Luisa Torrealba Mesa 11 de octubre de 2018
La
Constitución Nacional garantiza el derecho de los ciudadanos a ausentarse de la
república y volver, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. No
obstante, en la última década, se han empleado estrategias, por parte del
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que
de forma directa o indirecta afectan la libre movilidad de quienes deseen
entrar o salir del país y su derecho a expresarse.
Retrasos
para la emisión de pasaportes, falta de material para producirlos, fallas
sistemáticas en el sistema automatizado para solicitar la cita que permite
tramitar el documento, dificultades en la plataforma en línea para efectuar los
pagos correspondientes y el reciente y exagerado incremento en el costo de este
documento de identidad, son sólo algunas de las trabas.
Por
otro lado, los mecanismos de control migratorio se han convertido en un
obstáculo para el libre desplazamiento. No es suficiente tener los pasaportes o
las visas correspondientes, es necesario pasar un nuevo filtro: la
discrecionalidad de las autoridades para validar o no los documentos y permitir
el ingreso o la salida del país
Esta
discrecionalidad ha afectado a periodistas extranjeros que con su documentación
en regla han venido a cubrir eventos de interés informativo, como los procesos
electorales o las protestas ciudadanas que se han registrado en el país en los
últimos años. Así lo ilustra la organización Reporteros Sin Fronteras que
documentó más de 20 casos de periodistas extranjeros a quienes se les prohibió
el ingreso o fueron expulsados del país al llegar al aeropuerto internacional
de Maiquetía, entre agosto de 2016 y marzo de 2017.
La
anulación de pasaportes ha sido otra práctica que se ha aplicado, para impedir
la salida del país de al menos 40 periodistas venezolanos, quienes en su
trabajo profesional han informado sobre la crítica situación social y económica
que afecta al país. La medida se ha tomado bajo el argumento de que el
documento de identidad fue anulado, por haber sido reportado como “robado” o
“perdido”, o por supuestas “fallas del sistema”.
La
anulación de pasaportes a periodistas ha venido acompañada de retenciones,
interrogatorios por parte de autoridades migratorias o cuerpos de inteligencia
y prohibición de salida del país, lo que sin duda constituye un mecanismo de
intimidación, cuyo fin último es limitar la libertad de expresión de los
afectados.
Aunque
aparenta ser un mecanismo de estricto control migratorio, al negar el acceso al
país de periodistas extranjeros que cuentan con la documentación y
acreditaciones necesarias, se impide que puedan ejercer el derecho humano a
buscar y recibir información de interés público y el de difundirla a ciudadanos
de Venezuela y el mundo, ávidos de información que les permita tomar
decisiones, opinar y participar.
La
anulación selectiva de pasaportes, por supuestos reportes de robo, pérdida y
fallas de sistema, se convierte en una forma de aplicar el poder gubernamental,
de forma abusiva, para generar temor y restringir el libre desplazamiento. En
los casos en los que los afectados son periodistas, sirve además como un
mecanismo de presión e intimidación que puede derivar en temor y autocensura
La
pérdida de la democracia y la ausencia de un sistema de justicia imparcial,
impide que se garantice verdad, justicia y reparación ante estas
irregularidades. No obstante, estas limitaciones al libre desplazamiento y a
las libertades informativas deben ser documentadas. Cuando retorne el hilo
constitucional podrá abrirse un camino a la justicia y en contra de la
impunidad, que creará precedentes favorables para el respeto a estos derechos.
Periodista,
Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación
(Ininco) de la Universidad Central de
Venezuela.
Luisa
Torrealba Mesa
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