La criminalización de la protesta social se agrava cada vez más. Con la complicidad de instituciones estatales, -cuerpos de seguridad del Estado, fiscalía y tribunales- terratenientes, sectores patronales, sicarios y organismos parapoliciales de los gobiernos, nacional, regional y local, independientemente de su tendencia política para criminalizar y estigmatizar a todas las y los que luchan y protestan por sus derechos, sean estos laborales, sociales, de servicios públicos, vivienda y demandas políticas.
Cuando en el mes de julio del año pasado un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos nos unimos para enfrentar este terrible flagelo que se cierne sobre dirigentes sindicales, populares, indígenas y estudiantiles, advertíamos sobre la gravedad de esta situación y la peligrosa escalada que se venía desarrollando contra el derecho a la protesta social. Hoy vemos como ya hay más de 2.400 personas sometidas a regímenes de presentación ante los tribunales por haber participado en alguna manifestación por sus derechos, entre ellos: 200 trabajadores y dirigentes sindicales del sector petrolero tienen medidas cautelares; 1.500 campesinos sometidos a regímenes de presentación; y más de 30 trabajadores y dirigentes sindicales de Guayana tienen calificación de despidos por haber participado y/o haber llevado alguna acción en defensa de sus derechos laborales.
Entre los casos más emblemáticos en este proceso de criminalización se encuentran los del cacique Yukpa Sabino Romero, quien permanece detenido en una instalación militar por defender consecuentemente el derecho de su comunidad al disfrute de sus tierras ancestrales, y el de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, detenido por ejercer el derecho a huelga, en defensa de su contratación colectiva.
Son dos de los miles de trabajadores, campesinos, dirigentes populares y estudiantiles que han sido detenidos, sometidos a juicio y a medidas cautelares por protestar por sus derechos, lo cual se ha convertido en un delito por obra y gracia de los cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía, y los tribunales, los cuales al final favorecen con sus acciones los privilegios e intereses de los patronos públicos y privados. Estos últimos, ante la criminalización de la protesta impuesta por los entes estatales, tienen una patente de corso para violar las leyes y pisotear los derechos de los trabajadores y campesinos.
El año pasado, las protestas de todo tipo aumentaron de forma sensible. Según informe de Espacio Público y Provea de 1.600 manifestaciones contabilizadas en el año 2008, en el 2009 las protestas se duplicaron, registrándose más de 3.200. Los primeros sectores movilizados fueron los trabajadores y vecinos; los estudiantes registraron 370 protestas -el tercer actor más movilizado- siendo el más reprimido con 60 veces, 32% del total de manifestaciones reprimidas.
Con las medidas económicas antipopulares adoptadas desde enero por el gobierno es muy posible que las protestas se incrementen nuevamente, y con ello, probablemente aumentara la criminalización de las mismas. Ante esta situación es urgente que todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarios, estudiantiles e indígenas, progresistas y democráticos, nos organicemos y movilicemos contra la criminalización de la protesta.
En tal sentido, exigimos:
1) Libertad inmediata para Sabino Romero y Rubén González.
2) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación ; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.
3) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.
4) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.
5) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.
Este comunicado lo respaldan:
Provea, Espacio Público, Periódico El Libertario, Colectivo Socialismo Revolucionario, Liga de los Trabajadores por el Socialismo, Paso a la Nueva Democracia, CCURA, Unidad Socialista de Izquierda, Insurgente, Grupo de Estudio y Trabajo Pueblo y Conciencia, La Vuelta al Conuco, Comité de Víctimas contra la Impunidad-Lara, Escuela de Formación Obrera Priscila López, Justicia y Paz-Aragua, Tercer Camino, Organización Nelson Garrido, Radio Ecos-Mérida, Colectivo Libre Aquiles Nazoa
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