Juan Marcos
Colmenares*, 26/04/2016
“Si nosotros
los buenos matáramos a todos los malos ¿quiénes quedaríamos? Los asesinos”…
Como el
hombre primitivo vivía en forma individual, no tenía problemas comunitarios.
Pero, al empezar a vivir en sociedad se vio en la necesidad de celebrar un
pacto social, que limitó sus derechos individuales a favor del bien común.
Existen
varias teorías que explican esta hipótesis del pacto o contrato social. Para
Jean-Jacques Rousseau, al vivir en sociedad y resguardar el orden, los
ciudadanos acuerdan un contrato con el Estado por el cual admiten y se someten
a la existencia de su autoridad, de unas normas morales y de unas leyes,
limitando su libertad. Para Thomas Hobbes, los hombres ceden sus derechos
individuales a un soberano fuerte a cambio de protección y delegan en esa
autoridad la potestad de juzgar y dictaminar el incumplimiento de las leyes.
Pero, en la
actualidad existen países cuyos gobiernos no cumplen con ese pacto o contrato
social, perdieron la facultad de garantizar las condiciones mínimas de
seguridad en su territorio, incumpliendo sus funciones jurídicas, con impunidad
y violencia; son llamados “estados débiles” (Francis Fukuyama). Hay también
países donde reina la arbitrariedad y están sometidos por milicias, grupos
terroristas, narcotraficantes y paramilitares; son denominados “estados
fracasados”. Y también hay estados donde por falta de capacidad o voluntad el
gobierno no protege a sus ciudadanos, se sitúa al margen del Derecho
Internacional y cree que puede actuar impunemente, sus instituciones carecen de
auténtica sustancia republicana, ha perdido sus facultades de garantizar el
monopolio de la violencia legítima y sus objetivos; son los “estados forajidos”
(Noam Chomsky).
En
Venezuela, lo que vemos día a día nos indica que estamos ante un estado
forajido. Existe una corrupción galopante, se ha politizado a la Fuerza Armada,
favorecido el narcotráfico y no se cumple los convenios internacionales,
descartando las decisiones tomadas por los organismos encargados de garantizar
la paz mundial. Pero sobre todo, no se garantizan los servicios básicos en lo
político, social y económico: 1) Pérdida del control físico del territorio: La
frontera colombo-venezolana es controlada por grupos terroristas y narcotraficantes,
con apoyo del gobierno a la FARC y Hezbolá. El sur del estado Bolívar es
controlado por mafias y bandas internacionales del negocio del oro que ha
africanizado la zona, secuestrando y masacrando a sus habitantes. Y la zona del
Esequibo ha sido totalmente descuidada. 2) Incapacidad de garantizar la seguridad:
Existe un vacío de poder, violencia regional y más de 300.000 asesinatos en los
últimos 17 años. No se ejerce el
monopolio del uso de las armas y se permite la existencia de grupos irregulares
armados en barrios y zonas del país (colectivos, pranes, carteles). 3) Incapacidad
de proveer los servicios públicos: Crisis eléctrica y racionamiento energético;
escases y racionamiento de agua; falta de medicinas y hospitales colapsados e
inservibles; el desabastecimiento de alimentos y el deterioro acelerado de la
economía. 4) Violación de los derechos humanos: Restricción de la libertad de
prensa y de expresión, bloqueo a medios de comunicación y amenazas a
periodistas. Criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias, torturas
y encarcelamiento de opositores. Manipulación de la administración de justicia
y carencia de legitimidad democrática.
Pero creemos
que la prueba más evidente que caracteriza a nuestro país como un estado forajido,
es lo común y frecuente que se ha hecho el tomarse la justicia por sus propias manos,
linchando y ajusticiando a delincuentes.
Según cifras del Ministerio Público existe un 92% de impunidad donde los
delincuentes no son castigados. Por eso la sociedad venezolana no cree en las
instituciones, ni en la justicia; siente que no tiene protección, que no hay castigo
para los delincuentes y ha retrocedido a ese grado de primitivismo y barbarie.
Por todas estas
circunstancias nos atrevemos a calificar a Venezuela como un gobierno malandro
y de malandros.
*Abogado
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