En este momento de la
historia humana, que se caracteriza por cambios, re-planteamientos y
re-definiciones, tenemos que revisar todo lo conocido, desaprender y
re-aprender. En cualquier estado -sea socialista, democrático, capitalista o
comunista- un gobierno que se sostenga en base a la docilidad y obediencia
ciega del pueblo, ya sea por la fuerza de las armas o a cambio de subsidios y
programas de beneficio público, es por definición una dictadura.
El servicio público es
obligatorio en cualquier estado, y por lo tanto no debe ser condicionado por
ningún tipo de gobierno, menos cuando ello involucra la pérdida de derechos
cívicos y humanos, ni a la rendición del ejercicio y/o consulta de la razón nacional,
aunque se proclame que se ha hecho de manera voluntaria.
La democracia es, por
naturaleza, impredecible y solidaria. No puede ser sancionada por una
ideología. Ocurre desde una voluntad, individual o colectiva, que es
humanista en su enfoque, en su afán y proyección. La autoridad, en
cualquiera de sus formas, jamás surge de la imposición oficial. Nace de la
fuente popular que la otorga y que decide, por su voluntad, sostenerla. La
autoridad solo se produce cuando el respeto popular la reconoce
y, con eso y por eso, permite que exista y que sea respaldada.
En la pasada elección
parlamentaria, desde las mismas urnas que una vez consagraran a Chávez, el
pueblo venezolano, retiró la confianza antes otorgada al presente gobierno,
pero también decidió darle a los opositores al gobierno, una mayoría en la
Asamblea Nacional. La réplica del presidente Maduro ha sido la de rechazar la
expresión de esa voluntad y su realidad, actuando para anular sus actos y
efectos.
Su respuesta no solo es
ilegal, sino que es una acción que desconoce abiertamente la manifestación de
la voluntad popular libremente expresada en las urnas, por una mayoría
representativa del sentir nacional. Creo que ni el difunto Chávez hubiese
considerado semejante paso. Me parece que su idea original era la de
plantear una revolución de efecto social permanente, pero utilizando el
paradigma democrático, respetando sus instituciones. El decreto 2323,
escuetamente descrito, es un facilitador para ejercer el totalitarismo, algo
que desnaturaliza su pretensión de legalidad. De persistir tal decisión, lo que
provocara será endurecer aún más la actual polarización en Venezuela,
aumentando así la posibilidad de violencia civil y/o la de un golpe militar,
bajo el liderazgo de oficiales de menor jerarquía. Si existe la posibilidad de
un golpe milico, éste vendrá de abajo hacia arriba, tal como lo hizo Chávez.
Ya he señalado antes que los
argumentos de las partes en pugna, PSUV o MUD, no convencen del todo al
ciudadano promedio. En vez de tratar de encontrar una solución negociada para la presente
situación, ambos grupos persisten en una lucha por el poder, de la cual
surja un claro ganador, que no sería necesariamente el pueblo venezolano, hoy
afectado por una crisis que no es solamente económica; también es cívica,
social, espiritual.
Pareciera, desde aquí, que
allá se está derrumbando todo.
En todo caso: ¿Por qué se
busca evitar que el pueblo venezolano decida el futuro del presente gobierno y
el del Presidente Maduro? La respuesta luce obvia. La presente circunstancia
que sufre Venezuela debe ser enfrentada desde una perspectiva de solidaridad y
objetividad, no desde ideologías, enconos, triunfalismos o ansias de rapiña.
Partiendo al niño por la mitad no se resolverá el problema.
23-05-16
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