Héctor Silva Michelena
Según la Constitución de 1999,
la ANC tiene por objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento
jurídico y redactar una nueva Constitución”. Transformar significa hacer
cambiar de forma a alguien o algo, trasmutar algo en otra cosa. Según la carta
magna de 1999, “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Establece, además, en sus Principios Fundamentales que “La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
La inconstitucionalidad, de
esa ANC convocada por el presidente Maduro, ha sido demostrada hasta la saciedad
por nuestros mejores constitucionalistas, por los juristas de la Comunidad
Internacional, y, nada menos que por el Ministerio Público, que “estará bajo la
dirección responsabilidad del fiscal o la fiscal general de la República… Sus
atribuciones, establecidas en el artículo 285 son claras, entre ellas: “Ejercer
en nombre del Estado la acción penal en los caso en que para intentarla no
fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la
ley”; intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la
responsabilidad civil, militar, administrativa o disciplinaria en que
hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con
motivo del ejercicio de su funciones”. Estas atribuciones no menoscaban el
ejercicio del derecho y las acciones que corresponden a particulares o a otros
funcionarios.
La fiscal, y otros abogados,
intentaron estas acciones, después de comprobar que la convocatoria unilateral
y directa, hecha por el presidente, burlaba la opinión del soberano –el pueblo–
al no consultarle su opinión mediante el referéndum consultivo, establecido en
el artículo 71 de la Constitución, según el cual el mismo es
obligatorio en las materias de especial trascendencia nacional”. ¿Hay algo de
mayor trascendencia nacional que transformar el Estado y crear u nuevo orden
jurídico, una nueva Constitución, es decir, nuestra máxima institución, nuestro
contrato social, que pauta todos los derechos y obligaciones de nuestra nación,
y los derechos y obligaciones con la comunidad internacional? Por si fuera
poco, también unilateralmente, el Ejecutivo estableció unas bases comiciales
que atentan contra el sufragio libre, universal, directo y secreto, donde “la
ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la
representación proporcional”. Al establecerse arbitrariamente dos tipos de
votaciones, la territorial y la sectorial, se viola no solamente la
universalidad del sufragio y su personalización, sino que se obvia un principio
fundamental de la carta magna: la del “Estado Federal descentralizado”.
¿Qué es un Estado Federal? El
Federalismo es una forma de organización del Estado que se origina por la
integración de Estados independientes, este es el sentido clásico del término
Federalismo, sin embargo, hoy además se admite como una categoría de Estado
Federal, aquel en el que se reconoce autonomía política a las regiones que
integran un Estado Unitario. Es un proceso a la inversa, en el cual el Estado
Federal surge por la integración de Estados independientes; en el segundo se
parte de un Estado Unitario en el que da autonomía a entidades locales que
pueden denominarse Estados. Siendo la autonomía, un principio fundamental del
Estado Federal, la noción de federalismo implica entonces en ese tipo de Estado
federal unitario como el nuestro, que se prevea una distribución del poder
político hacia las regiones, municipios y estados. Este principio fue violado
por el CNE y el Ejecutivo, y ya habían sido aprobados por un TSJ abiertamente
ilegítimo: sus magistrados no reúnen los requisitos que exigen los artículos
264 y 265).
El fraude, variado en sus
formas, fue denunciado por los técnicos electorales Vicente Bello y Félix
Arroyo, quienes aseveraron que el gobierno aprovechó la falta de auditorías y
controles en las elecciones a la asamblea nacional constituyente para
“inventar” e “inflar” los 8.089.320 electores que, según el Poder Electoral,
participaron en la consulta y que equivalen a 41,53 % del registro electoral.
“Simplemente se acomodó la cantidad de votos”, señaló Arroyo.
Tanto Bello como Arroyo
destacaron la ausencia de las casi 20 auditorías que se realizaban en otros
comicios. Bello indicó que la cifra de participación que manejaba la Mesa de la
Unidad Democrática era de 2.483.073 electores, equivalente a 12,4 % del RE,
mientras que la firma de inversiones Torino Capital, que algunos ubican como
cercana a un sector del chavismo, estimó que esta ascendió a 3,6 millones de
ciudadanos, lo que es igual a 18,5 % del padrón. Ambas cifras son más cónsonas
con las pocas colas que se vieron en los centros de votación el domingo.
El registro electoral no fue
auditado, sin contar con los otros siete “registros sectoriales” que fueron
elaborados por el Consejo Nacional Electoral en apenas días, sin control de
ningún tipo. Además, el CNE abrió la puerta al voto múltiple, a lo que se suma
que no había testigos independientes que pudieran denunciar la ocurrencia de
irregularidades. “El sistema de totalización no fue auditado y no se sabe cómo
funcionó. No se señaló cómo van a garantizar la participación de personas en el
caso de los sectores, cómo se impedía que una persona votara en más de un
sector. El ente comicial ni siquiera dio el porcentaje sobre el cual ofrecieron
los resultados a la medianoche de este domingo.
En un demoledor
pronunciamiento, hecho el 2 de agosto, Smartmatic, la empresa encargada del
conteo de votos electrónicos en Venezuela, desestimó los resultados presentados
por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones de la asamblea nacional
constituyente del pasado 30 de julio y alegó que fueron manipulados. El
principal jefe ejecutivo de esa empresa, Antonio Mugica, afirmó durante una
conferencia en Londres: “No podemos garantizar resultados de la constituyente,
creemos que la data para la elección fue manipulada”. De acuerdo con Mugica,
existiría al menos una diferencia de 1 millón de votos menos en el resultado
final de los participantes en el proceso electoral. Además, le atribuyó la
posible manipulación a la falta de auditores de la oposición venezolana.
Y agregó: "Una
auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que
la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al
menos 1 millón de electores”. Mugica dijo al portal de noticias BBC Mundo que los
integrantes de la empresa estuvieron los dos últimos días analizando los
resultados y que no tienen ninguna duda de que hubo manipulación. Asimismo,
reveló que nunca discutió con la autoridades del CNE sobre sus dudas ni sobre
la conferencia de prensa. "No sentimos que alertar a las autoridades del
CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto. Pensamos que a las
autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir".
La Fiscalía solicitó a
tribunal de control anular instalación de la ANC, la medida está fundamentada
en la presunción de delito durante el proceso electoral, tras denuncia de
Smartmatic. En relación con esta nueva acción emprendida por el Ministerio
Público, la noche de este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, informó sobre la conformación de una comisión integrada por dos fiscales
para investigar el “fraude constituyente”. La fiscal informó lo siguiente en el
programa Conclusiones de CNN en Español: "Designé dos fiscales
para investigar a estas cuatro rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso
(...) Pedimos que se haga auditoría con expertos nacionales e
internacionales".
¿Por qué digo que se fundará
un Estado totalitario? ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es una forma
de Estado, es decir, una forma de organizar los componentes de un Estado
(territorio, población, gobierno, poder, justicia). El totalitarismo no es
simplemente una forma de gobierno, una organización en cuanto a las personas
que ejercen el poder, es toda una forma de Estado. Como forma de Estado es de
tipo no democrática y se caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta
de reconocimiento de la libertad y los derechos del hombre. Sin embargo, se
diferencia del autoritarismo en que en el totalitarismo existe una negación de
la libertad y los derechos individuales, desconociendo además la dignidad de la
persona humana. El totalitarismo solo puede entenderse como la forma de
dominación total específica de la sociedad moderna. Solo aparece cuando las
fuerzas sociales son ahogadas y sometidas a la opacidad. Representa un proyecto
de unificación, de fusión de la sociedad con el Estado, un intento de dominio
sin límites y sin derechos.
Considera el Estado como un
fin en sí mismo, y por tanto lo maximiza, y debido a que el poder existe para
el fin de las cosas, si consideramos al Estado un fin, estos dos componentes de
la política son correlativos, como consecuencia un Estado más grande nos da un
poder más grande. Así, el poder del Estado totalitario lo puede todo porque el
fin lo abarca todo. Mussolini graficó esto en el eslogan "todo en el
Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el
Estado". No es ya el Estado para el hombre, sino el hombre para el Estado.
El totalitarismo, en sus formas clásicas, el régimen de Hitler, el de Mussolini
y el régimen ruso durante la vida de Stalin, fue una dominación instituida a
partir de una interpretación delirante de la realidad y que utilizaba como
media la movilización social y el terror masivo. Todos encarnaban proyectos de
dominio total sobre la sociedad.
Porque todo apunta a que la
nueva Constitución incluya casi todo lo rechazado en referéndum popular en la
reforma propuesta por Chávez en diciembre de 2007, luego pasadas como “leyes
orgánicas”, en virtud de las leyes habilitantes otorgadas al entonces fallecido
presidente, conocidas como leyes del poder popular, decretadas desde el 17 de
diciembre de 2010 hasta el 21 del mismo mes y año. Allí, en el Plan de la
Patria (convertido en ley), y en el Instructivo del PSUV, emitido a principios
de julio, se dice que “la ANC crea el Estado Comunal, que la base del poder es
el poder popular, que para elegir los venezolanos deben formar parte de las
comunas, que logrará la nueva geometría del poder, para desbaratar las alcaldías
y gobernaciones corruptas, y con la participación absoluta del Estado en la
inversión privada, “para evitar desvíos”.
En definitiva, la locura de
reimplantar al Gran Hermano. Que George Orwell retrató muy bien en
libro 1984. Con el carnet de la patria, y su código QR, lo dijo no hace
mucho el dictador Maduro, “sabremos todo de todos, hasta si una mujer está
embarazada”.
Nosotros, como individuos,
seremos irremisiblemente absorbidos por la comunidad, donde seremos
transformados en nuestros propios fantasmas. Mas recordemos: mientras hay vida
y voluntad, hay esperanza.
05-08-17
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