Analítica 17 de julio de 2021
@Analitica
La
próxima semana la Corte Suprema británica dará a conocer el fallo sobre
el litigio de las reservas de oro de Venezuela que se encuentran
retenidas en el Banco de Inglaterra.
El
caso que llegó a los tribunales británicos en 2020, luego que el Banco
de Inglaterra negara entregar el oro al Banco Central de Venezuela (BCV), tras
argumentar que había un pedido similar a la junta bancaria designada por el
presidente interino Juan Guaidó.
En
principio la corte comercial de Londres había determinado que Guaidó
era quien tenía la autoridad para disponer de las 30 toneladas de oro, las
cuales están valoradas en más de 2 mil millones de dólares, dado
que el canciller Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario encargado de
Venezuela en febrero de 2019.
Sin
embargo esta medida fue revertida, dado que el Tribunal de Apelaciones
consideró que Guiadó como presidente ‘de jure’ no excluía que el presidente
constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera reconocido por el Reino
Unido como el presidente de hecho.
Tras
esta controversia, los representantes legales del canciller británico, Dominic
Raab, deberán aclarar ante la Corte Suprema a quién reconoce el gobierno como
jefe de Estado y Gobierno de Venezuela, toda vez que Londres mantiene
relaciones diplomáticas normales con Caracas.
Leigh
Crestolh, abogado del bufete londinense Zaiwalla & Co., que representa al
Banco Central de Venezuela señala que a los observadores internacionales de
este caso, podría sorprenderles la posibilidad de que una declaración
unilateral de reconocimiento político por parte de las autoridades del Reino
Unido pueda despojar un país soberano de sus activos depositados en Londres.
Los
abogados apuntaron, además, que mientras el caso se dirime en las cortes
británicas, otros bancos europeos accedieron a la solicitud del gobierno
venezolano y procesaron los pagos destinados a comprar suministros médicos para
combatir la covid-19, incluidas las vacunas.
Las
sanciones internacionales contra Venezuela permiten de manera explícita hacer
esos pagos para proteger vidas, por lo que la demora por parte de la justicia
británica tiene un costo humano real, alegó el bufete.
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