Por Marta de la Vega
Los regímenes de
vocación totalitaria como el de la Venezuela actual pretenden someter por el
miedo a la población y paralizar posibles acciones de insumisión. Violan los
derechos individuales, civiles, políticos e inalienables de sus ciudadanos.
El terrorismo de Estado
forma parte de su estrategia de dominación. Si, como ocurre hoy en el país, es
además un régimen usurpador, no solo no respeta la división de poderes y
pisotea impunemente la Constitución vigente, sino que busca por la fuerza
imponerse y darse una legitimidad que no tiene.
El parlamento queda sin
efecto ni poder. Son ilegalizados los partidos políticos que contradicen su
proyecto. Todos los poderes públicos son subordinados al ejecutivo. La policía,
el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado actúan con total libertad e
impunemente para silenciar o hacer decir lo que conviene al régimen en su afán
de permanencia en el poder.
Fabrica culpables y
persigue toda disidencia. Sea a los periodistas, sea a los políticos, sea a
ciudadanos comunes, sea a líderes sociales, sea a dirigentes regionales,
busca destruir a todos los que levanten su voz contra la mentira y la
transgresión convertidas en norma.
Monopoliza la
información y recurre por todos los medios a implantar la hegemonía
comunicacional para que no haya sino una única versión de la realidad. Amenaza
y elimina, política o físicamente, a quienes se atreven a desafiarlos. El
engaño político y la manipulación para distorsionar y tergiversar los hechos
son herramientas usuales para consolidar su dominación.
Encarcelación,
represión brutal, torturas o muerte son los mecanismos utilizados contra
quienes se oponen al régimen y denuncian sus desafueros. Así lo vimos con
los diputados Wilmer Azuaje, Gilbert Caro, Juan Requesens y con la muerte del
concejal apureño García. Doblegar, humillar, desmoralizar y quebrar la
integridad mental y física de los dirigentes de la oposición democrática.
Los casos mencionados
como ejemplo, desafortunadamente no son únicos, entre todos los perseguidos,
judicializados y apresados durante las manifestaciones pacíficas desde 2014
hasta 2017, sometidos algunos incluso a monstruosas prácticas que constituyen
delitos de lesa humanidad y crímenes atroces.
La camarilla militar
civil que permanece mafiosamente en el mando en alianza geopolítica con
gobiernos como el ruso, chino, turco, iraní y sirio, hacen muy difícil superar
el sistema de dominación instaurado en Venezuela, que no escatima medios para
doblegar o eliminar a representantes de las fuerzas democráticas.
Así lo hemos
presenciado con horror en 2 casos ocurridos en las primeras semanas de octubre
de 2018. El abogado constitucionalista y defensor de víctimas de horrendas violaciones
a sus derechos humanos José Vicente Haro, afortunadamente hoy vivo, fue
secuestrado durante 30 horas por un comando fuertemente armado con armas cortas
y largas.
Sin duda de carácter
político, esta retención arbitraria fue posiblemente ordenada por altos
funcionarios de gobierno y perpetrada por fuerzas de seguridad por la manera
como se comportaron sus captores, con jerarquía militar y reportando a
superiores. Fue golpeado salvajemente con las culatas de revólveres y fusiles.
Lo sometieron a tortura,
amenazas de muerte, vejámenes y tratos crueles e inhumanos que nos narró ante
las cámaras de la televisión en CNN en español con Fernando del Rincón en
“Conclusiones” el 8 y 9 de octubre. El régimen busca aterrar, acallar, no
importa el costo.
El 8 de octubre en la
tarde supimos la desoladora noticia del asesinato vil como consecuencia de las
torturas y simulación de suicidio al ser lanzado del piso 10 de la sede del
SEBIN en Plaza Venezuela del concejal de Caracas Fernando Albán. Ciudadano
ejemplar, político comprometido y consecuente con sus funciones, hombre de
convicciones católicas y luchador social, no quiso inculpar a Julio Borges como
autor del supuesto atentado con drones. Por eso murió.
Las versiones oficiales
casi simultáneas y distintas del ministro de defensa Néstor Luis Reverol y del
usurpador del cargo de fiscal general Tarek W. Saab, contradicen las pruebas
contundentes de los planos del piso 10 que muestran que en el área del baño no
hay ventanas y las de la sala de espera abren solo a 30°, la revelación de las
atroces torturas y el ahogamiento de que fue víctima y los politraumatismos
generalizados del cuerpo del concejal en la autopsia real que después fue
adulterada.
Es un deber ético
luchar juntos los demócratas. Recuperar la decencia y el bien. El dilema es
civilización, civilidad y valores contra barbarie primitiva, criminal y
despiadada del régimen de Maduro y sus secuaces.
15-10-18
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