Comparados con los años de la hiperinflación y el confinamiento en Venezuela, los trimestres siguientes parecieron mejores, según algunos criterios. Aparte de las consideraciones del gobierno, algunas cifras ofrecidas por Ecoanalítica, el Observatorio Venezolano de Finanzas, Conindustria y la UCAB, por ejemplo, describieron crecimiento de la producción, reducción de la pobreza y relativa estabilidad cambiaria. La aparente reactivación económica fue relacionada con una “dolarización de facto, espontánea y desordenada”, desigualdad en el consumo y efectos políticos apaciguadores. La aparición de nuevos establecimientos y servicios, como bodegones, restaurantes, oficinas, conciertos y transporte de bienes y personas hicieron atractivas expresiones como “pax bodegónica” y “Venezuela se arregló”. Sin embargo, las cifras publicadas por organizaciones privadas, las evidencias anecdóticas y los discursos del gobierno no bastan para hacer análisis detallados del movimiento de recursos públicos y privados. Durante la última década, el Banco Central de Venezuela (BCV), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Contraloría General, los ministerios y otros órganos y entes del Estado retrasaron o dejaron de publicar informes y datos, llegando en algunos casos a retirar desagregaciones históricas, previamente alojadas en sus páginas web. Esto es algo que, de por sí, tiene valor informativo. En 2024, por ser un año electoral, este valor informativo debe resaltarse. Para hacerlo, en las próximas líneas haré comentarios a partir de tres puntos. Primero, las consecuencias de interrumpir la publicación de las estadísticas oficiales sobre el ejercicio de derechos políticos y la elaboración de predicciones independientes. El segundo, la presentación de enunciados del gobierno como “consensos de la Venezuela del siglo XXI”: consolidación de un nuevo modelo económico, suspensión de las sanciones, preservación de la paz, recuperación del estado de bienestar y, posteriormente, defensa del Esequibo. El tercero, algunas limitaciones para diseñar y ejecutar propuestas presidenciales alternativas, como “Venezuela Tierra de Gracia”, de cara a las elecciones de 2024.
Política e información oficial
La rendición de cuentas de los representantes es un derecho político de electores y electoras, según el artículo 66 de la Constitución. La transparencia es mencionada seis veces en la Constitución, en relación con los órganos de administración de justicia y del Poder Electoral, de la administración pública, de la gestión fiscal y de la rendición de cuentas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha eximido a los poderes públicos de la publicación del presupuesto, información oficial y rendición detallada de cuentas en repetidas ocasiones. En 2015, el TSJ declaró inadmisible una demanda por abstención contra el presidente del BCV “por no publicar datos de importancia vital para la economía del país”, después de haber afirmado en 2014 que el BCV dejaría de publicar el índice de escasez porque sólo “lo debe tener el Gobierno, no es un índice político”. Entre 2016 y 2020, luego de declarar en desacato a la Asamblea Nacional electa para el período, el TSJ no requirió la publicación de información oficial al declarar la constitucionalidad de decretos de emergencia económica. La Asamblea Nacional electa para el período 2021 a 2025 ha recibido y aprobado el presupuesto, sin publicarlo, durante tres años, por lo que debe suponerse que lo considera secreto según el régimen transitorio (de duración indefinida) sobre “reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información” establecido por la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020).
Al presentar el presupuesto de 2024 ante la Asamblea Nacional, el Ejecutivo se refirió al ejercicio como uno “profundamente político”, no administrativo. Sin embargo, a pesar de la trascendencia política de las elecciones presidenciales de 2024, la publicación de información oficial se omitió en los acuerdos de Barbados. Dedicados a la protección de intereses vitales para la nación y a la promoción de los derechos políticos y garantías electorales, los acuerdos hicieron mención expresa a CITGO, los activos en el exterior y la Guayana Esequiba, pero no a PDVSA ni a los activos y pasivos de la República ni al Arco Minero del Orinoco. La publicación del presupuesto de 2024 y todas las estadísticas requeridas para evaluarlo debió tratarse como derecho político y garantía electoral, porque son necesarias para preparar los programas de candidatos presidenciales. Sin información oficial suficiente y comisiones de enlace bien dispuestas, la toma de posesión de un nuevo gobierno, de ganar las elecciones de 2024, podría ocurrir en medio de problemas administrativos que agraven severos inconvenientes políticos, económicos y sociales. Tiene un significado profundamente político que la presentación de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2024 sea la octava hecha sin conocimiento previo ni posterior de los electores.
Factibilidad de programas de gobierno
Para electores y potenciales aliados, evaluar la factibilidad de los programas de gobierno requiere considerar el origen y monto previsto de los recursos públicos, así como objetivos, medios e impactos esperados. Un punto de partida común debe ser el presupuesto, puesto que este debe elaborarse con visión de conjunto, indicando compromisos difícilmente modificables e iniciativas por continuar, cancelar o incorporar.
Por su parte, el gobierno vinculó el gasto presupuestado con la recuperación del estado del bienestar. Los recursos necesarios se relacionan con la consolidación de un nuevo modelo económico post petrolero y el levantamiento de las sanciones. Con respecto al nuevo modelo, el gobierno ya había anunciado que cobrará impuestos y armonizará tributos a unos, pero ofrecerá a otros incentivos fiscales y protecciones arancelarias en zonas económicas especiales, favoreciendo a los productores nacionales y extranjeros cuyas actividades interesen al gobierno. Suspendidos los controles de cambio y precios y las amenazas de expropiación, el gobierno ha restablecido relaciones con gremios empresariales privados y ha reconocido como un problema la inexistencia de un plan de financiamiento, sin hacer referencias al encaje bancario ni a la regulación de la intermediación en divisas, ni a los potenciales aportes del sector público. Los acuerdos de Barbados permitieron el otorgamiento de licencias temporales y condicionadas a garantías electorales sobre actividades generadoras de recursos públicos, previamente sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Aunque observadores externos han estimado el posible impacto del alivio sobre la producción de hidrocarburos, sigue desconociéndose el efecto neto estimado por el mismo gobierno de recaudar impuestos, otorgar incentivos fiscales y levantar sanciones sobre el crecimiento de actividades económicas e ingresos públicos.
Por otra parte, el programa “Venezuela, Tierra de Gracia”, propuesto por María Corina Machado y su equipo, apunta como principales fuentes de recursos públicos la recaudación de mayores ingresos fiscales (provenientes del crecimiento de la producción petrolera y del resto de actividades económicas), así como de la privatización masiva y transparente de empresas públicas, la renegociación de la deuda y la ayuda para atender la crisis humanitaria. El programa se propone reducir el déficit fiscal al mismo tiempo que eliminar impuestos distorsionantes, participar en inversiones de infraestructura con el sector privado y atender a los más vulnerables en áreas de salud, educación, atención materno-infantil y seguridad social. Una condición esencial para el éxito del programa es, a la vez, una de sus principales promesas: crear un ambiente propicio para la inversión privada. Entre los requisitos para alcanzar este objetivo se encuentran el apoyo de multilaterales, la credibilidad de proyectos de privatización y la aprobación conjunta de poderes públicos independientes entre sí. Los tres requisitos enfrentan obstáculos para su satisfacción inmediata. La disposición de los poderes públicos a facilitar el desarrollo de este programa no es evidente, teniendo en cuenta la opacidad fiscal y la inhabilitación impuesta por la Contraloría a Machado, entre otras cosas. El Directorio Ejecutivo del FMI sólo puede celebrar reuniones informativas informales sobre Venezuela, puesto que a la fecha la consulta del Artículo IV se encuentra demorada 203 meses. PDVSA ha firmado nuevos compromisos con Chevron, Shell, NGC, Repsol y RdK , entre otras empresas que aprovechan las licencias para explotar hidrocarburos, aunque sean temporales y PDVSA haya dejado de publicar informes desde 2016, está endeudada, sometida a investigaciones por corrupción en Venezuela y sea, según Machado, uno de los “negocios personales” de quienes tienen el poder. Sin contar con detalles sobre la gestión fiscal, los nuevos contratos y las investigaciones sobre corrupción en curso, “Venezuela, Tierra de Gracia” requiere de planes contingentes explícitos para establecer lazos confiables y transparentes con todos los interesados, sin los cuales sus grandes objetivos pueden parecer inviables.
Predicciones independientes y prejuicios
No contar con información detallada dificulta hacer predicciones independientes sobre las variables económicas habituales. Se pierde la oportunidad de identificar patrones observables examinando cifras compiladas con una metodología común. No es posible contrastar hipótesis utilizando la gran variedad de teorías y técnicas estadísticas disponibles. Se corre el riesgo de presumir causalidades entre variables observadas, sólo porque fueron sugerentes en el pasado. No es posible cuantificar la importancia relativa de variables omitidas. Sin embargo, el aspecto más relevante es que no publicar las cifras es una más de las decisiones tomadas por el gobierno, cuyas decisiones afectan el comportamiento de todas las variables relevantes. Las limitaciones para comprender problemas complejos hacen posible la manipulación de unos por otros, incluso teniendo acceso a información significativa. Ocultar información da ventajas adicionales a quien lo hace. En Venezuela, el gobierno ha podido cambiar prioridades y canales de transmisión sin conocimiento inmediato de todos los afectados, y aprovecharse de sus prejuicios para influir en sus perspectivas de un modo que le convenga. A continuación, algunos ejemplos de lugares comunes discutibles.
a. “La hiperinflación podía ser derrotada”
Si el BCV no hubiera incrementado la emisión monetaria a una velocidad y por un tiempo suficientes, no hubiera existido hiperinflación en Venezuela. Reduciendo la velocidad habría podido detenerla, y de hecho lo hizo tres años después de comenzar. Así como la inició con una aceleración no explicada en la emisión monetaria, la detuvo desacelerando sin explicación. Mientras tanto, los bolívares emitidos por el BCV a nombre de PDVSA fueron utilizados en Venezuela, donde podían comprar bienes, servicios y activos mientras se incrementaban aceleradamente sus precios. La diferencia entre quienes recibían muchos bolívares y quienes recibían pocos, fuese por el mecanismo que fuese, pudo servir al gobierno con propósitos redistributivos. Estos propósitos eran desconocidos por observadores que esperaban un cambio de gobierno, o un improbable cambio de políticas (como una dolarización plena) o el final de las sanciones, como medios para “vencer” a la hiperinflación. Nada de eso ocurrió. La hiperinflación no fue derrotada, sino detenida, y sus efectos no fueron empobrecedores para todos.
b. “El bolívar no vale nada”
Aunque el destino de los bolívares recibidos por PDVSA todavía es desconocido, es claro que primero fueron gastados por el gobierno y después se mantuvieron en circulación permanente en Venezuela. Esto contrasta con frases como “el bolívar no vale nada”, “nadie quiere bolívares” y “el bolívar fue pulverizado”, porque si nadie los hubiera aceptado no tendríamos tipos de cambio para el bolívar, ni precios en bolívares para bienes y servicios, ni podrían usarse dólares y bolívares para transacciones hechas en el territorio nacional. Sin embargo, el mismo gobierno que hizo uso privilegiado del poder de compra del bolívar aprovechó la idea de que estaba dejando de usarse para justificar dos políticas no relacionadas: la eliminación de seis ceros a la moneda nacional y la extensión del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) a las transacciones en dólares. Conviene recordar que por décadas se recomendó en Venezuela ahorrar en dólares y hacer transacciones en bolívares, por lo que los bolívares siempre han sido la moneda con mayor velocidad de circulación en el país. Las transacciones directas en dólares no reflejan el desuso de bolívares, sino la menor capacidad de ahorro de los residentes, por lo que el IGTF no puede estimular el uso de la moneda con mayor velocidad de circulación pechando el uso de las que tienen una reserva de valor más duradera.
