Por Gioconda San Blas
Al momento de escribir estas
líneas, la Defensoría colombiana contabiliza más de mil niños víctimas de la
ruptura familiar, porque padre, madre y hermanos nacidos a uno u otro lado de
la frontera han quedado separados. Esto en oposición al art. 9.1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño que explícitamente indica que los Estados
Partes (Venezuela uno de ellos) velarán porque el niño no sea separado de sus
padres
La imagen no me abandona, me
asalta una y otra vez como una de las representaciones más vergonzosas de la
infamia. Una joven madre es deportada a Colombia, mientras su bebé de 4 meses
queda en este lado de la frontera al cuidado del padre. “Ahora ella y su pareja
se encuentran en la mitad del río Táchira para que ella amamante a su bebé. Lo
hacen casi a diario, pero en ocasiones deben interrumpir la rutina debido a los
cierres de las trochas”, nos cuenta Maolis Castro en un desgarrador reportaje
(La frontera a media asta, http://bit.ly/1NH0IwD).
Sujeta al discrecional juicio de los guardias nacionales, la bebita es “hija de
la patria” y por lo tanto, no puede seguir a la madre. Hija del estado todopoderoso,
pues.
Al momento de escribir estas
líneas, la Defensoría colombiana contabiliza más de mil niños víctimas de la
ruptura familiar, porque padre, madre y hermanos nacidos a uno u otro lado de
la frontera han quedado separados. Esto en oposición al art. 9.1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño que explícitamente indica que los
Estados Partes (Venezuela uno de ellos) velarán porque el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos. Un principio que la ONU refuerza al
insistir en la necesidad de reunificar a los niños y jóvenes separados de su
familia.
Según Amnistía
Internacional, la Defensoría colombiana ha registrado cientos de quejas de
abandono de familiares, maltrato físico y verbal de militares venezolanos,
destrucción de viviendas, despojo de pertenencias en los desalojos y retención
de documentos. Un claro contraste con las declaraciones del defensor del pueblo
a este lado de la frontera, quien dice vigilar la actuación respetuosa de la
Guardia Nacional en materia de derechos fundamentales, a pesar de evidencias en
contrario. Si de capturar malhechores, paramilitares y guerrilleros se trata,
hay fórmulas legales para ello que resguardan a la población inocente.
Pareciera que el régimen se
regodea en acciones de asalto militar contra la población civil, amparado en la
nocturnidad. Ya en 2003 pudimos ver una primera edición de esa conducta cuando
una madrugada, unos 350 efectivos de la Guardia Nacional venezolana y de la
policía del estado Falcón tomaron por asalto la urbanización Los Semerucos,
arremetiendo contra 100 familias cuyos titulares habían sido expulsados de la
nómina de la empresa aunque conservaban al momento el arriendo de las
viviendas.
Más recientemente, las
operaciones de liberación del pueblo (OLP) se han caracterizado por el
irrespeto a los derechos humanos, allanamientos ilegales, abusos y maltratos.
Llamadas por Provea “razzias contra los pobres”, en los 23 operativos del
primer mes fueron detenidas 4.021 personas, algunas menores de edad, de las
cuales sólo 368 (9%) fueron retenidas por presunción de hechos punibles. Estas
tropas de asalto, con la aparente misión de apresar maleantes, usan la
discrecionalidad del poder para arremeter contra todo y todos.
En medio de su tristeza por
la separación familiar e inexperto en purismos legales sobre derechos humanos,
Camilo reflexiona: “Somos desplazados del conflicto armado colombiano. Vinimos
hace 25 años a Venezuela en búsqueda de paz, pero ahora atravesamos una de
las peores pesadillas de nuestras vidas: somos otra vez desplazados” (http://bit.ly/1KpIlMf).
03-09-15
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