Prensa An 10 de agosto de 2023
@AsambleaVE
La
legítima Asamblea Nacional rechazó este martes la injusta condena de 16 años de
prisión, impuesta por la jueza del Tribunal 2do de Juicio del Área
Metropolitana con competencia en Terrorismo, Grendy Duque, contra los
dirigentes sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel
Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés, y exigió su inmediata libertad.
Además advirtió al régimen que, hagan lo que hagan, los venezolanos seguiremos
luchando dentro y fuera del territorio hasta conseguir la libertad y la
justicia, acudiendo con más fuerza el 22 de octubre a la primaria para escoger
al candidato presidencial de todos los venezolanos que hará de 2024 el año de la
libertad y la justicia.
Diputado
Hernández: “Vienen tiempos difíciles”
El
debate lo inició el diputado José Hernández (Un Nuevo Tiempo), al
manifestar que el problema que hoy nos ocupa debe ser resuelto lo más pronto
posible, porque tiene que ver con el funcionamiento de la democracia en
Venezuela. A su parecer, el “régimen hegemónico y autoritario”, se empeña en
cercenar sistemáticamente los derechos de los venezolanos. Y en el caso
específico de los seis sindicalistas, se violenta su libre ejercicio constitucional
a la protesta pacífica.
“Estos
trabajadores fueron arrestados, enjuiciados y sentenciados en una aberrante y
bochornosa decisión de un tribunal que criminalizó una protesta legítima. No
cabe duda de que esto forma parte de una política represiva sistemática para
amedrentar al pueblo de Venezuela que pasa hambre y penurias”, señaló
Hernández, al reconocer que vienen tiempos difíciles donde la represión y
persecución de los trabajadores se incrementará. “16 años por protestar es una
fotografía con un mensaje que pretende amilanar y apaciguar la calentura del
pueblo de Venezuela”. No obstante, tras rechazar la decisión Hernández
manifestó que “solo en unidad los trabajadores y el pueblo de Venezuela
lograremos el cambio político, institucional que necesitamos”.
Diputada Salas: “Una sentencia contraria a derecho”
Al
tomar la palabra la diputada Ana Salas (Encuentro Ciudadano), acotó
que el Ministerio Público no pudo demostrar acusación alguna presentada contra
los hoy condenados, pues ni siquiera su testigo estrella, un “patriota
cooperante”, se presentó al tribunal a declarar. “Para esta condena solo hizo
falta un fiscal mentiroso que en el juicio, acusó a estos seis luchadores
sociales de planificar un ataque el 5 de julio en Caracas contra quien ocupa
Miraflores; y además asaltar el Conscripto de Alistamiento Militar de San
Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas de ese
recinto: 120 fusiles”.
Salas
cuestionó que el Fiscal negara que los hoy presos no sean líderes sindicales,
aun cuando es un hecho público y notorio su trayectoria como luchadores
sociales y defensores de los derechos humanos de los trabajadores. “Se les
sentencia por delitos no probados ni demostrados de conspiración y asociación
para delinquir, solamente por presunciones. Es una sentencia arbitraria,
contraria a derecho. Su único delito fue mantenerse en las calles exigiendo
mejores salarios mínimos y pidiendo respeto a sus derechos laborales”, agregó,
al recordar que sobre este caso se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas de los DDHH, quien tomó nota de la condena contra los
sindicalistas y manifestó preocupación por la criminalización de los defensores
de DDHH en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores
condiciones de trabajo y derechos laborales. Por tal motivo, la parlamentaria
pidió seguir en las calles trabajando en la consecución de nuestro máximo
objetivo inmediato: la primaria del 22 de octubre.
Diputado
García: “Protestar no es un delito”
En
tanto, el diputado Juan Pablo García (Vente Venezuela), recordó que
el régimen de Nicolás Maduro es procesado en la Corte Penal Internacional por
delitos de lesa humanidad, y en este punto pidió a los venezolanos no olvidar
los asesinatos de Fernando Albán, del capitán Acosta Arévalo, de Oscar Pérez y
sus compañeros de lucha, entre otros; así como a los más de 280 presos
políticos que son sometidos a tratos crueles e inhumanos, situación de
“demuestra el talante criminal del régimen que lleva casi 24 años en el poder
violando los DDHH de los venezolanos por disentir, por reclamar sus derechos”.
Calificó
como “aberrada” la decisión de la jueza Grendy Duque contra los dirigentes
sindicales condenados por “defender sus derechos y denunciar los atropellos del
régimen contra sus compañeros de trabajo”. En Venezuela, dijo, “reclamar,
disentir, defender los derechos es considerado un delito grave. Pero el robo al
erario público por más de $700 mil millones, no constituye delito y quienes
deben actuar frente a semejante robo a la nación, hacen caso omiso. A los
jueces y fiscales cómplices de este desastre y caos, les manifestó que en
Venezuela “los excesos, las injusticias, la contravención de leyes y normas y
el menoscabo de los derechos fundamentales no pueden ser justificados bajo la
obediencia debida”, advirtiéndoles que más temprano que tarde tendrán que
responder por sus actos criminales, “porque la responsabilidad penal es
personalísima”.
Diputado
Veloz: “Una de las sentencias más aberrantes”
Para
el diputado Rafael Veloz (Voluntad Popular), la decisión emitida
por Glendy Duque marca un precedente nefasto, pues es una de las sentencias
“más aberrantes, arbitrarias e injustas que el sistema de justicia venezolano
ha dictado y que, sin duda, ha tocado la fibra de todos los venezolanos”, en
vista de que el fallo del Tribunal 2º de Terrorismo condenó a los acusados por
los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir desde julio
de 2022, basado en capturas de WhatsApp, y “cuyo denunciante prefabricó en un
año y dos meses”, para finalmente nunca presentarse a rendir testimonio.
Veloz
agradeció a las redes sociales por mantener este tema sobre la palestra pública
y pidió a los venezolanos no normalizar esta irregularidad, pues los dirigentes
sindicales solo fueron señalados por salir a protestar y “exigir a un régimen
que ha saqueado el erario público, salarios dignos para los trabajadores,
respeto a los derechos humanos y dejar sin efecto el instructivo Onapre”. Si
bien dijo que los abogados de los sindicalistas están apelando la sentencia,
están conscientes de que en Venezuela no hay Estado de Derecho y, en
consecuencia, acudirán al sistema de justicia internacional como Naciones
Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Internacional del
Trabajo. “Estamos frente a un recrudecimiento de la persecución y el
amedrentamiento no solo de los disidentes de la oposición sino también de
cualquier ciudadano”, enfatizó.
Diputada
Castro: “Se comente una gran injusticia”
La diputada
de Primero Justicia, Yajaira Castro de Forero, calificó como “una gran
injusticia la aberrante sentencia” dictada contra los seis dirigentes
sindicales, siendo inocentes. De Alcides Bracho, Castro dijo que es docente y
artista plástico, cuyo activismo sindical fue desarrollado en el magisterio a
través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM); Gabriel Blanco es un
trabajador humanitario, activista de los DDHH y sindicalista, miembro del
Sindicato de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional;
Alonso Méndez es miembro de la organización política Bandera Roja; Reinaldo
Cortés es secretario general del Comité Político Regional de Bandera Roja;
Néstor Astudillo es sindicalista y activista de la organización política
Bandera Roja; y Emilio Negrín es abogado, activista de DDHH, miembro nacional
de la Coalición Sindical Nacional y presidente de la Federación de los
Trabajadores Tribunalicios.
“Estos
seis hombres no son conspiradores. La realidad es que todos venían denunciando
las violaciones de los DDHH de los trabajadores. No es un delito exigir
salarios dignos y justos en un país como el nuestro, donde un trabajador apenas
gana $4 mensuales. No es un delito alzar la voz contra el instructivo de la
Onapre, violatorio de los derechos de los trabajadores. No es un delito exigir
mejor calidad de vida para los trabajadores”, apuntó, al reconocer que en
Venezuela se criminaliza la lucha por las reivindicaciones laborales. Castro
denunció que algunos de los hoy condenados fueron detenidos y sus viviendas
allanadas sin orden judicial alguna, sometidos a tratos crueles y peor aún, a
un juicio viciado, tal como han hecho con todos los presos políticos.
Diputada
Figuera: “No podemos claudicar”
Finalmente,
la presidenta de la Asamblea Dinorah Figuera, intervino para
recordar al diputado Juan Requesens, preso político desde hace
cinco años. Requesens “nos ha dado un ejemplo de que debemos negarnos a
rendirnos. No podemos claudicar, debemos seguir adelante”, precisó al señalar
acerca de ese recordatorio, que hoy más que nunca, no solo se trata del
diputado Requesens y de los parlamentarios que han sido perseguidos,
criminalizados y estigmatizados, sino también de este grupo de sindicalistas
defensores de los DDHH”, a quienes se les negó el derecho a la defensa, la
presunción de inocencia y el debido proceso
Tras
solidarizarse con los condenados y sus familiares, Figuera aseguró que todas
estas acciones y ataques cometidos por Nicolás Maduro solo tienen una lectura y
es que hoy no es capaz de ganar elección alguna. Para él, cualquier lucha
social representa un acto ilícito. Por eso, la convocatoria en este momento,
acotó, es a respaldar a todos los sindicalistas y defensores de DDHH en su
lucha, denunciando el atropello ante los organismos nacionales e
internacionales y reconociendo a todos los movimientos sociales que, a pesar de
la guerra sistemática que tiene el régimen en su contra, insisten en defender
los derechos fundamentales de los venezolanos.
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