Trino Márquez 28 de abril de 2016
La
entrega de la planilla por parte del CNE para recoger 1% de las firmas del
Registro Electoral Permanente (REP), con lo cual se inicia el proceso
revocatorio, representa un cambio sustantivo en la situación política. Se abre
la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro sea sustituido de acuerdo
con un mecanismo señalado en Constitución, ya probado en 2004 cuando el
procedimiento se le aplicó a Hugo Chávez. La entrega del formulario fue
consecuencia de la promesa de movilización opositora hacia las sedes del
organismo electoral en todo el país, prevista para el miércoles 2 de abril, y
de las protestas populares registradas los días previos en Zulia, Bolívar,
Vargas y Trujillo, estas dos últimas entidades tradicionalmente chavistas.
Probablemente los militares le indicaron a Maduro que era preferible abrir las
compuertas para aligerar la presión, a continuar taponando las salidas
constitucionales a la peor crisis global vivida por la nación desde la Guerra
Federal.
Este
primer escalón para nada significa que la escalera hacia la cumbre esté
despejada. El régimen colocará en el camino hacia la cima todo tipo de
obstáculos, como de costumbre. Cuenta con dos poderosos aliados. El CNE y la
Sala Constitucional, aunque esta tenga muy poco que decir y hacer, una vez que
el mecanismo se ponga en marcha. El
tercer factor, la cúpula militar, a pesar de las declaraciones altisonantes del
ministro Vladimir Padrino López, no pareciera estar dispuesta a bloquear una
vía ya transitada por Chávez en momentos en los que el país se encontraba al
borde de una guerra civil. En esa ocasión se impuso la consigna según la cual
era preferible contar votos en las
urnas, que urnas en los cementerios. Fue la época de la mediación internacional
del entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, y del expresidente
norteamericano, Jimmy Carter. La nación estaba estremecida por la crisis
política luego de los sucesos del 11-A, pero en el plano económico había ido
recuperándose del paro económico registrado entre finales de 2002 y comienzos
de 2003.
Chávez,
padre de la democracia refrendaria tal como está aparece delineada en la Carta
del 99, aceptó, luego de numerosas marchas y contramarchas, ir al referendo
revocatorio. Admitió los consejos de Gaviria y Carter, quienes habían
comprometido su autoridad y prestigio en impedir que Venezuela se deslizase por
el precipicio de la violencia.
Si en
2004 el revocatorio era necesario para evadir la confrontación armada, hoy ese
imperativo resulta mucho más urgente y perentorio. Por primera vez, junto a la
deslegitimación del régimen, confluyen varios problemas de enorme gravedad e
impacto social: pobreza, inflación, escasez, desabastecimiento, incluidas las
medicinas, desempleo, inseguridad personal y deterioro alarmante de los
servicios públicos, con la electricidad, el agua, la salud y el transporte
colectivo a la vanguardia. Una sólida franja de ciudadanos está pasando hambre
porque no tiene dinero para comprar alimentos o porque, si lo posee, no los
encuentra en los anaqueles. Ciudades como Caracas parecen en guerra. De día,
porque las colas alrededor de los mercados y farmacias reflejan la carencia de
alimentos y medicinas; de noche, por la desolación. La gente se refugia en sus
casas por temor a la delincuencia y porque carece de dinero para gastarlo en diversión.
A
Nicolás Maduro y su gobierno, quienes aparecen señalados en las encuestas como
responsables del colapso, les resultará muy difícil sortear el revocatorio. Su
padre putativo impuso esta fórmula en la Constitución y se sometió a ella. Los
militares saben que para preservar la precaria paz existente se necesita
resolver las tensiones en el marco de la Carta Magna. Factores importantes del PSUV están
conscientes del riesgo que corre la organización si la ira popular se
transforma en violencia: las víctimas no serán los dirigentes opositores, sino
los líderes de un partido que ha gobernado durante diecisiete años en medio de
la mayor abundancia de recursos financieros y sin controles institucionales de
ninguna clase.
A
partir de ahora quienes militamos en la alternativa democrática tenemos que
exigir que los plazos se respeten y las normas se cumplan. La presión
revocatoria, a través de la presencia popular en actos, movilizaciones,
firmazos y refirmazos, tendrá que ser de millones de atmósferas sobre un
presidente acorralado por el legado de su benefactor y la ruina que provocó.
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