Humberto García Larralde 27 de julio de 2021
La
reciente visita de Delcy Rodríguez a la Asamblea de Fedecámaras, como la de su
hermano en enero y la declaración de Maduro de rescatar el Consejo Nacional de
Economía –ahora adjetivándola de “Productiva”–, pudieran indicar un cambio de
actitud del régimen ante el sector empresarial, otrora ubicado en el campo
enemigo. El colapso es tal que sienten la necesidad de ir a hacerle carantoñas,
en aras de salir del hueco. Como gusta decir mi esposa, “oyen campanas, pero no
saben de dónde vienen”.
Cuando
llegó al poder, Chávez no tenía un proyecto económico elaborado, más allá de
ciertas alusiones nacionalistas y de justicia social. Tan así, que conservó por
año y medio a la ministra de Hacienda del gobierno anterior, Maritza Izaguirre.
Es por razones políticas, al toparse con la resistencia de los empleados de
PdVSA de ver vulnerada su cultura corporativa y con el hecho de que la agenda
del sector privado no tenía por qué coincidir con la suya, que desata su
ofensiva contra las instituciones que resguardan la actividad económica. Más
pudieron sus ansias por controlarlo todo, impulsadas por ese inmenso ego de
creerse heredero genuino de Bolívar, que consideraciones racionales acerca del
manejo sano de la economía. Por demás, ahí estaba el petróleo que, creía, daba
para todo.
Para
ponerle la mano a esta fuente aparentemente inagotable de recursos, tendió la
trampa que –confesaría luego—“justificaría” el despido de los gerentes,
profesionales y operarios más cualificados de PdVSA, la mitad de su nómina. A
pesar de los azarosos sucesos que provocó en abril, 2002, logró finalmente
ufanarse ante los suyos de que, “Ahora PdVSA es de todos”. Transmutó la misión
corporativa de la empresa por una de naturaleza política: financiar el
socialismo de reparto que, a instancias de su mentor, Fidel Castro, debía
instaurar. Entre 2003 y 2016 PdVSA desvió más de $ 250 millardos de sus
ingresos para financiar misiones y fondos de desarrollo social. Encima, fue
atiborrada de empresas de construcción, alimentarias, de servicios y
manufactureras. Pero no sólo le creó una carga que terminó drenando sus
recursos, sino que se privilegiaron criterios políticos discrecionales para la
distribución de sus proventos, instaurando una dinámica que se fue apoderando,
no sólo de PdVSA, sino del sector público en general. Precios del crudo en
torno a los $ 100 por barril entre 2008 y 2014 (salvo 2009), parecían
permitirlo todo. Chávez pudo comprar alianzas internacionales para evitar la aplicación
de la Carta Democrática a Venezuela por la OEA y subsidiar a la economía
cubana. Pero, como lo atestiguan los escándalos destapados a cada rato en la
prensa internacional, hubo destinos aún más turbios.
Maduro
carece de la ascendencia, carisma e ideas de Chávez. Supo que su permanencia en
el poder dependería de su capacidad de comprar a los mandos militares más
corruptibles, haciéndolos cómplices de sus desmanes, traicionando su mandato
constitucional. Además de ponerlos al frente de buena parte de las
responsabilidades económicas del Estado, contratar con las empresas que ellos
creaban, entregarles el control de puertos, aeropuertos y de la minería de
Guayana, y otorgarles el monopolio de la importación de alimentos y medicinas,
¿qué mejor premio que entregarles también PdVSA? En 2017, nombró como su
presidente al general Quevedo, sin experiencia alguna en la materia, con un
resultado tan desastroso que el mismo Maduro, tres años más tarde, se vio en la
necesidad de destituirlo.
El
viejo John D. Rockefeller, fundador del imperio petrolero de la Standard Oil
que, luego de ser desmembrada por la Ley Sherman (Antimonopolio), dio lugar a
la Exxon, Socony, Mobil, Chevron y a otras empresas poderosas, solía decir que
el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera “bien administrada” y que
el segundo mejor, una “mal administrada”. No vivió para apreciar la asombrosa
capacidad destructiva de Chávez, Maduro y los suyos. ¡Es que hay que echarle
bolas!
Lamentablemente,
la acción destructiva no terminó ahí. La abundancia petrolera permitió subyugar
aún más a la actividad económica privada. Los controles de precio, las
expropiaciones y confiscaciones, y la sobrevaluación del bolívar oficial, junto
a la ausencia de garantías de propiedad y procesales, acabó con buena parte del
parque industrial y agrícola. En su reemplazo, Chávez cuadruplicó, entre 2004 y
2012, las importaciones, muchas exentas del pago de impuestos. Las empresas
agrícolas, manufactureras y de servicio que confiscó fueron, en su mayoría,
pasto de la depredación de sus nuevos administradores “socialistas”. La renta
cubriría los faltantes. Al destruir a PdVSA y achicar la base impositiva
doméstica, menguaron los recursos para sostener el gasto público. Se acudió,
entonces, a la emisión monetaria del BCV, desatando una dinámica
hiperinflacionaria que ha empobrecido brutalmente a los venezolanos.
Como
hemos venido insistiendo, la terrible ruina de la economía venezolana no es
(sólo) producto de la ignorancia y la incompetencia, aunque de éstas ha habido
a borbotones. Al desmantelar los resguardos institucionales que amparaban las
actividades productivas y comerciales, y al supeditar lo económico a criterios
políticos discrecionales –a cuenta de “revolución”– se terminó asentando un
Estado Patrimonial. Se fue conformando un régimen de complicidades, sobre todo
con los militares corruptos, para expoliar la riqueza nacional, incluyendo
también a bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras. Independientemente
de que Chávez y/o algunos de sus acompañantes hayan podido al comienzo creer en
sus motivaciones justicieras, el “Socialismo del Siglo XXI” fue excusa para la
parasitación del país por parte de los más poderosos, inescrupulosos y “vivos”.
Con el canto de sirena de redimir al pueblo aboliendo las garantías
constitucionales, nos construyeron una trampa-jaula que nos ha llevado a la
pobreza más extrema. Lo irónico es que los chavistas se dan cuenta, ahora, que
también los incluye.
La
reactivación económica sólo será posible con base en la iniciativa privada.
Requiere restituir al Estado de Derecho, con sus seguridades y
previsibilidades, y sustituir el financiamiento monetario del gasto público con
recursos externos para abatir la inflación, sujetos, claro está, a una reforma
profunda del Estado para elevar la pertinencia, eficacia y eficiencia del
gasto. Pero esto significa desmantelar las bases del régimen de expoliación
sobre el cual descansan las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. ¿Cómo
retornar al ordenamiento constitucional, reafirmando sus garantías civiles,
políticas y económicas, y acceder a reformas que acaben con la
discrecionalidad, falta de transparencia y la no rendición de cuentas si, con
ello, desaparecen los privilegios que son la razón de ser de la dictadura? ¿Qué
posibilidades hay de conservar el poder si la obtención de recursos para su
sobrevivencia, ya sean aquellos provenientes del levantamiento de algunas
sanciones y/o contratando financiamiento internacional, obliga a desmantelar el
régimen de control social y de terror que mantiene sometida a la población y
ampara sus desmanes? ¿Cómo sostenerse en un ambiente de medios de comunicación
libres que exigen responsabilidades, que se enderecen las cuentas y se encaucen
culpabilidades?
Y he
ahí el conflicto existencial de Maduro y los suyos: luchar para mantenerse con
un arreglo poco sostenible en el tiempo y con el riesgo de ser desalojados
eventualmente del poder por cualquier medio, o acceder a las reformas
requeridas para dotar a la economía de la estabilidad, confianza y viabilidad
deseadas, a sabiendas que marcaría el fin de su cruel autocracia. De tanto
destruir la institucionalidad para forjar el régimen de expoliación con el que
se lucraron a sus anchas durante años, se encuentran ahora sin opciones. Sin
percatarse, se incluyeron en la trampa-jaula que forjaron, y no saben cómo
salir.
La
Academia Nacional de Ciencias Económicas, como las demás academias, valiosos
profesionales de la economía y especialistas de variadas disciplinas, tienen
años señalándole al régimen las insuficiencias y errores de sus políticas, e
instándole a corregirlas. Pero sus personeros prefirieron refugiarse en la
excusa de una “guerra económica” para negar estos cambios y continuar
depredando al país.
Todo
apunta a la necesidad de una salida política que obligue a este régimen
criminal a convencerse de que debe acceder a desmantelar sus privilegios e
impunidades. ¿A qué precio?
Humberto
García Larralde
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