Alfonso
Molina domingo 28 de abril de 2013
No se trata solo
de impugnar una elecciones que cada día se revelan aún más fraudulentas ni de
desconocer a un presidente ilegítimo por esta razón y otras más. Se
trata de entender que todo el Estado se encuentra en el terreno de la
anormalidad. En Venezuela los Poderes Públicos conforman un aparato de
dominación autoritaria que pretende mantener un status quo doloso, influido de
manera determinante por el gobierno cubano. Ese Ejecutivo falaz surgido tras
las manipulaciones de los comicios del 14 de abril actúa de manera arbitraria,
sin fundamento jurídico y se encuentra en entredicho tanto en el plano
venezolano como en el internacional. El Poder Electoral ha ratificado, una vez
más, su condición de gestor comicial del Ejecutivo y a la presidente del
Consejo Nacional Electoral —se le vence ya su periodo— desestima públicamente
las argumentaciones presentadas por el líder de la oposición. El
Poder Judicial ha desarrollado una conducta perversa y desvergonzada al
servicio también del Ejecutivo y la Presidenta del Tribunal Supremo
de Justicia —cuyo período ya está vencido— emite opinión a destiempo al
decir que la solicitud de recuento de votos que exigió Henrique Capriles
Radonski no tenía base legal. El Poder Legislativo está en manos del “hombre
duro” del régimen y se comporta como un comisario político del parlamento que
impide ejercer el derecho a la palabra a los diputados democráticos. La
Defensora del Pueblo opta por ignorar las denuncias con su cara de “yo no
fui”. Desde la muerte de Clodosvaldo Rusián, en junio de 2011, no hay
titular de la Contraloría General de la República. Tenemos una Procuradora
encargada. La cúpula de la FANB es groseramente parcial. No hay instancia
del Estado en Venezuela que se atenga a la Constitución Nacional. No sólo
hay que impugnar una elecciones fraudulentas y exigir nuevos comicios. Llegado
su momento habrá que desconocer un Estado ilegítimo.
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