ROMÁN IBARRA 07 de abril de 2017
La
declaración de la Fiscal General de la República, en la que afirmó con toda
razón, que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia rompen el
hilo constitucional, dieron en el mero centro de la cuestión, pues se trata de
un golpe de estado perpetrado por los ¨magistrados chimbos¨ de la sala
constitucional, bajo las ordenes de Miraflores.
Todos
recordamos como en fecha 23 de diciembre de 2015, la asamblea nacional
deslegitimada por completo, producto de la derrota del 6D-15, y dirigida por
Diosdado Cabello se empeñó en designar a esos ¨magistrados¨ de manera express,
saltándose todos los procedimientos, y violando de manera flagrante, no sólo la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino la Ley Orgánica de
TSJ, con la única intención de frenar las posibilidades del sistema político
venezolano en democracia, para convertirlo en un sistema totalitario controlado
por el puño de Maduro y sus amos de Cuba.
Se
demuestra así la existencia de un golpe de estado continuado, bajo la ejecución
sistemática del TSJ, que encontró en las sentencias 155 y 156 la apoteosis de
su perversidad, y en las sentencias 157, 158, la más grande estupidez, con las
cuales pretendía enmendar su aviesa intención criminal y golpista; aunque
previamente había venido emitiendo otro conjunto de sentencias para vaciar de
contenido la existencia del poder más importante de una democracia, como es el
poder legislativo. Todo ello, tras la búsqueda de la consolidación del
socialismo hegemónico ordenado desde Cuba, pero les salió el tiro por la
culata. Se encontraron con una sociedad unida, y dispuesta a defender la
democracia, y la palabra certera –en esta ocasión- de la Fiscal para dar al traste
con la intención delictual de los ¨magistrados¨.
No era
un impasse como aseguró Maduro entre el Ministerio Público, y el TSJ, fue ni
más, ni menos que un golpe de estado seco, al cual, el mundo entero le ha
salido al paso para desenmascarar al gobierno, presionándolo para que asuma la
obligación de respetar la Constitución.
En
cuanto a la complicidad del defensor del pueblo, y del contralor general de la
república, sinceramente dan vergüenza, toda vez que sin atender a sus
obligaciones, salieron de inmediato a cohonestar la tropelía del gobierno, y su
TSJ. Otro tanto, puede decirse del ministro de la defensa, quien no sólo es
cómplice con su silencio inicial, sino que luego se atrevió a pedir la renuncia
del secretario general de la OEA, Luís Almagro desde el twitter. Es él quien
debería renunciar de inmediato para no seguir destruyendo a la Fuerza Armada
con su actitud. Ni con la represión brutal que ha ordenado podrá detener la
decisión del pueblo venezolano por reconquistar la democracia y sus instituciones.
Las
cartas están echadas, y luego de las declaraciones de la Fiscal General, la
consecuencia lógica inmediata es que de inicio al enjuiciamiento y destitución
de los magistrados chimbos, de conformidad con el artículo 265 de la
Constitución, sin menoscabo de la invocación del artículo 132 del código penal,
toda vez, que es un hecho público, notorio, comunicacional, el golpe dado por
la sala constitucional contra la Asamblea Nacional. Tienen que ser enjuiciados
estos sujetos por la conspiración para subvertir el orden democrático de la
república, y ni la Fiscal; ni el pueblo venezolano, ni el mundo civilizado
estamos dispuestos a soportar esta canallada criminal. Presos deben ir los
culpables. Elecciones ya para restituir
el orden democrático de la nación, y vencer la crisis creada por estos
malandros.
