Ludmila Vinogradoff 22 de julio de 2021
@ludmilavino
La
Corte desoye los argumentos chavistas y el 23 de julio se conocerá la decisión
Primer
revés para el régimen de Nicolás Maduro. La Sala de Cuestiones
Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó
la petición
de la Fiscalía venezolana de ocultar los crímenes de lesa humanidad,
ordenando que los casos fuesen presentados públicamente antes del 21 de julio.
El
fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, solicitó un
control judicial, es decir, que se ocultara la identidad de las víctimas, lo
cual fue impugnado por la Fiscalía de la CPI, que además establece como tope
para su pronunciamiento el día 23 de julio. «La CPI destaca que es conveniente
establecer un plazo para que Venezuela presente versiones públicas redactadas
como se establece (…) En consecuencia, se invita a Venezuela a presentar versiones
públicas redactadas de dicho material a más tardar el 21 de julio de 2021»,
dijo el activista Humberto Prado.
La
decisión de La Haya está fechada el 2 de julio de 2021 y firmada por el
presidente de la Sala de Cuestiones Preliminares, Péter Kovács; el juez Reine
Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y la juez María del Socorro
Flores Riera. Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos
Humanos y Atención a las Víctimas, destacó en la página del Gobierno interino
que preside Juan Guaidó que el nuevo fiscal de la CPI, Karim
Asad Ahmad Khan, está a cargo de establecer una
decisión de la Corte , «la cual esperamos sea pasar a la
investigación».
La
comisión presidencial envió un documento anexo a la Fiscalía de la CPI con el
nuevo informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, del cual hará lectura el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
que establece de modo preciso la falta de independencia y autonomía del poder
judicial en el país.
El
caso de Fernando Albán
En
mayo pasado el fiscal chavista Saab sorprendió al enviar a la CPI un informe en
el que aseguraba que el concejal
por Caracas Fernando Albán no se suicidó en octubre de
2018, sino que fue asesinado mientras estaba en custodia del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y que el estudiante Juan
Pablo Pernalete sí perdió la vida a manos de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) mientras participaba en una protesta antigubernamental en
2017.
«Más
que la confirmación de una sospecha, parece una maniobra destinada a evitar que
la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal contra altos
funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad», dijo Transparencia
Internacional, capítulo Venezuela.
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