EFE 29 de julio de 2021
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Vivanco
apuntó que resulta contradictorio que el Gobierno encabezado por Sebastián
Piñera "condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los
derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus
vidas podrían correr peligro"
El
Gobierno de Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos”
que realiza en el marco de una ley de migración “y asegurar que todas las
expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”,
señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW).
A
través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones
a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como
impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones
sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y
separación de familias, entre otros.
Luego
de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el
organismo internacional identificó también “violaciones al debido proceso, incluido
el derecho a ser oído y a presentar pruebas” antes de que se concrete la
expulsión.
“Los
tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar
de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido
proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, afirmó
el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.
En la
misma línea, Vivanco apuntó que resulta contradictorio que el Gobierno
encabezado por Sebastián Piñera “condene con firmeza los abusos en Venezuela
mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un
país donde sus vidas podrían correr peligro”.
Se
estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7
% de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con
457.000 personas.
HRW
señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo
largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante
(SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de
los casos “sin control judicial” y afectando principalmente a venezolanos.
Esta
política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de
aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la
pena en su país, y también la de quienes ingresaron clandestinamente al país y
se encuentran en una situación administrativa irregular.
“AUSENCIA
DE DEBIDO PROCESO”
Según
la revisión de HRW, en la gran mayoría de los casos “los policías (chilenos) no
permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara
la orden”, menoscabando así derechos consagrados en tratados internacionales
ratificados por el Estado chileno, como “su derecho a ser escuchados y a
presentar pruebas para impugnar la expulsión”.
La
Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por
considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo
insuficiente”, pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la
deportación, indicó HRW.
“Las
entrevistas realizadas por HRW y las resoluciones dictadas en estos casos
demuestran que, en los hechos, el Gobierno chileno privó a los migrantes de la
posibilidad de ejercer plenamente los derechos garantizados por el derecho
internacional”, señala el informe.
“DEPORTACIONES
COLECTIVAS”
De
acuerdo con HRW, las decisiones no hacen referencia a las circunstancias
individuales de cada caso, “que no parecen haber sido tomadas en cuenta” y si
bien se presentaron resoluciones administrativas por cada persona deportada,
“el lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico y no se
realizó un análisis caso por caso”.
Al
analizar las deportaciones en Chile, las agencias de la ONU en el país han
destacado en reiteradas oportunidades que todas las personas tienen derecho a
que se evalúen sus circunstancias de forma individual, incluyendo la necesidad
de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para
su vida, su libertad o su integridad, recordó HRW.
“SEPARACIÓN
DE FAMILIAS”
Las
deportaciones sumarias, establece el documento, impiden a gran cantidad de
ciudadanos venezolanos probar vínculos familiares en Chile, sobre todo
considerando que tanto estado civil como parental no se encuentran registrados
ante el Estado chileno.
A ello
se suma la dificultad de obtener certificados o documentos oficiales tanto en
Venezuela como en el extranjero, ya que los servicios consulares del país
caribeño son “limitados”.
HRW,
en tanto, asegura que abogados de derechos humanos manifestaron que algunas
personas prontas a ser expulsadas no mencionan sus vínculos familiares para
evitar que otros integrantes sean también deportados.
“Estas
deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad
familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y
facilitar su reunificación con sus padres”, enfatizó la ONG.
EFE
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