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martes, 24 de mayo de 2016

Rubén Blades define a Venezuela como una dictadura



En este momento de la historia humana, que se caracteriza por  cambios, re-planteamientos y re-definiciones, tenemos que revisar todo lo conocido, desaprender y re-aprender. En cualquier estado -sea socialista, democrático, capitalista o comunista- un gobierno que se sostenga en base a la docilidad y obediencia ciega del pueblo, ya sea por la fuerza de las armas o a cambio de subsidios y programas de beneficio público, es por definición una dictadura.

El servicio público es obligatorio en cualquier estado, y por lo tanto no debe ser condicionado por ningún tipo de gobierno, menos cuando ello involucra la pérdida de derechos cívicos y humanos, ni a la rendición del ejercicio y/o consulta de la razón nacional, aunque se proclame que se ha hecho de manera voluntaria.


La democracia es, por naturaleza, impredecible y solidaria. No puede ser sancionada por una ideología. Ocurre desde una voluntad, individual o colectiva, que es humanista en su enfoque, en su afán y proyección. La autoridad, en cualquiera de sus formas, jamás surge de la imposición oficial. Nace de la fuente popular que la otorga y que decide, por su voluntad, sostenerla. La autoridad solo se produce cuando el respeto popular la reconoce y, con eso y por eso, permite que exista y que sea respaldada.

En la pasada elección parlamentaria, desde las mismas urnas que una vez consagraran a Chávez, el pueblo venezolano, retiró la confianza antes otorgada al presente gobierno, pero también decidió darle a los opositores al gobierno, una mayoría en la Asamblea Nacional. La réplica del presidente Maduro ha sido la de rechazar la expresión de esa voluntad y su realidad, actuando para anular sus actos y efectos.

Su respuesta no solo es ilegal, sino que es una acción que desconoce abiertamente la manifestación de la voluntad popular libremente expresada en las urnas, por una mayoría representativa del sentir nacional. Creo que ni el difunto Chávez hubiese considerado semejante paso. Me parece que su idea original era la de plantear una revolución de efecto social permanente, pero utilizando el paradigma democrático, respetando sus instituciones. El decreto 2323, escuetamente descrito, es un facilitador para ejercer el totalitarismo, algo que desnaturaliza su pretensión de legalidad. De persistir tal decisión, lo que provocara será endurecer aún más la actual polarización en Venezuela, aumentando así la posibilidad de violencia civil y/o la de un golpe militar, bajo el liderazgo de oficiales de menor jerarquía. Si existe la posibilidad de un golpe milico, éste vendrá de abajo hacia arriba, tal como lo hizo Chávez.

Ya he señalado antes que los argumentos de las partes en pugna, PSUV o MUD, no convencen del todo al ciudadano promedio. En vez de tratar de encontrar una solución negociada para la presente situación, ambos grupos persisten en una lucha por el poder, de la cual surja un claro ganador, que no sería necesariamente el pueblo venezolano, hoy afectado por una crisis que no es solamente económica; también es cívica, social, espiritual.

Pareciera, desde aquí, que allá se está derrumbando todo.

En todo caso: ¿Por qué se busca evitar que el pueblo venezolano decida el futuro del presente gobierno y el del Presidente Maduro? La respuesta luce obvia. La presente circunstancia que sufre Venezuela debe ser enfrentada desde una perspectiva de solidaridad y objetividad, no desde ideologías, enconos, triunfalismos o ansias de rapiña. Partiendo al niño por la mitad no se resolverá el problema.

23-05-16




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