Leyes, leyes y más leyes, por Miguel Méndez Rodulfo

Miguel Méndez Rodulfo 19 de octubre de 2018

Este régimen, incontinente como ningún otro gobierno, siempre ha creído mágicamente poder resolverlo todo dictando leyes. La Constitución de 1999, ley de leyes de la República Bolivariana de Venezuela, fue el proyecto país, la visión revolucionaria de una nación que ameritaba ser rescatada por la “pureza” de un nuevo ideal de hombre y sociedad, encarnado por el ilustre hijo de Sabaneta. Casi 20 años después ya sabemos en que devino todo esto, pero en tanto el chavismo y su extensión madurista fueron generando una producción industrial de leyes para cualquier cosa, casi siempre por la vía habilitante ya que el parlamento socialista siempre fue perezoso y estuvo genuflexamente subordinado al poder Ejecutivo. Se hacían “al mayor” leyes nuevas y constantemente se reformaban leyes anteriores o esas mismas leyes que hacía poco se habían sancionado sufrían cambios. Muchas de estas reformas se efectuaban por errores materiales, pero otras veces porque un nuevo grupo llegaba al mando y traía bajo el brazo su propia idea de lo que debía ser esa ley.

El régimen hemorrágicamente produjo leyes orgánicas, leyes ordinarias, decreto leyes, reglamentos, providencias, normas, etc., etc., en tanto que el país siguió en picada pronunciada; es decir que el efecto de generar más leyes fue inversamente proporcional al crecimiento y desarrollo. ¿Cuantas habilitantes se le dieron al héroe del Museo Histórico Militar, cuantas al actual inquilino de Miraflores? Muchas, sin duda, tantas y tan prolongadas que su duración se estiraba como un chicle y lo raro era no encontrarnos en un período de otorgamiento de poderes especiales al regidor de nuestra sufrida Patria. Cuando uno le mete la lupa a cualquier ley, no es difícil encontrar evidencias de luchas de grupos gobierneros por controlar espacios de poder. Así una ley originada en un ministerio y en alianza con otros ministros amigos, invade las competencias naturales de otro ministerio, lo cual no significa sino trabas a la gestión y enredos que impiden que la administración pública fluya y sea eficiente.

Al final del gobierno de Caldera II se entendió que también, lo que había ocurrido en el período democrático, era inconveniente. Se habían producido en Venezuela más leyes de las necesarias y convenientes, al amparo del rentismo petrolero y de la intromisión del Estado en la sociedad. Muchas de estas leyes propiciaban la dispersión, eran contradictorias unas con otras, no contribuían a la simplificación de la administración de justicia y eran muy variadas y difíciles de entender por el ciudadano. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, fue un intento en la dirección correcta, al compilar en un solo texto legal los temas de Presupuesto, Crédito Público, Control Interno, Tesorería, Contabilidad, Fondo de Estabilización Macroeconómica y Fondo de Ahorro Intergeneracional. Aquí se planteó el principio utilizado por Don Andrés Bello, cuando en 1840 abordó la elaboración del Código Civil de Chile: “aplicando las ventajas de la codificación, que generaba cuerpos de leyes coherentes, preparados en forma racional y sistemática, por sobre el derecho común, lleno de vacíos y de leyes contradictorias”.

Hay que hacer leyes, pero éstas no pueden ser elaboradas en forma inconexa; deben estar encuadradas en el marco de las Políticas Públicas. Un grave error que cometimos en la democracia, fue haber hecho leyes y planes, sin referenciarlas a una visión de mediano plazo, escenario sectorial en el que actúan las políticas públicas. En la nueva gobernabilidad, la tarea legislativa será descomunal y no habrá manera que nuestro Congreso pueda discutir y sancionar tal cúmulo de leyes en los lapsos en que el país debe dar respuesta efectiva e inmediata a los graves problemas que nos aquejan, de manera que muy a mi pesar, porque creo que haberle dado poderes especiales al Presidente para que legisle, ha sido perjudicial para Venezuela, a la vez que una sumisión del legislativo al ejecutivo, en desmedro del equilibrio de poderes. Paro aún asi, no veo otra opción que habilitar nuevamente, y por última vez al primer mandatario. Una manera de controlar esto y atenuar el peso del ejecutivo, es que los diversos grupos técnicos del país se aboquen inmediatamente a elaborar borradores de leyes para su sector que puedan ser revisados por las diferentes comisiones de la AN, de manera que se filtre el borrador y se le dote de técnicas legales, antes de enviarlo como proyecto de ley al ejecutivo.

Miguel Méndez Rodulfo

Caracas 19 de Octubre de 2018