Trino Márquez 31 de enero de 2018
@trinomarquezc
Las
discusiones en República Dominicana han resultado tan complicadas y ha sido
imposible llegar a acuerdos sobre el tema clave, las condiciones electorales,
porque el régimen de Nicolás Maduro decidió ignorar la opinión nacional y
desafiar la comunidad internacional, que no aprueba que en Venezuela, principal
potencia petrolera del hemisferio, se entronice una dictadura totalitaria,
alineada con los países más autoritarios del planeta: China, Rusia,
Bielorrusia, Turquía, Irán y Cuba. Nicaragua no entra en esa lista, porque es
insignificante; y con el atolondrado de Corea del Norte ningún país desea
asociarse.
Maduro
y sus aliados están convencidos de que perderían por paliza unos comicios en
los cuales se cumplan las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de
Procesos Electorales (LOPRE), aprobada en 2009, en plena apoteosis de la
hegemonía chavista, cuando el Comandante
gobernaba a sus anchas, sin contrapesos de ninguna naturaleza, pues
mantenía el control absoluto de la Asamblea Nacional. Quienes redactaron ese
instrumento fueron personas allegadas al jefe supremo, y quienes lo sancionaron
en Cámara plena fueron sus incondicionales diputados. Ningún adversario estuvo
presente en esa sesión. Maduro no puede alegar que la LOPRE constituye una
trampa de la oposición, del imperialismo o de algún otro de esos enemigos
imaginarios que inventa para justificar sus entuertos y desafueros. Esa ley no
ha sido reformada por la legislatura instalada en enero de 2016, en la cual la
oposición cuenta con dos tercios de los diputados. Lo único que pide la Mesa de
la Unidad Democrática es que se aplique la ley sancionada de forma casi unánime
por el oficialismo.
El régimen
evade sujetarse a la LOPRE porque lo que le parecía imposible en 2009, perder
el poder por la vía electoral, hoy le
luce inevitable. La paradoja consiste en que, obligado a realizar las
elecciones presidenciales, cómo
organizarlas de modo tal que asegure de antemano la victoria de Maduro. La
respuesta es obvia: violando todas las normas, preceptos y condiciones que
ellos mismos juraron respetar hace nueve años.
No
aceptan auditar y depurar el Registro Electoral Permanente, no admiten la
supervisión internacional, no permiten que los venezolanos que viven en el
exterior voten, no acceden a eliminar los puntos rojos colocados cerca de los
centros de votación el día de las elecciones, proscribieron la tarjeta de la
MUD, mantienen inhabilitados a algunos de los principales líderes de la
oposición y a otros los encarcelaron o desterraron. A la Asamblea Nacional la
condenaron al purgatorio. Más importancia posee el portero de Miraflores que el
Presidente del principal foro político nacional. En contrapartida, aspiran a que la oposición
se subordine a la constituyente y salga presurosa a exigir el levantamiento de
las sanciones contra los funcionarios que han sido acusados de violar los
derechos humanos, decisión absolutamente soberana tomada por numerosos países,
entre ellos los de la Unión Europea, fundamentada en los informes de sus
embajadas en Venezuela y en la imágenes registradas por los corresponsales y
fotógrafos que han cubierto las protestas en el país.
El
gobierno quiere todo, sin ofrecer nada importante a cambio. Aspira a
legitimarse ante el mundo, si es que tal cosa resulta posible, sin ceder ni un
ápice en sus pretensiones hegemónicas. Se comporta como si fuese un gobierno
exitoso, popular y valorado por la comunidad nacional e internacional, cuando
en realidad es el gobierno peor evaluado en la historia venezolana y el más
desacreditado en América Latina, tanto que la presencia de Maduro en la Cumbre
de las Américas que se realizará en Lima en marzo, se encuentra seriamente
comprometida.
Aunque
hasta ahora nadie ha firmado el acta de defunción de la ronda de Santo Domingo,
parece inevitable el fracaso de las negociaciones. Este lamentable desenlace
obliga a la oposición a repensar la participación en las apresuradas elecciones
convocadas por el régimen. Si decide asistir, la abstención afectará con brutal
dureza a la oposición. No hay tiempo para modificar la opinión de los sectores radicalizados que se
resistieron desde el comienzo a acudir al encuentro en la isla caribeña. Si no
participa, el desafío será cómo capitalizar el ausentismo y promover las
acciones que destronen al gobierno ilegítimo que surja de las urnas
electorales. Esta tarea en nada resulta sencilla. Las victorias de la oposición
siempre han surgido de la concurrencia a los procesos electorales, nunca de la
abstención.
El
tiempo apremia. La presión internacional para que el régimen dé un giro que
permita pensar en elecciones libres y equitativas, no termina de doblegarlo.
Maduro parece decidido a gobernar sobre tierra arrasada con el respaldo de sus
amigotes nacionales e internacionales. ¿Qué vendrá después del naufragio de
Santo Domingo? Nadie lo sabe, aunque sí podemos asegurar que habrá más hambre y
miseria.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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