Por Juan Francisco Alonso
En los últimos meses cada vez
son más los gobiernos, las organizaciones de DDHH y hasta los medios de
comunicación que vienen calificando al Ejecutivo de Nicolás Maduro como una
dictadura. Señalamientos que han arreciado desde que la cuestionada
Constituyente impulsada por el mandatario ha comenzado a tomar decisiones, como
la destitución de la Fiscal General.
Régimen totalitario,
autoritario y dictatorial. Ya no solo la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
ni organizaciones de Derechos Humanos, como el Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), califican así al gobierno de
Nicolás Maduro, pues desde que se instaló la cuestionada Asamblea Nacional
Constituyente y comenzó a tomar medidas como la destitución de la fiscal
general, Luisa Ortega Díaz, gobiernos como el Colombia o Estados Unidos e
incluso diarios como el respetado Folha de Sao Paulo de Brasil, lo
hacen.
¿Pero es Venezuela una
dictadura o no? Para responder a esta incógnita, Crónica.Uno, con la ayuda
de tres expertos, buscó determinar si el país cumple los requisitos que, según
la Carta Democrática Interamericana, debe tener toda democracia.
El artículo 3 del instrumento
establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa”: 1) el
respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; 2) el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; 3) la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 4) el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; 5) la separación e independencia de los
poderes públicos.
Por su parte, el artículo 4
agrega que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”: 6)
la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; 7) el respeto por los
derechos sociales; 8) la libertad de expresión y de prensa; 9) La subordinación
constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil
legalmente constituida.
Respeto a los Derechos Humanos
A juicio de Marino Alvarado,
excoordinador general de Provea, este elemento fundamental para la democracia
no se garantiza en el país, pues “hay una restricción de libertades
democráticas y un aumento de la pobreza, la cual supone una merma de los
derechos sociales. En Venezuela tenemos hambre sin democracia, a diferencia de
países como Colombia donde hay hambre con democracia, porque hay independencia
de poderes, elecciones libres y periódicas, ciertas garantías para la libertad
de expresión y los derechos de manifestación y asociación”.
Para el activista de DDHH, el
hecho de que durante los últimos cuatro meses más de 5000 personas hayan sido
arrestadas por participar en protestas antigubernamentales y que a lo largo de
los últimos años se acuse a miembros de organizaciones civiles de estar
conspirando por acudir a instancias internacionales es prueba de que ciertas
libertades democráticas han sido socavadas.
Acceso al poder y su ejercicio
con sujeción al Estado de Derecho
Para la profesora Laura Louza,
directora de la organización Acceso a la Justicia, el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
frente a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, a la cual ha anulado
con las 53 sentencias que ha dictado desde diciembre de 2015, demuestra que en
el país no se ejerce el poder con sujeción al Estado de Derecho, pues “no hay
ninguna norma que permita a la Sala Constitucional anular a otro poder del
Estado y mucho menos asumir sus funciones”.
La removida fiscal general de
la República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 31 de marzo acusó al máximo juzgado
de provocar una “ruptura del orden constitucional” al emitir fallos que en la
práctica le arrebataron al Parlamento las últimas competencias que le quedaban;
y posteriormente, ha denunciado que ese organismo se comporta como un
“suprapoder” que está incluso por encima de la Constitución.
Por su parte, las
inhabilitaciones impuestas por la Contraloría contra connotados dirigentes
opositores y disidentes del chavismo suponen un obstáculo para el acceso al
poder. Dichas sanciones fueron declaradas violatorias de los Derechos Humanos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, las autoridades
han desacatado olímpicamente este señalamiento.
Celebración de elecciones
periódicas, libres y justas
Aquí nos hemos pasado 18 años
votando y diciendo que ello es prueba de que hay democracia, pero una
democracia es más que votar”.
Así lo afirmó la magistrada
emérita Blanca Rosa Mármol de León, para quien este elemento esencial se
comenzó a perder cuando el año pasado el Gobierno impidió la celebración del
referendo revocatorio presidencial y, posteriormente, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
no celebró las elecciones regionales en diciembre de ese año. Sin embargo,
considera que con la cuestionada elección de la Constituyente se
desvaneció. “Smartmatic, la empresa que cuenta los votos, denunció que el
resultado dado por el CNE no coincidía con el que tenían, con lo que la duda en
torno a la manipulación de los resultados está allí”.
Régimen plural de partidos
Este requisito aún se
mantiene. Sin embargo, la decisión del TSJ de ordenar prácticamente a la
totalidad de los partidos políticos opositores a someterse a una renovación,
bajo unas condiciones más estrictas que las fijadas en la ley, lo puso en duda.
Separación de poderes
Para Louza, este requisito es
el que más claramente está ausente en el país. “Hay magistrados y jueces
que son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, afirmó en
clara alusión al hecho de que 9 de los 32 magistrados actuales hayan sido
dirigentes de la tolda gubernamental o que 40 % de los jueces figuren en
la nómina de esa agrupación, según una investigación de Armando.Info.
Asimismo, el nuevo fiscal
general, Tarek William Saab, fue diputado y gobernador por el PSUV, mientras
que dos de las cinco rectoras del CNE ocuparon cargos en el Gobierno o fueron
electas para algún cargo por el partido oficial.
Transparencia en la gestión
pública
Para la magistrada Mármol, el
hecho de que el presidente Nicolás Maduro no haya acudido a la AN a presentar
su informe anual de gestión, bajo la excusa de que estaba en desacato a las
decisiones del TSJ; y lo haya hecho ante el máximo juzgado es la mejor
demostración de que este principio fundamental de la democracia está ausente en
Venezuela.
Organizaciones como
Transparencia Venezuela también han denunciado la opacidad y han tratado de
remediarla al formular 63 demandas ante el TSJ para conseguir algún tipo de
información oficial, pero todas las peticiones han sido rechazadas bajo
argumentos tan banales como que “podían entorpecer” la función pública o
exigiendo explicaciones de para qué querían la información.
Respeto a los derechos sociales
Para Marino Alvarado, la
escasez de alimentos y medicinas, la cual pone en jaque derechos como la
alimentación, la salud y la vida, así como la caída en la matrícula escolar
prueban que los derechos económicos, sociales y culturales, donde el Gobierno podía
exhibir hasta hace unos años logros, están en riesgo.
Libertad de expresión
Para el activista, los más 376
periodistas agredidos solamente durante la actual ola de protestas que sacude
al país, el bloqueo a las señales de canales como NTN24, CNN en Español, TeleNoticias, ElTiempoTV y
la anulación del permiso a la televisora de la Universidad de Los Andes
(ULA), los bloqueos a más de 1200 sitios web o las restricciones para
que diarios puedan comprar papel prensa y las reformas legales que endurecen los
delitos de difamación e injuria son muestras claras de que la libertad de
expresión está muy restringida.
Subordinación al poder civil
Louza considera que en
Venezuela viene “produciéndose un desplazamiento de la autoridad civil a la
militar desde hace tiempo”. La directora de Acceso a la Justicia señaló que el
juzgamiento de civiles por tribunales militares —unos 655 según el Foro Penal
Venezolano— es la expresión más clara de ese desplazamiento, pero no fue el
primer síntoma y afirmó que el hecho de que 10 de los 24 gobernadores fueran
militares, que un tercio de los ministerios estuvieran en manos de uniformados
y que el control de la distribución de comida y medicinas se le diera a la
Fuerza Armada era indicio claro de la militarización del país.
Los resultados están a la
vista, los señalamientos de que Venezuela vive una dictadura tienen fundamento.
Foto: AVN
16-08-17
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