Vatican News 01 de marzo de 2019
"Urgimos
a los responsables de esta situación inaceptable a que depongan su actitud de
violencia e intransigencia"
"Impedir
la entrada de ayuda humanitaria "constituye un crimen y un pecado que sólo
reflejan inhumanidad y egoísmo"
Ya van
al menos 4 personas fallecidas y más de 26 heridas
La Red
Eclesial Panamazónica (REPAM) de Venezuela eleva su voz de dolor,
angustia e indignación, ante los dolorosos sucesos que se están
desarrollando en medio de la tensión desatada por el intento de ingresar la
ayuda humanitaria al país desde la mañana del pasado 23 de febrero, en la
población de Santa Elena de Uairén, en el Territorio de la Gran Sabana en el
Estado Bolívar, colindante con el estado de Roraima en Brasil.
Situación
de violencia
El
comunicado da cuenta de la situación de violencia que se vive en la zona y que
ha generado, al menos, 4 personas fallecidas y más de 26 heridos.
No se contabilizan los detenidos y desaparecidos. Subraya además, la
presencia de militares de las FANB y de otros grupos generadores de terror
entre la población.
El
mensaje insiste en que “Llama la atención el ensañamiento que están
demostrando con los pobladores de esta región, tan permanentemente abandonada
pero, al mismo tiempo, tan codiciada por sus recursos naturales. Solicitamos se
detenga tal agresión”.
Despojo
de tierras y minería
Puntualiza
la lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento oficial de la
posesión de sus tierras y de lo que hay en ellas. Sin embargo, “En lugar de
reconocer los territorios indígenas el gobierno venezolano ha creado la Zona
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo decreto
2.248 fue publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 y acaba de
cumplir tres años, para la explotación de oro, diamante, cobre, coltán,
hierro, tierras raras”.
Esto
sucedió “sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades
indígenas; y sin realizar un estudio de impacto socio-ambiental. A partir de
este decreto se han incrementado el número de masacres y desapariciones en
los municipios mineros, cuyo control está en manos de bandas criminales”.
"Respeto
de los derechos de los pueblos autóctonos"
La
REPAM eleva su voz “para denunciar esta situación, asumir una actitud crítica
frente al manejo de la situación que empiezan a hacer determinadas autoridades,
y pedir el respeto de los derechos de estos pueblos autóctonos, y
abrir los ojos ante la terrible realidad social que sufre una gran mayoría de
la población de Venezuela”.
La
REPAM exige cambio de actitud en los responsables para que “depongan su actitud
de violencia e intransigencia ante los planteamientos ajenos a sus intereses; a
todos los venezolanos de cualquier cultura y condición a propiciar el
reencuentro y la reconciliación; y a la comunidad internacional que
acompañe y apoye a Venezuela en su lucha por hacer vigente su
Constitución por caminos civilizados y no violentos”.
Finalmente,
expresaron su solidaridad “con la Iglesia venezolana, en particular con el Vicariato
Apostólico de Caroní, en su incansable defensa de los derechos de la población.
Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano pueblo Pemón y
con toda la sociedad venezolana y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa
de la vida y de los derechos humanos”.
Repam se pronunció sobre los hechos ocurridos en Santa Elena de Uairén https://t.co/gBY8Vlf3pc pic.twitter.com/jZ0KoLDgV2— El Nacional (@ElNacionalWeb) 1 de marzo de 2019
Texto completo del comunicado de la REPAM
Venezuela
1.La
Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de Venezuela eleva su voz de dolor, angustia
e indignación, ante los dolorosos sucesos que se están desarrollando en medio
de la tensión desatada por el intento de ingresar la ayuda humanitaria al país
desde la mañana del pasado 23 de febrero, en la población de Santa Elena de
Uairén, en el Territorio de la Gran Sabana en el Estado Bolívar, colindante con
el estado de Roraima en Brasil.
2.
Según informaciones reseñadas en las redes sociales y en algunos medios de
comunicación social así como de personas que viven y desarrollan una actividad
de promoción social en la zona, ya van, en un primer momento, 4 personas
fallecidas, más de 26 heridos, algunos de los cuales han tenido que ser
evacuados al Hospital de Boa Vista por la imposibilidad del Hospital de Santa
Elena de Uairén de atenderlos, y un número indeterminado de detenidos y
desaparecidos. Contactos directos posteriores hablan de cifras mayores por
contabilizar, y, sobre todo, denuncian el clima de violencia y persecución que
ha ido en aumento. Ha llegado desde las zonas urbanas del estado Bolívar gran cantidad
de personas, muchas de las cuales nada tienen que ver con la FANB, que son
generadores de terror entre la población.
3.
Llama la atención el ensañamiento que están demostrando con los pobladores de
esta región, tan permanentemente abandonada pero, al mismo tiempo, tan
codiciada por sus recursos naturales. Solicitamos se detenga tal agresión. Los
pueblos indígenas que ancestralmente viven en ella, llevan décadas de años
solicitando el reconocimiento formal de propiedad comunitaria y de la demarcación
de sus tierras y territorios, derecho reconocido formal y perentoriamente por
la Constitución de 1.999 (dos años después de su aprobación) y de la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). A pesar de todos los
esfuerzos, estudios y autodemarcaciones realizadas por los pueblos indígenas,
todo ha quedado en una promesa incumplida, en una invasión y depredación de sus
tierras y amenazas permanente de desalojo. En lugar de reconocer los
territorios indígenas el gobierno venezolano ha creado la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo decreto 2.248 fue publicado
en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 y acaba de cumplir tres años, para
la explotación de oro, diamante, cobre, coltán, hierro, tierras raras. Todo esto
sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades
indígenas; y sin realizar un estudio de impacto socio-ambiental. A partir de
este decreto se han incrementado el número de masacres y desapariciones en los
municipios mineros, cuyo control está en manos de bandas criminales.
4. A
eso se añade una constante acusación, más o menos velada, de una voluntad
separatista del pueblo Pemón (“balkanización” la han llamado algunos) por el
hecho de defender sus derechos, identidad y cultura, escondiendo de esa manera
intereses y propósitos injustificables. Es constante en los territorios
indígenas la labor que llevan adelante algunos sectores (privados, políticos y
gubernamentales) para minar la unidad de estos pueblos y crear divisiones que
luego aprovechan en contra de ellos. La actuación de estos días en Santa Elena
de Uairén es una muestra más de lo que se hace contra los más indefensos.
5.
Elevamos nuestra voz, junto con la de tantos venezolanos, para denunciar esta
situación, asumir una actitud crítica frente al manejo de la situación que
empiezan a hacer determinadas autoridades, y pedir el respeto de los derechos
de estos pueblos autóctonos, y abrir los ojos ante la terrible realidad social
que sufre una gran mayoría de la población de Venezuela. El cinismo que
encierra el no reconocer y socorrer estas necesidades, negándolas o acusando
sin más a otros, e impidiendo las ayudas que se nos están ofreciendo,
constituye un crimen y un pecado que sólo reflejan inhumanidad y egoísmo.
6.
Urgimos a los responsables de esta situación inaceptable a que depongan su
actitud de violencia e intransigencia ante los planteamientos ajenos a sus
interéses; a todos los venezolanos de cualquier cultura y condición a propiciar
el reencuentro y la reconciliación; y a la comunidad internacional que acompañe
y apoye a Venezuela en su lucha por hacer vigente su Constitución por caminos
civilizados y no violentos.
7. La
Red Eclesial Panamazónica manifiesta su solidaridad con la Iglesia venezolana,
en particular con el Vicariato Apostólico de Caroní, en su incansable defensa
de los derechos de la población. Manifestamos también nuestra solidaridad con
el hermano pueblo Pemón y con toda la sociedad venezolana y reafirmamos nuestro
compromiso con la defensa de la vida y de los derechos humanos.
[EXCLUSIVA] Sangre y guerra en Santa Elena de Uairén: grito de auxilio del pueblo Pemón | Por: @genherr15 https://t.co/pj8gBSjboN— El Nacional (@ElNacionalWeb) 1 de marzo de 2019
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