Nuestra deuda con el país

Por Carlos Romero

En una publicación fechada en 1993 bajo el título: REFORMAS PARA EL CAMBIO POLITICO: Las transformaciones que la democracia reclama; publicado por la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) se puede leer que los distintos estudios realizados entonces alertaban sobre los factores más críticos que atentaban contra la estabilidad de nuestra democracia, los cuales eran enlistados de la siguiente manera (Pág. 17):

1.- La corrupción: entendida como una práctica social; cambio y desarrollo de la corrupción: escala y moda; internacionalización social de la corrupción; formas toleradas y hasta institucionalizadas.

2.- La desorganización social: La criminalidad; las conductas delictivas; urbanismo anárquico, etc…; el deterioro de los servicios públicos, educación, sanidad, transporte, comunicaciones, entre otros, y el aprovechamiento libre de los servicios básicos, tales como el agua y la luz.

3.- La pérdida de confianza en la funcionalidad del sistema democrático, expresada como: incredulidad generada por la falta de reciprocidad de veracidad; suspicacia y descalificación respecto de la vida política, sindical y gremial; abstención electoral.

4.- El desaliento y apatía social y política, con alto poder corrosivo que es función del deterioro de la clase media, y se convierte en caldo de cultivo del terrorismo y antesala probable del golpe de Estado.

Ese documento de 1993, sostenía que el esquema centralista y clientelar nada más podía ofrecer, estaba agotado; varias propuestas de reforma se hicieron, incluso se planteó una reforma Constitucional en el año 1992, que incorporaba muchas de las cosas que luego fueron asumidas en la Constitución vigente, pero todo ese esfuerzo quedó registrado en la historia como un intento que no prosperó por no existir el compromiso al cambio por parte de los actores políticos de aquella época, lo que no sólo deterioró aún más la credibilidad en los partidos y sus dirigentes, sino que además nos puso en la ruta de una Constituyente.

Pensando que con una nueva Constitución el país avanzaría en la tarea de profundizar la democracia como sistema garante de libertad, igualdad, justicia y pluralidad; por el contrario, hoy tenemos algo que es peor, por un lado, un estado que en lo institucional –lo que queda- es mucho más débil, y por el otro lado, en la acera de enfrente, tenemos un estado socialista que está en construcción y por lo tanto, al final no tenemos “ni chicha ni limonada”, siendo los principales afectados nosotros los ciudadanos que queremos un país que simplemente funcione y responda a los retos que deben abordarse para conducirnos al desarrollo, lejos de ese fin, hemos revivido el clientelismo y el centralismo de la IV república.

Los factores que se señalaban en el 93 como amenazas a la estabilidad del sistema democrático se mantienen, e incluso la apatía y el desaliento que se debe reconocer han sido superados en algunos niveles importantes, pero aún así, ahora se le debe agregar que en este aspecto de participación el preocupante tema de la exclusión de un sector de la vida del país que no puede, no lo dejan y no le permiten ser parte de la “sociedad legalmente organizada del estado socialista”, por pensar diferente.

Nadie puede tener duda, en la Venezuela presente, que la crisis profunda y “existencial” –por así decirlo- del Estado Venezolano que afloró desde los años 80 y que pretendió resolverse con la Constituyente, sigue latente y se ha profundizado creando heridas que hay que sanar en el alma de nuestro espíritu ciudadano. Aún tenemos la tarea pendiente de romper con los paradigmas de nuestro ADN como República, que siempre nos ha llevado a romper con el pasado para inventar lo nuevo, sin resolver los problemas de fondo que hemos venido acumulando por años.

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Estado-Ley-Democracia