Por Fernando Pereira
Julio de este año está
definido como la fecha término para que el Estado venezolano rinda cuentas
sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Ese
mandato está establecido por el Comité de los
Derechos del Niño, con sede en Ginebra, cuando en octubre de 2014 emitió
sus recomendaciones luego de evaluar los informes consignados por la
Cancillería.
Se insta al Estado para que
informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas desde el año
2000 (donde se celebró la primera evaluación) hasta las formuladas en la última
2014.
Se deberá dar cuenta sobre:
capacitación de funcionarios en derechos del niño y su protección, acceso de la
población a una línea telefónica de orientación y denuncia, ausencia de un plan
nacional de protección con el diseño de las políticas públicas, la
infraestructura y recursos para su puesta en práctica; ausencia de coordinación
y rectoría en el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
y carencia de un presupuesto suficiente; carencia de un sistema de información
social y estadística confiable y actualizado; el aumento de muertes violentas y
ejecuciones extrajudiciales, niveles de impunidad y si se ha apoyado e
indemnizado a las víctimas; información sobre los niños no inscritos en el
registro civil; derechos de los adolescentes detenidos por manifestar;
violencia sexual sin consecuencias para los ofensores ni atención a las
víctimas; carencia de una estrategias nacional para prevenir las distintas
formas de violencia como castigo físico y humillante, maltrato, abuso sexual,
ciberacoso…; ausencia o insuficiencia de programas de apoyo familiar para niños
privados del medio familiar o institucionalizados; atención e inclusión de
niños con discapacidad en la educación, salud, recreación, preparación para el
empleo; red de salud prestando una atención efectiva y gratuita; atención a la
malnutrición; servicios de salud mental atendiendo a la población
infanto-adolescente; implementación del plan nacional de prevención y atención
en el uso indebido de drogas; medicinas y antiretrovirales para el
VIH-SIDA, prevención de la transmisión vertical (de madre embarazada a
neonato), fórmulas para lactantes; medidas para la educación y atención de
niños refugiados o solicitantes de asilo; reforzar educación en zonas
indígenas, rurales y formación de calidad a docentes; escasez de espacios de
recreación, esparcimiento y deporte; protección de niños trabajadores de
explotación laboral y las peores formas de trabajo; atención oportuna e
integral para los niños de la calle; adolescentes en conflicto con la ley y
programas socioeducativos para adolescentes privados de la libertad; protección
y atención de niños víctimas de violencia y testigos de delitos; reconsiderar
el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos para garantizar la
protección de los derechos humanos de la niñez en la Región.
La situación ha empeorado
ostensiblemente
Hasta finales de 2019 la
situación de cada uno de los ítems mencionados ha mantenido su declive. Si se
compara con 2014, la educación, salud, alimentación, violencia, presupuesto,
desinstitucionalización, niños trabajadores, en la calle, sin registro civil…
se han deteriorado aceleradamente como consecuencia de la Emergencia
Humanitaria Compleja.
Y se deberán considerar
nuevas situaciones inéditas para los informes anteriores: migración de niños a
países vecinos, niños migrando sin acompañantes, sin documentos de identidad o
papeles vencidos, niños dejados atrás porque sus padres migraron forzosamente a
otro país o a otras ciudades dentro del país; incidencia de la falta de
servicios públicos (agua, luz, gas, transporte) en el nivel de vida de los niños;
derecho a la educación amenazado por falta de docentes suficientes o
calificados para el cargo, transporte público para que se movilicen estudiantes
y docentes, programa alimentario irregular o insuficiente; derecho a salud
comprometido por la ausencia de personal médico, insumos, medicinas
suficientes, de forma dramática en los casos de enfermedades crónicas;
incremento de casos de atropellos o ejecuciones extrajudiciales.
El 2020 debería ser la base
para la construcción de una agenda para dar respuesta a la emergencia
humanitaria compleja que viven nuestros niños. El espacio de Naciones Unidas
propicia la posibilidad de gestionar la cooperación internacional que se
necesita en la emergencia. La presentación del informe por parte del Estado es
el primer paso para el reconocimiento de la problemática existente. Desde la
sociedad civil estaremos vigilantes.
09-01-20
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