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jueves, 17 de agosto de 2017

¿Venezuela es una democracia o una dictadura? Por @CronicaUno


Por Juan Francisco Alonso


En los últimos meses cada vez son más los gobiernos, las organizaciones de DDHH y hasta los medios de comunicación que vienen calificando al Ejecutivo de Nicolás Maduro como una dictadura. Señalamientos que han arreciado desde que la cuestionada Constituyente impulsada por el mandatario ha comenzado a tomar decisiones, como la destitución de la Fiscal General.

Régimen totalitario, autoritario y dictatorial. Ya no solo la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni organizaciones de Derechos Humanos, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), califican así al gobierno de Nicolás Maduro, pues desde que se instaló la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y comenzó a tomar medidas como la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, gobiernos como el Colombia o Estados Unidos e incluso diarios como el respetado Folha de Sao Paulo de Brasil, lo hacen.

¿Pero es Venezuela una dictadura o no? Para responder a esta incógnita, Crónica.Uno, con la ayuda de tres expertos, buscó determinar si el país cumple los requisitos que, según la Carta Democrática Interamericana, debe tener toda democracia.

El artículo 3 del instrumento establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa”: 1) el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; 2) el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; 3) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 4) el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; 5) la separación e independencia de los poderes públicos.

Por su parte, el artículo 4 agrega que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”: 6) la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; 7) el respeto por los derechos sociales; 8) la libertad de expresión y de prensa; 9) La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida.


Respeto a los Derechos Humanos

A juicio de Marino Alvarado, excoordinador general de Provea, este elemento fundamental para la democracia no se garantiza en el país, pues “hay una restricción de libertades democráticas y un aumento de la pobreza, la cual supone una merma de los derechos sociales. En Venezuela tenemos hambre sin democracia, a diferencia de países como Colombia donde hay hambre con democracia, porque hay independencia de poderes, elecciones libres y periódicas, ciertas garantías para la libertad de expresión y los derechos de manifestación y asociación”.

Para el activista de DDHH, el hecho de que durante los últimos cuatro meses más de 5000 personas hayan sido arrestadas por participar en protestas antigubernamentales y que a lo largo de los últimos años se acuse a miembros de organizaciones civiles de estar conspirando por acudir a instancias internacionales es prueba de que ciertas libertades democráticas han sido socavadas.

Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho

Para la profesora Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia, el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frente a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, a la cual ha anulado con las 53 sentencias que ha dictado desde diciembre de 2015, demuestra que en el país no se ejerce el poder con sujeción al Estado de Derecho, pues “no hay ninguna norma que permita a la Sala Constitucional anular a otro poder del Estado y mucho menos asumir sus funciones”.

La removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 31 de marzo acusó al máximo juzgado de provocar una “ruptura del orden constitucional” al emitir fallos que en la práctica le arrebataron al Parlamento las últimas competencias que le quedaban; y posteriormente, ha denunciado que ese organismo se comporta como un “suprapoder” que está incluso por encima de la Constitución.

Por su parte, las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría contra connotados dirigentes opositores y disidentes del chavismo suponen un obstáculo para el acceso al poder. Dichas sanciones fueron declaradas violatorias de los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, las autoridades han desacatado olímpicamente este señalamiento.

Celebración de elecciones periódicas, libres y justas

Aquí nos hemos pasado 18 años votando y diciendo que ello es prueba de que hay democracia, pero una democracia es más que votar”.

Así lo afirmó la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, para quien este elemento esencial se comenzó a perder cuando el año pasado el Gobierno impidió la celebración del referendo revocatorio presidencial y, posteriormente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no celebró las elecciones regionales en diciembre de ese año. Sin embargo, considera que con la cuestionada elección de la Constituyente se desvaneció. “Smartmatic, la empresa que cuenta los votos, denunció que el resultado dado por el CNE no coincidía con el que tenían, con lo que la duda en torno a la manipulación de los resultados está allí”.

Régimen plural de partidos

Este requisito aún se mantiene. Sin embargo, la decisión del TSJ de ordenar prácticamente a la totalidad de los partidos políticos opositores a someterse a una renovación, bajo unas condiciones más estrictas que las fijadas en la ley, lo puso en duda.

Separación de poderes

Para Louza, este requisito es el que más claramente está ausente en el país. “Hay magistrados y jueces que son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, afirmó en clara alusión al hecho de que 9 de los 32 magistrados actuales hayan sido dirigentes de la tolda gubernamental o que 40 % de los jueces figuren en la nómina de esa agrupación, según una investigación de Armando.Info.

Asimismo, el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, fue diputado y gobernador por el PSUV, mientras que dos de las cinco rectoras del CNE ocuparon cargos en el Gobierno o fueron electas para algún cargo por el partido oficial.

Transparencia en la gestión pública

Para la magistrada Mármol, el hecho de que el presidente Nicolás Maduro no haya acudido a la AN a presentar su informe anual de gestión, bajo la excusa de que estaba en desacato a las decisiones del TSJ; y lo haya hecho ante el máximo juzgado es la mejor demostración de que este principio fundamental de la democracia está ausente en Venezuela.

Organizaciones como Transparencia Venezuela también han denunciado la opacidad y han tratado de remediarla al formular 63 demandas ante el TSJ para conseguir algún tipo de información oficial, pero todas las peticiones han sido rechazadas bajo argumentos tan banales como que “podían entorpecer” la función pública o exigiendo explicaciones de para qué querían la información.

Respeto a los derechos sociales

Para Marino Alvarado, la escasez de alimentos y medicinas, la cual pone en jaque derechos como la alimentación, la salud y la vida, así como la caída en la matrícula escolar prueban que los derechos económicos, sociales y culturales, donde el Gobierno podía exhibir hasta hace unos años logros, están en riesgo.

Libertad de expresión

Para el activista, los más 376 periodistas agredidos solamente durante la actual ola de protestas que sacude al país, el bloqueo a las señales de canales como NTN24, CNN en Español, TeleNoticias, ElTiempoTV y la anulación del permiso a la televisora de la Universidad de Los Andes (ULA), los bloqueos a más de 1200 sitios web o las restricciones para que diarios puedan comprar papel prensa y las reformas legales que endurecen los delitos de difamación e injuria son muestras claras de que la libertad de expresión está muy restringida.

Subordinación al poder civil

Louza considera que en Venezuela viene “produciéndose un desplazamiento de la autoridad civil a la militar desde hace tiempo”. La directora de Acceso a la Justicia señaló que el juzgamiento de civiles por tribunales militares —unos 655 según el Foro Penal Venezolano— es la expresión más clara de ese desplazamiento, pero no fue el primer síntoma y afirmó que el hecho de que 10 de los 24 gobernadores fueran militares, que un tercio de los ministerios estuvieran en manos de uniformados y que el control de la distribución de comida y medicinas se le diera a la Fuerza Armada era indicio claro de la militarización del país.

Los resultados están a la vista, los señalamientos de que Venezuela vive una dictadura tienen fundamento.

Foto: AVN

16-08-17




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