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lunes, 9 de septiembre de 2024
sábado, 24 de agosto de 2024
martes, 30 de enero de 2024
martes, 18 de mayo de 2021
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre iniciativa del Presidente (E) Juan Guaidó para un Acuerdo de Salvación Nacional en Venezuela
OEA 17 de mayo de 2021
La
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) apoya
la iniciativa del Presidente (encargado) de Venezuela, Juan Guaidó, de alcanzar
un Acuerdo de Salvación Nacional que permita la redemocratización y la
reinstitucionalización del país.
La situación del país así lo requiere. Venezuela se encuentra sumida en la peor
crisis humanitaria de la historia hemisférica, así como la peor crisis
migratoria y de corrupción de la historia hemisférica. Las violaciones
sistemáticas de derechos humanos, la acción del narcotráfico y del crimen
organizado han devastado el país completamente. Asimismo, con los sucesos en
Apure ha quedado aún más en evidencia la falta de control territorial de la
dictadura Maduro-Jorge Rodríguez, y cómo ha cedido territorios a grupos
irregulares y a bandas criminales. Todo ello en medio de un atroz ecocidio en
el arco minero.
Por ello, la SG/OEA saluda la iniciativa del Gobierno Interino y deseamos que
la misma pueda alcanzar los resultados que el pueblo venezolano anhela de
libertad y prosperidad para dejar atrás la crisis social, económica y política
que vive en la actualidad.
Los principales elementos de amenaza sobre la dictadura Maduro-Rodríguez siguen
siendo aquellos que la SG/OEA contribuyó sustancial y esencialmente a impulsar,
como la denuncia de crímenes de lesa humanidad a los dictadores y sus
funcionarios, así como las sanciones contra los mismos. Estas presiones sobre
los dictadores que ha llevado adelante la SG/OEA se han intentado negociar,
obviamente de manera inadecuada, varias veces por los múltiples “grupos de
negociación” que se han creado y que han sido, en el mejor de los casos,
burlados en sus acciones de buena fe por el régimen. Debemos reconocer que, en
algunos casos, se ha confundido “negociación” con “apaciguamiento”.
Lamentablemente, también ha contribuido de forma negativa la influencia en
estas negociaciones de actores colaboracionistas, internos y externos, de la
dictadura.
El paso que ha dado el Presidente Encargado debe ser reconocido y apoyado por
la comunidad internacional. Esperamos que el mismo dé a Venezuela la
redemocratización que tanto anhela y que tan necesaria es para reconstruir el
país.
Referencia:
C-052/21
viernes, 13 de noviembre de 2020
CIDH advierte sobre obstáculos para la realización de elecciones parlamentarias competitivas en Venezuela, por @CIDH
OEA 12 de noviembre de 2020
@CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresa su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de
elecciones parlamentarias competitivas en Venezuela, convocadas por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para el 6 de diciembre de 2020. En este sentido, urge
al Estado a que observe el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y
los principios democráticos, y que realice, en un plazo razonable, elecciones
parlamentarias transparentes, imparciales, plurales, competitivas y con
observación internacional.
La CIDH toma nota de que la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos aprobó, el día 21 de octubre de 2020, una
resolución sobre la carencia de condiciones democráticas mínimas para
garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Igualmente,
toma nota de que la Unión Europea, refiriéndose a las elecciones parlamentarias
programadas por el CNE para el 6 de diciembre, declaró que "actualmente no
existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo
y democrático", por lo que recomendó su aplazamiento y denegó el envío de
una misión de observación electoral.
La Comisión reitera una vez más que Venezuela
atraviesa una profunda crisis de institucionalidad democrática y que su
superación debe hacerse de forma pacífica y dentro de los cauces del Estado de
Derecho y de la Constitución de Venezuela. La celebración de elecciones
periódicas es una condición imprescindible para la superación de esta crisis.
Sin embargo, la CIDH observa que persisten circunstancias que minan la
confianza en los eventos electorales del país y que deben ser corregidas.
Al respecto, la Comisión fue informada de actos de
hostigamiento contra las instalaciones de partidos políticos de oposición. Por
ejemplo, el día 9 de agosto de 2020 dos sedes del partido Acción Democrática
fueron atacadas por personas armadas que dispararon perdigones y explotaron
petardos. A la fecha, la CIDH no cuenta con información sobre el avance de las
investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos y la judicialización de
las personas responsables.
De otra parte, la CIDH ha tenido conocimiento de una
serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desconocen
mandatos constitucionales en cabeza de la Asamblea Nacional, desestiman los
procesos democráticos internos de los partidos políticos y siembran
desconfianza en las reglas del juego democrático. De acuerdo con la
Constitución de Venezuela, la designación de las y los rectores del CNE
corresponde a la Asamblea Nacional. No obstante, en el mes de julio de 2020, el
TSJ se atribuyó esta competencia y designó a quienes serían las personas
rectoras del CNE, entre las cuales se encuentran dos magistradas del propio
TSJ.
Asimismo, desde el mes de junio de 2020, el TSJ ha
emitido decisiones interviniendo partidos políticos y designando a quienes
ocuparían sus juntas directivas. La Comisión ha sido informada de que las
juntas directivas de los partidos políticos tienen un poder de decisión
importante con respecto al rumbo general de las asociaciones políticas,
incluyendo el sistema de postulaciones y las listas de candidatos que pueden
concurrir en la contienda electoral; de ahí que corresponda a los procesos
internos de cada partido la designación de su junta directiva. A la fecha, el
TSJ ha designado la junta directiva de los partidos políticos Acción
Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento República,
Tupamaro, Acción Ciudadana en Positivo y Nuvipa.
Por último, la CIDH recuerda que, en las últimas
elecciones parlamentarias, luego de que la oposición ganara la mayoría de los
escaños, el TSJ suspendió los poderes de la Asamblea Nacional, aduciendo que
ésta se encontraba en desacato. En su momento, la Comisión rechazó estas decisiones señalando que constituyen una
usurpación de las funciones del Poder Legislativo y una anulación de
facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos las y los
diputados de la Asamblea Nacional. A la fecha, no se conoce cuál es el sustento
normativo del desacato, cuál es su alcance o cómo salir del mismo. En aras de
la seguridad jurídica y la separación de poderes, la Comisión hace un llamado a
que no se vuelvan a aplicar este tipo de figuras que lesionan aún más la
institucionalidad democrática del país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la
materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos
por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus
países de origen o residencia.
No. 269/20
Tomado
de: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/269.asp
jueves, 17 de septiembre de 2020
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre el Informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por @OEA_oficial
OEA 16 de septiembre de 2020
@OEA_oficial
La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) expresa su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas por la publicación del informe de la Misión Internacional
Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de
Venezuela, cuya divulgación tuvo lugar el 16 de septiembre de 2020.
En dicho informe se insta al régimen de Venezuela a rendir cuentas por violaciones flagrantes y sistematicas de Derechos Humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Ello en base a la evidencia recopilada por la misión que verifica que las más altas autoridades del Estado ejercían control sobre los ejecutores de dichas violaciones, y que Nicolás Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, habiendo dado las órdenes, coordinado actividades y apoyado acciones por las cuales se cometieron dichos crímenes. Entre las violaciones constatadas se incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra manifestantes y la complicidad de un Poder Judicial renuente a investigar los hechos de manera sustantiva. Todo ello sugiere un patrón de acciones generalizadas y sistemáticas de represion y violacion de los derechos humanos como políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad. Concluye recomendando a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables.
La Secretaría General apoya y se hace eco de estas recomendaciones. Las mismas, así como los crímenes corroborados, son consistentes con lo contenido en el Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela del 30 de mayo de 2018. Al respecto, el informe de la OEA también identifica la cadena de mando de estos crímenes, 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. En una iniciativa sin precedente, y con base en el Informe de la OEA, 6 Estados Parte del Estatuto de Roma remitieron el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación el 26 de septiembre de 2018.
Las recomendaciones hoy formuladas por el Consejo de Derechos Humanos también son consistentes con el informe sobre Venezuela emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein. Este sostiene que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.
En tal sentido, al tiempo que la Secretaría General saluda la publicación del informe, no podemos dejar de señalar las demoras en exigir rendición de cuentas. En materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte.
La Secretaría General quiere agregar algunos datos que hacen a la comprensión cabal del origen, ejecución y consecuencias políticas de dichos crímenes. Venezuela es hoy un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa. La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia como ha sido señalado por víctimas del régimen.
Por estos motivos, tampoco podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por la presencia de representantes de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo. Urgimos a la comunidad internacional a actuar al respecto.
Asimismo, es necesario que la comunidad internacional cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas como han hecho determinados actores internacionales actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura. Es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas. Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada, el colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición.
Por todo ello, este informe debe llevar a la comunidad internacional a actuar de manera mancomunada y coordinada para ejercer la presión correspondiente, llevar a los criminales ante la justicia y liberar al pueblo venezolano de tanta opresión.
No es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia; no es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana, es tiempo de restablecer la democracia en el país.
En dicho informe se insta al régimen de Venezuela a rendir cuentas por violaciones flagrantes y sistematicas de Derechos Humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Ello en base a la evidencia recopilada por la misión que verifica que las más altas autoridades del Estado ejercían control sobre los ejecutores de dichas violaciones, y que Nicolás Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, habiendo dado las órdenes, coordinado actividades y apoyado acciones por las cuales se cometieron dichos crímenes. Entre las violaciones constatadas se incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra manifestantes y la complicidad de un Poder Judicial renuente a investigar los hechos de manera sustantiva. Todo ello sugiere un patrón de acciones generalizadas y sistemáticas de represion y violacion de los derechos humanos como políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad. Concluye recomendando a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables.
La Secretaría General apoya y se hace eco de estas recomendaciones. Las mismas, así como los crímenes corroborados, son consistentes con lo contenido en el Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela del 30 de mayo de 2018. Al respecto, el informe de la OEA también identifica la cadena de mando de estos crímenes, 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. En una iniciativa sin precedente, y con base en el Informe de la OEA, 6 Estados Parte del Estatuto de Roma remitieron el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación el 26 de septiembre de 2018.
Las recomendaciones hoy formuladas por el Consejo de Derechos Humanos también son consistentes con el informe sobre Venezuela emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein. Este sostiene que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.
En tal sentido, al tiempo que la Secretaría General saluda la publicación del informe, no podemos dejar de señalar las demoras en exigir rendición de cuentas. En materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte.
La Secretaría General quiere agregar algunos datos que hacen a la comprensión cabal del origen, ejecución y consecuencias políticas de dichos crímenes. Venezuela es hoy un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa. La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia como ha sido señalado por víctimas del régimen.
Por estos motivos, tampoco podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por la presencia de representantes de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo. Urgimos a la comunidad internacional a actuar al respecto.
Asimismo, es necesario que la comunidad internacional cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas como han hecho determinados actores internacionales actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura. Es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas. Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada, el colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición.
Por todo ello, este informe debe llevar a la comunidad internacional a actuar de manera mancomunada y coordinada para ejercer la presión correspondiente, llevar a los criminales ante la justicia y liberar al pueblo venezolano de tanta opresión.
No es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia; no es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana, es tiempo de restablecer la democracia en el país.
Referencia: C-096/20
miércoles, 19 de agosto de 2020
sábado, 11 de enero de 2020
RESOLUCIÓN | “Sobre eventos recientes en #Venezuela”. #OEAconVzla
Consejo Permanente CP
OEA/Ser.G
CP/RES.
1143 (2269/20)
10 enero 2020
Original: inglés
CP/RES. 1143 (2269/20)
SOBRE EVENTOS RECIENTES EN VENEZUELA[1]
(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria
celebrada
el 10 de enero de 2020)
EL CONSEJO PERMANENTE DE
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
CONSIDERANDO
que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la
democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el
desarrollo de la región;
REAFIRMANDO el derecho de los pueblos de las
Américas a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y
defenderla, de conformidad con el Artículo 1 de la Carta Democrática
Interamericana,
TOMANDO NOTA que la Resolución CP / RES. 1117
(2200/19), adoptada el 10 de enero de 2019, estableció: “no reconocer la
legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero
de 2019”, e hizo un llamado “para la realización de nuevas elecciones
presidenciales con todas las garantías necesarias, para un proceso libre,
justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con la presencia de
observadores internacionales”.
CONSIDERANDO
que la Asamblea Nacional es la única institución con legitimidad democrática
existente en Venezuela.
SUBRAYANDO
que la Resolución CP / RES. 1133 (2244/19), adoptada por el Consejo Permanente
el 28 de agosto de 2019, condenó firmemente las violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, incluido el uso de tortura,
detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y la negación de los derechos y necesidades más básicas, especialmente
las relacionadas con la salud, la alimentación y la educación.
RESUELVE:
1. Condenar
el uso de la fuerza y tácticas intimidantes por parte del régimen de Nicolás
Maduro para obstruir el libre acceso de los diputados de la Asamblea Nacional a
la sesión, convocada para el 5 de enero de 2020, para elegir democráticamente
su Junta Directiva.
2. Saludar
la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela.
3. Renovar
el llamado al pronto retorno de la democracia en Venezuela y, en ese sentido,
reafirmar la necesidad de celebrar elecciones presidenciales incluyentes,
libres, justas y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal
Supremo de Justicia renovados, que gocen de autonomía e independencia y que se
cuente con la presencia de observadores internacionales independientes.la
investigación independiente.
NOTA DE PIE DE PÁGINA
1.
… Antigua y Barbuda considera que la
República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado Miembro de la
Organización de los Estados Americanos desde el 27 de abril de 2017, fecha en
la que el Gobierno de dicho país notificó debidamente al Secretario General de
su denuncia de la Carta de esta Organización de conformidad con su artículo 143
y que esta Carta dejó de tener vigencia con respecto a la República Bolivariana
de Venezuela cuando ésta dejó de pertenecer a la Organización el 27 de abril de
2019.
Antigua y Barbuda no apoyó la
resolución CP/RES. 1124 (2217/19), de fecha 9 de abril de 2019, con la cual se
pretendía nombrar al señor Gustavo Tarre como representante de la Asamblea
Nacional ante la OEA, y tampoco aceptó las credenciales de los funcionarios que
pretendían representar a la República Bolivariana de Venezuela en el
cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
|
En
el mencionado cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea
General, Antigua y Barbuda notificó a todos los Estados Miembros y a la
Secretaría General de la OEA que, hasta nuevo aviso, no se consideraría
obligada por cualquier declaración o resolución futura del Consejo ni de ningún
otro órgano de la Organización que incluyera la participación de cualquier
persona o entidad que pretendiese hablar o actuar en nombre de la República
Bolivariana de Venezuela y para la que se consiguieran 18 votos con la
participación de un supuesto representante de la República Bolivariana de
Venezuela.
miércoles, 10 de abril de 2019
Consejo Permanente acepta nombramiento de Representante Permanente Designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA, por @OEA_oficial
OEA 09 de abril de 2019
El
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó
hoy la resolución sobre
la situación en Venezuela en la cual resuelve “aceptar el nombramiento del
señor Gustavo Tarre como Representante Permanente, designado de la
Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el
nombramiento de un gobierno democráticamente electo”, y encomienda al Secretario
General “que transmita el texto de esta resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas”.
La resolución fue aprobada con 18 votos a favor (Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucia), 9 votos en contra (Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Grenada, México, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Uruguay y Venezuela), 6 abstenciones (Barbados, El Salvador, Guyana, Nicaragua, San Kitts y Nevis, y Trinidad y Tobago) y un país ausente (Belize).
La resolución fue aprobada con 18 votos a favor (Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucia), 9 votos en contra (Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Grenada, México, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Uruguay y Venezuela), 6 abstenciones (Barbados, El Salvador, Guyana, Nicaragua, San Kitts y Nevis, y Trinidad y Tobago) y un país ausente (Belize).
Referencia:
C-019/19
Gustavo Tarre: “Venezuela no votará nunca
más en la OEA a favor de una dictadura”
martes, 13 de junio de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
Mensaje del Secretario General de la OEA sobre Venezuela
Prensa OEA 16 de mayo de 2017
Los
instrumentos del Sistema Interamericano nos obligan a cooperar, pero jamás a
negociar la democracia, especialmente cuando cada día que pasa arriesgamos
nuevas tragedias humanas, una familia más desintegrada y una violación cada vez
mayor a las garantías de las personas. Venezuela atraviesa una grave crisis
social y política que es producto de la desinstitucionalización del país.
Hemos
exigido a la comunidad internacional, a la comunidad hemisférica y al gobierno
venezolano para el cese de la violencia y la represión, la liberación de presos
políticos, la apertura de un canal humanitario que permita atender las
necesidades básicas insatisfechas de su gente y para la redemocratización por
la única vía posible y soberana: el llamado a elecciones generales anticipadas.
La
crisis institucional se resuelve con respuestas institucionales que
redemocraticen al país y restituyan los derechos políticos del pueblo.
Las
respuestas de las instituciones de Venezuela a la crisis que enfrenta el país
han sido en general siguiendo el camino trazado por el régimen, de violación
grave del orden constitucional.
El
Poder Judicial venezolano ha roto el principio fundamental por el cual se
asegura justicia al pueblo: su independencia. Se ha transformado en un elemento
esencial del organigrama de corrupción institucional instalado. Si la justicia
no responde a los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho,
ello precipita completamente el funcionamiento ilegitimo del Estado.
La
Guardia Nacional Bolivariana y su jefe, Mayor General Benavides Torres, son
directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la
libertad y torturado.
La
represión brutal muestra a la Guardia Nacional como autor material de la
violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso.
Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada torturado y de
cada muerto, hay un responsable institucional.
El
Ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, y el Mayor General Benavides
Torres tienen el mandato de dos de las instituciones encargadas de ejecutar la
fuerza en Venezuela. En ese sentido, ambos son responsables de cada agresión,
de cada tiro y de cada muerte.
Los Comandantes
de Zona para el Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana son quienes
tienen la responsabilidad directa de la represión. Ellos tienen a su cargo las
unidades operativas en todos los Estados. Son ellos los responsables de la
actuación de la Guardia Nacional en cada estado y quienes imparten las órdenes,
e incluso los que apoyan y cubren a los grupos irregulares o paramilitares que
actúan contra manifestantes.
Redemocratizar
a Venezuela y restaurar el Estado de Derecho es urgente. Sólo se logrará
devolver la legitimidad a sus instituciones cuando quienes estén al mando
asuman sus funciones de acuerdo a la Constitución y al mandato popular. Es
cuestión de que cada quien asuma las responsabilidades legítimas que le
corresponden y actúe en consecuencia.
El
Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, ha apartado a las fuerzas
armadas de sus compromisos fundamentales: respetar la Constitución, las leyes y
la propia institución, a la que ha transformado en un elemento fundamental de
la ruptura del orden institucional del país. Es plenamente responsable de
adherir a la conducta criminal de asesinar a decenas de manifestantes
pacíficos. Es plenamente responsable de aplicar la justicia militar a civiles
que se manifiestan pacíficamente, todo ello bajo la falaz lealtad al régimen
que quebrantó las instituciones.
El
Ministro Vladimir Padrino señaló en una entrevista que los militares rechazan
los golpes de Estado. Él dio un golpe de Estado, y él es la piedra angular del
uso de la fuerza para sostener un golpe de Estado.
Las
Fuerzas Armadas no pueden seguir matando y torturando gente impunemente. El
asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen
de Lesa Humanidad, delito internacional.
En
este marco se produce la inconstitucional e ilegítima destitución del Alcalde
de Barquisimeto, como un ejemplo más del ejercicio del poder autoritario por
sobre el poder más fuerte en la democracia: la elección del pueblo.
Ha
sido la Fiscal General, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien ha mostrado el camino
para la reinstitucionalización, el cumplimiento de la ley y el regreso del país
al Estado de Derecho. La Fiscal ha reconocido la violación del orden
constitucional por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, ha condenado las
detenciones arbitrarias de manifestantes y ha comenzado las investigaciones de
los asesinatos de la represión.
Su
trabajo se identifica con los principios fundamentales de apego a la
Constitución. Reconocemos los esfuerzos que ha realizado por lograr la
reinstitucionalización democrática del país asumiendo el papel que le corresponde
y, sin perjuicio de ello, ha insistido en demostrar que es vital el
funcionamiento institucional legítimo y la democracia para la soberanía de un
país, no los intereses políticos, no la comodidad, los privilegios y el
oportunismo.
Estoy
seguro que su acción puede ser decisiva para que se den los pasos necesarios
para la pacificación del país, para que las instituciones sean nuevamente
funcionales a la democracia, para desarmar a los colectivos civiles, para
realizar elecciones sin presos políticos ni proscriptos, con los poderes del
Estado funcionando con independencia conforme lo establece la Constitución.
La solución es venezolana.
El
esfuerzo de todos en la comunidad hemisférica es no ser cómplices con un
silencio irresponsable de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos
por parte del régimen, no permanecer ajenos e indiferentes a la muerte de
civiles en manos de la represión, sino exigir el cumplimiento de la
Constitución, de alcanzar una salida democrática para la crisis del país y que
los venezolanos decidan su destino en elecciones generales anticipadas.
El
tiempo se nos va de las manos y ya hay decenas de muertos y cientos de heridos
y detenidos políticos.
Referencia:
C-042/17
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