EL MOSTRADOR 18 DE FEBRERO DE 2014
Régimen
usa el sistema penal para reprimir a opositores, señala José Miguel Vivanco
"No
hay dónde ir. Está todo controlado por el gobierno de Nicolás Maduro. El Poder
Judicial es una entidad de bolsillo del gobierno (...) la Fiscalía es una
agencia para darle un manto de legalidad a la persecución penal cuando deciden
ir contra un opositor, algún disidente, algún periodista o algún medio de
comunicación. No hay una entidad jurídica que sea capaz de colocarle frenos
plenamente a esta situación y amparar a aquellos que son víctimas de
abuso", sostuvo el experto en América Latina.
El director para las Américas de Human
Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a la situación en Venezuela asegurando
que el régimen de Nicolás Maduro utiliza el sistema penal para reprimir a los
opositores.
Según el ex abogado de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Venezuela se encuentran
presentes todos los elementos que configuran la violación a los derechos
humanos: brutalidad policial con resultados de muerte –tres personas
fallecidas, concretamente desde el 12 de febrero a la fecha–, numerosos heridos
(algunos graves), detenciones arbitrarias, golpizas, uso de grupos armados de
civiles motorizados y censura a los medios de comunicación.
“Aquí hemos podido registrar y
documentar con fotografías, videos y testigos presenciales: los abusos,
brutalidad policial y golpiza por parte de la fuerza pública y civiles. Lo peor
de todo, es que el gobierno haciendo un uso político del tema penal responsabiliza
penalmente a los líderes de la oposición por estos abusos y sin exhibir
evidencia alguna haya ordenado la captura y el arresto de Leopoldo López… no es
primera vez que el gobierno hace esto, de usar el sistema penal como un
instrumento de represión política”, enfatiza el experto en América Latina en
entrevista con Radio Duna.
En el ámbito de la libertad de
expresión, el director de HRW para las Américas hace hincapié: “Yo no conozco
ningún ejemplo de país democrático donde se les haya pasado por la cabeza a los
gobernantes reaccionar frente a una manifestación ordenando la censura a los
medios, sacando los medios del aire, amenazando a los medios de comunicación,
imponiendo derechamente censura”.
“Lo que está ocurriendo en Venezuela:
primero, el presidente Maduro se ha dado el lujo de abusar y utilizar las
cadenas obligatorias de radio y televisión casi en términos permanentes. Desde
el 12 de febrero a la fecha suman 9 horas. Luego, a un canal regional (NTN24)
le quitaron la señal de la noche a la mañana porque estaba informando de los
hechos que estaban ocurriendo en Venezuela. Ello dirán: ‘Señores lo que estamos
haciendo es legal’ y, sabes tú, y tienen razón, porque es legal. Durante estos
años se han concentrado en el diseño de todo un andamiaje jurídico que les
permite hacer esto. Cuentan con una legislación de responsabilidad social de
los medios que les permite sacar del aire esta entrevista, por ejemplo, o
impedir la difusión de cualquier noticia (…) si con su difusión provoca
ansiedad en la población… ese es el estándar. ¡Cualquier cosa puede provocar
ansiedad! Si ellos consideran que hay ansiedad en la población se le puede
cortar la señal, suspender o sancionar la señal, como se hizo con Globovisión
el año pasado, con dos millones de dólares por provocar ansiedad en la
población o por ofender a las autoridades… otro ejemplo, el gobierno de Maduro
ordenó sancionar a la agencia francesa France-Presse porque estaba
distorsionando la realidad… en otras palabras, es el gobierno quien decide qué
consumes”, detalla.
Con cierto pesimismo, José Miguel
Vivanco reflexiona: “En Venezuela no hay dónde ir. Está todo controlado por el
gobierno. El Poder Judicial es un apéndice, es una entidad de bolsillo del
gobierno. El 2004 intervinieron la Corte Suprema y todas sus decisiones son
simplemente para convalidar los interéses de gobierno. Y fallan diciendo: ‘No
creemos en la separación de poderes. Aquí participamos todos del proyecto
revolucionario bolivariano’… imagínate el resultado de la sentencia. La Fiscalía
es una agencia para darle un manto de legalidad a la persecución penal cuando
deciden ir contra un opositor, algún disidente, algún periodista o algún medio
de comunicación”.
“No hay una entidad jurídica que sea
capaz de colocarle frenos plenamente a esta situación y amparar a aquellos que
son víctimas de abuso”, exclama.
Por último, agrega: “¿Qué pueden hacer
los venezolanos? Documentar y reclamar. Utilizar las vías para sacar la
información fuera de Venezuela con la esperanza que el material genere alguna
preocupación explícita por parte de algunos países democráticos de la región”.
Cabe consignar que Vivanco fue
expulsado de Venezuela en 2008, por orden del gobierno del entonces presidente
Hugo Chávez. El ministro de Relaciones Exteriores de la época, Nicolás Maduro,
explicó que el diplomático actuó “inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos
internos” y la decisión se tomó “con base en los valores constitucionales de
defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano”.
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