulas del país es el sector que ha recibido con más desafuero y violencia el asedio del régimen por imponer su modelo totalitario. Es una larga historia que va desde aquel primer paso por militarizar los centros educativos con la ya olvidada Resolución 1.856, promulgada el 15 de junio de 1999 con la cual se extendió la obligatoriedad de la Instrucción Premilitar a todos los planteles de educación media; pasando por la Resolución 259, que modificaba los programas de Ciencias Sociales de cuarto, quinto y sexto grado para calificar hechos, mutilar la historia y exaltar la figura del difunto Hugo Chávez; el nefasto e ingratamente recordado Decreto 1.011 de los "supervisores itinerantes", especie de comisarios políticos educativos del régimen; el Currículum Bolivariano; el mediocre sistema de evaluación promotor de la "flojera"; los entuertos de la Ley Orgánica de Educación; la Resolución 17.621 de 2011 que, como una labor "cívico-militar", planteaba la "la Educación para la Defensa Integral como eje integrador del Sistema Educativo"; la "Guerrilla Comunicacional"; la reciente Resolución 058 que abre las puertas de la escuela a Consejos Comunales y Colectivos, cercenando la autoridad del Director de los planteles y tantos otros agravios; las continúas agresiones contra la autonomía universitaria; hasta esta fulana Consulta para la Calidad Educativa, con la cual se pretende legitimar la cultura del adoctrinamiento político, el culto a la personalidad y la cubanizaciòn de la escuela.  Un proceso dirigido a afianzar un modelo totalitario ideologizante, que es la causa de todos los males que afectan nuestra sociedad.

La lucha que han librado los padres y representantes venezolanos, en especial las madres, en favor de una educación democrática y plural para nuestros hijos ha adquirido ribetes épicos de gran sacrificio durante estos quince años de oprobio. Los partidos políticos hemos acompañado esas  luchas y lo seguiremos haciendo.

La crispación social producida por la atropellada instrumentación de esta Consulta tiene su fundamento en la ya esbozada cadena de agresiones previas contra la formación de nuestros niños y jóvenes. Como también en los materiales que describen las preguntas e instrumentación de la misma.

El cronograma de aplicación y procesamiento de la pretendida encuesta es imposible de cumplir, es una falacia delirante. Mucho menos cumplir los objetivos de la Consulta: elaborar el currículum, los materiales educativos y los reglamentos de la ley orgánica de Educación que siguen pendientes y un Plan Decenal para septiembre. Todos sabemos que ya existe un "curriculum bolivariano", 30 millones de libros adoctrinantes publicados y distribuidos, la Resolución 058 para la organización de los Consejos Educativos y que ninguna de las anteriores se hace en tan corto tiempo.

Las preguntas hechas en forma abierta, para ser desarrolladas, despiertan aún mayor desconfianza y suspicacia. No hay manera humana posible, ni con un gran apoyo metodológico y técnico, de procesarlas en el tiempo previsto sin que su resultado sea mediocre. Además, en su gran mayoría son interrogantes cuyas respuestas están contenidas en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Al que hay que encuestar, interrogar, emplazar, es al gobierno. Es a quien corresponde dar respuestas. Educar es una tarea de todos pero toca al gobierno, principalmente, y luego a la sociedad, asegurar las mejores condiciones y oportunidades para que el ciudadano desarrolle al máximo sus potencialidades. ¿Cuáles son los planes del gobierno para garantizarlas? ¿Manipular a los ciudadanos con una consulta que juega con las expectativas de muchos que pudieran concurrir a participar de ellas de buena fe?

Es cada vez más necesaria para disfrutar los derechos económicos y sociales como el trabajo, la salud o la recreación; también para ejercer los derechos civiles y políticos. Es la clave del progreso económico, de la democracia política, de la democracia social fundada en la equidad y la justicia social. La educación es una condición para la cultura, para la creatividad. ¿Puede decirnos el ministerio de educación venezolano sus planes para permitir que nos eduquemos con calidad y sin adoctrinamiento? ¿Puede decirnos cómo educarnos con libertad en un sistema político totalitario, asfixiante, que invade todos planos de la vida, que cercena libertades, que sesga vidas de estudiantes?

Si la educación es la prioridad ¿por qué la educación no es lo primero? ¿Por qué recibe recursos cada vez más menguados? ¿Por qué el hecho educativo formal tiene que transcurrir en centros educativos destartalados, con maestros deficientemente formados y en precarias condiciones de vida? ¿Cuál es su respuesta, ministro? ¿La Consulta Educativa? ¿Necesita usted realmente que estudiantes, padres, representantes y docentes lo enteren de la realidad educativa? ¿Dado ese enorme déficit de maestros bien formados cuáles son sus planes en materia de formación docente? ¿Cómo piensa restablecer el prestigio de la carrera docente, dar a los maestros salarios competitivos, respetar la autonomía de cátedra y asegurar su actualización permanente?

Si el gobierno piensa en serio mejorar la calidad de la educación debe comenzar por: Abrir los concursos para el personal directivo, garantizar su formación y mejorar sustancialmente su salario respecto al maestro de aula. Crear un Instituto con suficiente financiamiento que se ocupe con autonomía de investigar el problema. Revisar la remuneración de los docentes  para igualarla a la de los profesionales de otros países.  Abrir los concursos para dotar los cargos del personal docente. Derogar la Resolución 058 y otras medidas que  descalifican   a los profesionales de la docencia y a los directores, restándole atribuciones y responsabilidades en  la conducción de las escuelas. Dotar a las escuelas con los recursos y medios para el aprendizaje: bibliotecas de aula, laboratorios, talleres, canchas deportivas, etc. Y preparar un plan para la descentralización del sistema escolar, basándose en los artículos 4, 157, 158 y 185 de la CRBV.

 Profesores:

José Luis Farías (UNT), Lilia de Rivera (AD), Domingo Piñate (COPEI), Alejandro Vivas (PJ), Raquel Figueroa (BR), Roger Zamora (MAS), Ofelia de Rivera (MPV), Luis Trincado (CAUSA R), Luis Bravo (ASESOR), Robert Rodríguez (UNT), Ramón Guerra (IND), Tomás Crespo (AD), Antonio Chirivella (COPEI), María de Paz (IND).

Aumento salarial no compensa la alta inflación

MUD Sábado, 03 de Mayo de 2014

Desde la perspectiva técnica de la Mesa de la Unidad Democrática, el reciente decreto presidencial de aumento del salario mínimo en 30,0% no compensa la caída que viene experimentando el salario real de los venezolanos desde 2013. Medido en poder adquisitivo, es decir por la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir, hay una marcada desmejora de las condiciones salariales de los trabajadores de Venezuela.

En ese sentido, la Unidad, de manera responsable, presenta al país las siguientes consideraciones:

Ya en 2013, con una inflación de 56,4% y un aumento salarial en el orden del 45,0%, el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores tanto del sector público como del privado, sufrió una caída de 6,0%. Ello sin considerar que en el caso del ingreso de los sectores más pobres esa caída es mayor debido a que el alza de los alimentos alcanzó a 73,9%. Ello es así en razón de que los estratos más pobres de la población asignan más del 40,0% a la compra de alimentos y al ser estos bienes donde se registra la mayor inflación, es claro que a quienes más golpea la inflación es a los pobres.

Durante el primer cuatrimestres de 2014 la inflación se ha desatado como resultado principalmente de las pronunciadas devaluaciones del bolívar y de la creación excesiva de dinero inorgánico por parte del BCV con el objeto de financiar el déficit fiscal del sector público.

A ello hay que agregar las importantes restricciones en el acceso a las divisas para importar bienes esenciales que no se producen en Venezuela, situación que ha potenciado la escasez y consecuentemente el alza de precios. Cifras del BCV indican que la inflación anualizada general al cierre de marzo se situó en 59,4%, la de alimentos en 80,2% y la escasez en 29,4%.

Esto conforma un cuadro muy difícil para los venezolanos tanto por lo costoso de los bienes, especialmente los alimentos, como por lo difícil de conseguirlos. La escasez está implicando pérdida de tiempo y dinero a los ciudadanos que tienen que realizar una búsqueda, a veces infructuosa, para conseguir los bienes.

Existe consenso en que debido a la política económica errática que sigue el gobierno y al evidente fracaso de su modelo económico, en 2014 la inflación tendrá un piso de al menos 60,0%. Ello sugiere que el aumento  de 40% en el salario mínimo es francamente insuficiente para que el trabajador que devenga salario mínimo reponga su poder adquisitivo. Adicionalmente, debe señalarse que aproximadamente un 30,0% de los trabajadores devenga salario mínimo, con lo cual este aumento estaría dejando sin ajustes saláriales a la gran mayoría de los trabajadores.

Desde la Mesa de la Unidad Democrática, insistimos en lo que se requiere es un aumento general de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones, acorde con la inflación, para que los trabajadores no experimenten una merma en su poder adquisitivo. Para que este aumente no se traduzca en mayor inflación, el mismo debe estar acompañado de una política que evite la devaluación del bolívar, contenga el financiamiento inflacionario del déficit fiscal, vía creación de dinero, y se establezcan incentivos a la producción nacional, especialmente la de alimentos.

Anuncios de Maduro no resuelven la crisis económica

MUD Viernes, 25 de Abril de 2014

www.unidadvenezuela.org

Venezuela sufre una severa crisis económica que se expresa en una elevada inflación,  cifrada en 60,0% al cierre de marzo, altos  niveles de escasez, en particular de alimentos, una economía afectada por la recesión, todo ello en el contexto de restricciones importantes al acceso de las divisas.

Este cuadro de malestar económico no se ha producido como resultado de la caída de los precios del petróleo o del impacto de una declinación de la economía global. Las causas de la crisis tienen que ver con el colapso de un modelo económico que destruyó las capacidades productivas internas, especialmente las de la industria de alimentos, lo que ha obligado a importar en 2013 bienes alimenticios por el orden de US$ 9.756 millones, cifra muy superior a los US$ 3.005 millones de importaciones de 2006. Esa merma en las potencialidades productivas de la economía es igualmente visible en la industria manufacturera, la cual ha permanecido estancada durante más de dos años, lo que se ha traducido en la destrucción de puestos de trabajos en se sector.

Por su parte, las crecientes cifras de inflación están afectando a todos los venezolanos, pero con mayor incidencia a los grupos más pobres, ello debido a que la inflación en el rubro de alimentos ya alcanza el 80,0% por cuanto los estratos de menores ingresos dedican la mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos. Pero no se trata exclusivamente de que los precios están altos. Tan grave con el alza de precios es la escasez, al punto tal que de cada cien artículos, treinta no se consiguen. Estos dos factores se han combinado para producir una caída de más de 10,0% en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Aunque la inflación y la escasez son síntomas de una economía en crisis, también lo es la contracción que está experimentando la actividad económica. Según ha confesado el presidente del BCV, la economía entró de nuevo en una fase recesiva, como consecuencia de la devaluación del bolívar y de la restricción en la entrega de divisas, que ha afectado negativamente la importación de materias primas y bienes de capital esenciales para la producción de bienes finales.

Ninguno de los anuncios que realizó el presidente Maduro está encaminado a la resolución de la crisis. No se avanzó una sola medida destinada a contener la inflación y, contrariamente, se corre el grave riesgo de que la escasez aumente si el gobierno sigue perseverando en el error de creer que la inflación se genera en la comercialización de los bienes y no en la devalución del bolívar y la creación de dinero inorgánico por parte del BCV con el objeto de financiar al fisco nacional.

Ha sido la política económica diseñada y aplicada por el gobierno la que ha exacerbado el rentismo petrolero y la dependencia externa. Ello se ha materializado en las compras de productos importados y la firma de acuerdos comerciales donde el gobierno de Venezuela ha privilegiado las importaciones en lugar de la producción nacional. De hecho, más del 70,0% de los bienes vendidos en la red Mercal, provienen del exterior.

A esto se suma la liquidación del establecimiento productivo que se orientaba a las exportaciones no petroleras. Las cifras son más que elocuentes. En 1998, de cada cien dólares exportados, treinta eran productos no petroleros. En 2013, esa relación se redujo a apenas cuatro dólares de cada cien de ventas al exterior.

La MUD ha venido reiterando que urge en Venezuela un nuevo modelo económico que promueva el desarrollo, estimule la producción nacional, acompañadas de acciones que corten el financiamiento inflacionario del déficit fiscal por parte del BCV como requisito para estabilizar el valor del bolívar y así bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.