Por Gregorio Salazar
De aquellas ardorosas
proclamas en las que el gobierno surgido de las votaciones de 1999 ofrecía
adecentar la justicia venezolana, hacerla imparcial, equilibrada, con capacidad
de respuesta y respeto por el ciudadano, no queda sino el desvanecido recuerdo
de las aparentes buenas intenciones, además de frustración y desengaño.
Uno de los primeros
actos ejecutivos de Hugo Chávez, en ese momento secundado por Luis Miquilena,
fue el de nombrar una comisión que se encargaría de reformar el Poder Judicial.
No pasó mucho tiempo antes de que quien fuera designado para presidirla
renunciara y el proceso comenzara a desbocarse por los extraviados senderos que
hoy transita. Ya nadie recuerda ni su nombre.
El saldo está bastante
claro diecinueve años después: no surgió un nuevo sistema judicial. La justicia
no se despartidizó ni se hizo independiente del Poder Ejecutivo. Los
jueces no fueron electos de acuerdo a sus credenciales, capacidades o méritos
ganados por su trayectoria. Esos funcionarios, provisorios en su mayoría, no
resultan sino peleles, por consentimiento, temor o imposición en manos de un
régimen que concibe el funcionamiento del Estado desde el control absoluto,
ilimitado y perpetuo del poder.
No surgió un sistema de
justicia. Se creó una máquina del horror que subordinada al Poder Ejecutivo
criminaliza y tritura individuos u organizaciones, políticas o no, que tengan
la osadía de interponerse los objetivos declarados con la mayor impudicia de la
venganza y el dominio totalitario sobre todo los órdenes de la vida nacional.
El copamiento
institucional ha sido absoluto: desde los juzgados menores hasta el Tribunal
Supremo de Justicia, desde la Fiscalía General de la República hasta la
Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Todos viven el mismo uniforme rojo
de la secta que dice cobrar cuentas de los errores cometidos desde el
Descubrimiento a esta fecha, pero que sin un ápice de honestidad, autocrítica
ni sentido común se niega a reconocer su colosal fracaso en casi dos décadas de
gestión, donde para colmo dispuso de la mayor bonanza económica que haya
conocido cualquier gobierno en Venezuela y posiblemente en América Latina.
Pervertida la justicia,
no se podía esperar algo distinto de los órganos auxiliares como lo son los
diversos cuerpos policiales creados por la revolución, activistas con uniforme
militar o policial, que aliados con grupos paramilitares están empeñados en
romper todos los récords criminales y de las infamias que dejaron otros
siniestros organismos represivos del Caribe en Haití, Panamá, República
Dominicana y la tristemente célebre Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, entre
otros.
De todos ellos
sobresale por su “méritos” revolucionarios el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), cuya sede de Plaza Venezuela, de acuerdo a una
declaración emitida esta semana por 65 Organizaciones No Gubernamentales del
país, “ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos,
crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones
políticas”.
En esa siniestra
edificación acaba de perder la vida el concejal Fernando Albán, en condiciones
que contradicen la versión oficial del suicidio que ha querido consolidar como
matriz de opinión el entramado mediático en poder del régimen, ese que tienen a
su cargo justificar y perfumar las inmundicias que depone la incivil maquinaria
del horror, ya sea del asesinato del inmolado Oscar Pérez y su grupo, pese a la
rendición de sus armas, o de Fernando Albán, entregado a su acción política y
social de solidaridad con los sectores más vulnerables de la población.
Su trágico deceso ha
ocurrido nada menos que en pleno foco de atención de la comunidad internacional
sobre el crítico cuadro de los derechos humanos en Venezuela, a la que la ONU
está solicitando se le permita venir al país para su escrutinio y verificación.
Sobre la marcha, se cierran programas de radio y se amenaza a los periodistas
que escudriñan la verdad en la muerte del dirigente de Primero Justicia, un
mártir de las luchas por la libertad y por el cual deben brotar de las
gargantas de todos quienes creemos en los valores de la democracia un solo
grito: Justicia para Fernando Albán!
14-10-18
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